Natalia Salvo: “No hay ninguna norma laboral del gobierno de Javier Milei que sea constitucional”

"Lo primero que se avizora es la destrucción de derechos que ya existen. No es una mejora de calidad, ni una transformación legal para obtener más empleo de mayor calidad o para cobrar más", inició la excandidata a diputada nacional por Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, Natalia Salvo, asegurando que las modificaciones en discusión "son reformas muy viejas", ya aplicadas en distintas etapas del país, desde los gobiernos de Carlos Menem hasta la última dictadura cívico-militar, y que históricamente demostraron resultados contrarios a los prometidos.

En este sentido, señaló que lejos de reducir el desempleo y la informalidad, esas políticas "volvieron las relaciones laborales más autoritarias, otorgándole mayor poder al empleador para disponer del trabajador como si fuera una cosa". Entre los puntos más preocupantes que analiza el borrador de reforma, mencionó el aumento de la jornada laboral a doce horas, el banco de horas y el salario por productividad. “Todas van en la misma sintonía: más poder para el capital, especialmente el internacional y financiero”, sostuvo.

Respecto de los argumentos oficiales que justifican la reforma como condición para atraer inversiones, la abogada recordó que “es lo mismo que escuchamos en los años 90”. Ejemplificó: “En 1989, Argentina tenía un 6 por ciento de desempleo; en 1995, después de reformas similares, pasó al 12 por ciento, y para 2001 terminamos con un 22 por ciento. No es por los derechos laborales: es por la economía que se genera bienestar”.

Salvo también cuestionó la narrativa en torno a la supuesta “industria del juicio”: “Es una agenda impuesta por el poder. No hay industria del juicio porque no hay un acto ilícito; el trabajador, como cualquier persona, puede entablar un reclamo judicial”. Y agregó: “La indemnización por despido sin causa tiene que ser cara. Es lo que ordena proteger la Constitución Nacional en el artículo 14 bis”.

Por otro lado, advirtió sobre la gravedad institucional que implica avanzar mediante decretos: “No hay ninguna norma del gobierno de Javier Milei en materia laboral que sea constitucional”. Recordó que varias medidas ya fueron frenadas por la Justicia y remarcó la responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el control de constitucionalidad. “El problema es que esta misma Corte es la que acepta y motoriza persecuciones políticas y sociales, y aún tiene pendiente pronunciarse de manera definitiva sobre el DNU 70/23”, señaló.

Al ser consultada sobre el rol de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina y otros sectores sindicales, Salvo reconoció avances pero también limitaciones: “Fue la CGT la que frenó con una cautelar el DNU 70/23, pero la tibieza frente a una reforma tan peyorativa es evidente”. Aun así, destacó que dentro de la central “hay sectores que plantean una oposición clara y enfática”, mencionando a dirigentes como Sergio Palazzo y Mario "Paco" Manrique.

Finalmente, llamó a comprender el trasfondo filosófico de los cambios propuestos: “La Constitución es un programa político donde se consagran derechos y límites al poder. Lo que plantean estas reformas es lo contrario: trabajadores tratados como en el siglo XIX”. Y concluyó: “Hay que advertirle a la sociedad que ninguna de las normas laborales de este gobierno es constitucional. No son debates académicos: son discusiones que hacen a los derechos de todos”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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