Causa D’Onofrio: Axel Kicillof ascendió a un funcionario que recibió dinero de Solutec SA

Mientras la causa judicial por corrupción que compromete al exministro Jorge D'Onofrio avanza y revela transferencias millonarias desde la empresa Solutec SA hacia funcionarios bonaerenses, el gobernador Axel Kicillof tomó una decisión que descolocó incluso a sectores del propio oficialismo: lejos de separarlo preventivamente o ponerlo a disposición de la Justicia, el gobernador ascendió a Manuel Serantes, uno de los colaboradores mencionados en el expediente, otorgándole el área de mayor peso operativo y presupuestario de la secretaría General.

Un funcionario polémico en el corazón logístico de la provincia

De acuerdo a los registros revelados en el marco de la causa, Manuel Serantes, jefe del Departamento de Administración de Proyectos en ARBA y hombre cercano a Cristian Girard, figura entre los beneficiarios de las transferencias de Solutec SA: cobró 6.500.000 provenientes de la empresa presidida por Sebastián Desio, operador clave de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y militante del Frente Renovador.

Manuel Serantes, entre los beneficiados por la empresa vinculada a Jorge D'Onofrio.

Pese a que su nombre quedó instalado entre los protagonistas de un entramado que involucra a funcionarios de Transporte, Seguridad, ARBA, Infraestructura y hasta asesores directos del gobernador, Kicillof no solo evitó desplazarlo: lo ascendió.

El 1 de junio de 2025, a través de una resolución oficial, Serantes fue designado Director Provincial de Centros Gubernamentales, dependiente de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría General. Un área estratégica que concentra un volumen enorme de recursos.

El nombramiento de Manuel Serantes.

La dirección que maneja el 80 por ciento del gasto de la secretaría General

La estructura que ahora conducirá Serantes maneja aproximadamente el 80 por ciento del gasto total de la secretaría General. No se trata de un área menor: opera la mayoría de los edificios neurálgicos del estado bonaerense.

Entre las dependencias bajo su órbita se encuentran: la Casa de Gobierno (6 y 53), la Torre Gubernamental I y II (calle 12), el edificio donde funciona la dirección de Personal y la Junta de Disciplina (6 y 55), el ex Instituto de Menores “Cervantes” (Camino Centenario), la imprenta del estado (3 y 523), la dirección de Automotores y Embarcaciones Oficiales - DAEO (3 y 523), Reconocimientos Médicos (14 entre 56 y 57), el ex Banco Crédito Provincial (7 y 50). Es decir, la columna vertebral del funcionamiento físico del estado provincial.

Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, uno de los edificios controlados por Manuel Serantes.

El sillón de Signorini y un historial de escándalos

El área donde ahora aterriza Serantes es la misma donde hasta hace poco gravitaba Federico Signorini, uno de los nombres más polémicos de la gestión de Agustina Vila. Signorini fue protagonista —directa o indirectamente— de una seguidilla de situaciones que generaron alarma dentro de la estructura estatal:

- Robo de ruedas de autos oficiales, protagonizado por su mano derecha, Alejandro Salgueiro.

- Vehículos estatales con decenas de infracciones sin pagar, usados de forma personal.

- Cámaras de seguridad “casualmente” apagadas durante el robo de computadoras con información sensible.

- Denuncias por discriminación contra un chofer por su acento paraguayo, firmadas junto a Paula Ferraris.

Pese a la acumulación de hechos escandalosos, los responsables no fueron desplazados del gobierno: fueron movidos, protegidos o reubicados en otras áreas. Ese mismo patrón se repite tanto con Signorini -hoy en el Tribunal de Cuentas- como con Serantes.

Una señal política inquietante

En lugar de tomar distancia frente al avance judicial, Kicillof decidió trasladar a un funcionario salpicado por una causa de corrupción hacia un área aún más poderosa, bajo la órbita de la secretaria General, Agustina Vila, una de sus figuras de confianza.

Manuel Serantes.

El mensaje interno es nítido: la prioridad no parece ser la transparencia ni la prevención de conflictos de interés, sino preservar las lealtades políticas aún cuando queden involucradas en investigaciones judiciales de alto impacto.

Mientras la causa D’Onofrio sigue revelando cómo Solutec SA distribuyó millones entre funcionarios, policías, técnicos del Estado, asesores políticos y empleados legislativos, la decisión del gobernador expone una contradicción difícil de defender: un gobierno que intenta pavonearse como abanderado de la ética pública, pero premia a quienes deberían estar dando explicaciones ante la Justicia. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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