La justicia urguaya ya tiene bajo lupa a Emiliano Aloi y su entorno

En los pasillos del Poder Judicial de Uruguay ya no hay dudas: Emiliano Ángel Aloi y su familia están identificados, registrados y bajo seguimiento dentro de los circuitos institucionales. Lo que comenzó como un goteo de consultas desde la Argentina —llamados, correos y pedidos de verificación sobre actuaciones y expedientes— se convirtió en un caudal tan inusual que obligó a las autoridades a ordenar protocolos, estandarizar respuestas y blindar el manejo de la información.

La directiva interna ahora es simple y tajante: todo por canales oficiales, sin interpretaciones libres ni atajos. Cualquier requerimiento fundado se analiza mediante mecanismos formales que incluyen pedidos de información ampliada, cooperación entre jurisdicciones y derivaciones según la materia. El sistema abandonó definitivamente la lógica de la “ventanita informal”.

El nuevo esquema concentra todas las consultas en la División de Comunicación Institucional y el Servicio de Información al Público. Cada pedido queda asentado con medio, fecha, tema y funcionario interviniente, lo que garantiza trazabilidad y reduce a cero el margen para presiones o maniobras cruzadas. Las respuestas se ajustan estrictamente a lo que la norma permite publicar: competencias, actos oficiales y estadísticas. Información nominada, datos de expedientes reservados o valoraciones sobre actuaciones de otros organismos quedan fuera de discusión.
Si un planteo roza materia administrativa, se deriva al Tribunal de lo Contencioso Administrativo; si implica hipótesis penales, la vocería pasa directamente a Fiscalía.

Este rediseño no es un gesto burocrático: eleva los estándares probatorios, desalienta operaciones y deja al sistema listo para actuar si el caso escala. La consigna interna se repite como un mantra: transparencia sí; vulneración de garantías, no.

En el trasfondo aparece el ya conocido “efecto Aloi”. Todo se remonta al accidente vial de 2014 en el que resultó gravemente herido Mariano “Tutu” Álvarez, hecho que detonó la campaña #FuerzaTutu. Crónicas de la época describieron maniobras posteriores controvertidas y un derrotero judicial errático. Una década más tarde, la figura de Aloi volvió a escena por el largo listado de infracciones de tránsito que le atribuyen registros públicos y diversas publicaciones: excesos de velocidad, uso del celular al volante, cruces en rojo… un inventario que, para sus críticos, dibuja un patrón de conducta más que episodios aislados.

A ello se suma su presencia en el negocio del cannabis medicinal, con vínculos societarios en Ceed2Med LLC, Exactus Inc. y operadores estadounidenses como Jamie Goldstein y Scott Levin. En ámbitos empresariales y jurídicos circula la lectura de que esta arquitectura transnacional —con operaciones entre Estados Unidos, Uruguay y la región— le permitió moverse con soltura entre jurisdicciones, incluso mientras enfrentaba litigios comerciales y reclamos de acreedores. Este es el punto que mantiene en alerta a las autoridades uruguayas: separar lo que constituye actividad privada legítima de aquello que podría requerir cooperación o control institucional.

Cartas documento e intento de silenciamiento

Mientras Uruguay ordena su sistema, la familia Aloi —pese a dedicarse al cine y la comunicación— inició en la Argentina una ofensiva de cartas documento contra periodistas y medios. Reclaman bajas de contenidos, rectificaciones en 48 horas, desindexaciones y la prohibición de futuras menciones, bajo amenaza de acciones por calumnias, injurias y daños.

En redacciones y medios, el patrón es leído como un intento de censura previa. La respuesta profesional se sostiene en el interés público del caso, el derecho constitucional a la información y los estándares de verificación periodística. Para muchos, el nuevo ecosistema uruguayo —con registros obligatorios y denegatorias fundadas— reduce el margen para la intimidación: cada solicitud deja rastro y toda negativa queda documentada.

En síntesis, la Justicia uruguaya ya sabe exactamente quién es Emiliano Aloi y cuál es su entramado familiar y empresarial, y si los pedidos formales continúan, se evalúa avanzar con herramientas de cooperación, trazabilidad y control institucional. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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