Defensor del Pueblo: Entre el hermetismo político y la pantomima institucional

El proceso para designar al próximo defensor del Pueblo de la Nación —un cargo vacante desde 2009— volvió a exhibir las miserias de la política argentina: hermetismo, operaciones cruzadas y un clima de incertidumbre que se agudizó tras las recientes elecciones legislativas. La derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y el sorpresivo avance libertario reconfiguraron el tablero parlamentario, sumando un nuevo elemento de tensión a una definición institucional que ya era, de por sí, compleja.

Aunque la convocatoria se presentó como un procedimiento “abierto y transparente”, puertas adentro del Congreso de la Nación Argentina nadie desconoce que el reparto político lleva meses cocinándose en silencio. La comisión bicameral permanente de la defensoría del Pueblo, presidida por el radical Daniel Kroneberger y con Margarita Stolbizer como secretaria, fijó el cronograma: el 5 de noviembre deberá elevar una terna de postulantes al pleno del cuerpo, que requerirá dos tercios de los votos en ambas cámaras para designar al nuevo titular.

Sin embargo, distintos bloques opositores reconocen que el mecanismo fue una formalidad. “El proceso se publicó en el Boletín Oficial, pero nadie se enteró. Es un concurso hecho a medida”, denunció el ciudadano Jorge Zatloukal en una impugnación presentada ante la bicameral, cuestionando la falta de difusión y transparencia del procedimiento.

Un vacío institucional de dieciséis años

La defensoría del Pueblo fue creada por la reforma constitucional de 1994, concebida como un organismo autónomo e independiente para proteger los derechos de los ciudadanos frente a los abusos del estado. Sin embargo, la institución lleva dieciséis años acéfala, desde la salida del cordobés Eduardo Mondino en 2009.

Margarita Stolbizer y Daniel Kroneberger.

Desde entonces, el cargo fue utilizado como ficha de negociación entre los bloques mayoritarios. En 2017, el entonces senador Miguel Pichetto intentó destrabar la designación proponiendo una terna integrada por Alejandro Amor, Jorge Sarghini y Humberto Roggero, pero la rosca quedó trunca en medio de la crisis política del gobierno de Mauricio Macri. Desde entonces, la defensoría permanece en manos de un subsecretario, Juan José Bökel, que cumple funciones administrativas sin legitimidad institucional ni capacidad real de acción.

Panperonismo fragmentado y disputas internas

Dentro del panperonismo, las tensiones son evidentes. Los nombres de Alejandro Amor, Luis Arias y Remo Carlotto circulan con fuerza, cada uno respaldado por diferentes padrinos políticos. Amor cuenta con el apoyo de sectores sindicales y del peronismo porteño; Arias, con el aval de intendentes bonaerenses y referentes judiciales; y Carlotto, con el respaldo del kirchnerismo tradicional.

La falta de consenso amenaza con diluir las chances del espacio. “Todos quieren colocar su nombre y nadie quiere ceder”, resumió un legislador peronista que sigue de cerca las conversaciones. En el escenario actual, incluso una abstención mínima podría trabar la mayoría especial que exige la ley.

La estrategia libertaria: frenar hasta diciembre

Del otro lado, La Libertad Avanza (LLA) intenta ganar tiempo. Los libertarios, que verán ampliada su bancada en el nuevo Congreso, buscan evitar cualquier designación antes del recambio del 10 de diciembre. “No tiene sentido votar un defensor con la vieja composición”, repiten en el entorno de Javier Milei, convencidos de que el nuevo equilibrio legislativo les otorgará mayor capacidad de negociación.

La diputada Lilia Lemoine fue una de las voces más críticas dentro de la comisión: “¿Por qué no se hizo esto el año pasado? Coincidir con las elecciones entorpece el proceso. Si lo postergamos a marzo, nadie pierde poder”, argumentó. Pero sus reclamos no alcanzaron para frenar el avance opositor, que ya logró imponer el calendario con apoyo de la Unión Cívica Radical (UCR), Unión por la Patria y fuerzas provinciales.

Kirchnerismo, control y supervivencia

El kirchnerismo, por su parte, mantiene su estrategia de conservar posiciones dentro de organismos de control y entes autárquicos. Para Cristina Fernández de Kirchner, la defensoría representa un espacio de poder clave: maneja presupuesto, personal y exposición pública, y puede convertirse en refugio para cuadros desplazados tras el cambio de gobierno.

Defensoría del Pueblo de la Nación.

“La idea es que el cargo quede en manos de alguien orgánico, que garantice continuidad y presencia territorial”, reconocen en el entorno de la expresidenta. No se trata solo de un puesto simbólico: la defensoría del Pueblo interviene en causas de impacto social, gestiona reclamos ante servicios públicos y, en la práctica, actúa como una bisagra entre la política y la ciudadanía.

Audiencias vacías y puesta en escena

Las audiencias públicas realizadas esta semana —donde expusieron 39 postulantes— pasaron casi inadvertidas para los legisladores. Sin cobertura mediática ni participación ciudadana, las presentaciones se limitaron a lecturas de planes de trabajo ante una sala semivacía. “Fue más un trámite administrativo que un debate institucional”, coincidieron varios asistentes.

El contraste con la importancia del cargo es notorio. Mientras la Corte Suprema le recordó al Congreso su obligación de cubrir la vacante —a raíz de un amparo colectivo por jubilaciones—, la clase política parece más concentrada en el reparto interno que en restaurar el funcionamiento de un organismo esencial. En este contexto, de prosperar las candidaturas realmente independientes, que parecieran básicamente un relleno en el juego de repartija de la caja estatal, mostrarían algo de salubridad a la sociedad de cara a las decisiones de la política. Caso contrario, habrá que ver cómo recibirá la ciudadanía el mensaje del parlamento eligiendo a alguien claramente identificado con un partido.

Una elección en la cuerda floja

El 5 de noviembre, la bicameral deberá definir la terna y elevarla al Congreso. Pero con un escenario político polarizado, el resultado electoral aún fresco y las tensiones entre bloques en su punto más alto, son pocos los que se animan a apostar que la designación se concrete antes del recambio legislativo.

Tras dieciséis años de vacío, el cargo del defensor del Pueblo de la Nación no solo representa una deuda institucional: también es una muestra de la degradación de la clase dirigente, que prefiere administrar el silencio antes que asumir la responsabilidad de garantizar los mecanismos de control democrático.

En definitiva, la designación del defensor del Pueblo se ha transformado en lo que muchos ya definen como una pantomima institucional, donde la transparencia es apenas una formalidad y la representación ciudadana, una excusa. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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