Nueva Política de Inteligencia Nacional: "El gobierno quiere que le den vía libre para no cumplir la ley"

“Es un tema que no ha despertado mayor preocupación y que debería hacerlo”, inició José Mangiocalda, remarcando que la norma permite que la inteligencia del estado siga de cerca a ciudadanos y ONG que recurren a la Justicia para defender derechos. “Judicialización es una palabra despectiva; lo que se está apuntando es al litigio estratégico, que es la forma legítima y transparente que tenemos los ciudadanos de ajustar las políticas públicas a derecho”, explicó.

El abogado ejemplificó la situación con las organizaciones que representan a personas con discapacidad y que acudieron a la Justicia para frenar la suspensión de una ley por parte del Ejecutivo. “Eso es litigio estratégico. Y según el decreto, ahora es motivo de control por parte de los organismos de inteligencia. Es gravísimo”, aseguró.

Mangiocalda señaló que el texto incluye junto al litigio estratégico figuras como la “captura normativa”, vinculadas a grupos de interés que obtienen beneficios indebidos. Pero consideró inadmisible equiparar esa práctica con la acción judicial ciudadana: “No se puede comparar ir a un juez para que se respeten las normas con actividades de lobby o corrupción. Sin embargo, el decreto coloca todo en el mismo plano, como si fuera una actividad delictiva o conspirativa”.

El referente de Ciudadanos Libres criticó duramente el enfoque gubernamental: “Lo que está proponiendo el gobierno es que le den vía libre para no cumplir la ley. Y como siempre hubo resistencia en los tribunales, ahora levantan sospechas sobre quienes ejercen ese derecho”. En la misma línea, sostuvo que el decreto implica que quienes presenten amparos o cautelares “son susceptibles de ser investigados por la inteligencia”, y alertó que los fondos destinados al área se incrementaron aun en un contexto de recortes generales.

“El derecho de peticionar a la autoridad es uno de los menos restringidos en nuestro orden constitucional. Este decreto lo condiciona, lo amenaza, lo vuelve sospechoso. Para mí es claramente inconstitucional”, afirmó. También cuestionó el funcionamiento de los mecanismos de control: “La inteligencia es un ámbito difícil de auditar. La comisión del Congreso de la Nación Argentina casi no se reúne y los ciudadanos no tenemos acceso a información. Un decreto que contradice normas superiores y orienta políticamente un poder tan grande es extremadamente peligroso”.

Consultado sobre posibles herramientas legales para revertirlo, Mangiocalda sostuvo: “Hay varias: denuncias penales, intervención del Congreso, el accionar de la comisión de inteligencia. Un país democrático no puede darse el lujo de mantener un decreto que bajo el pretexto de defender la República termina dañándola”.

Finalmente, se mostró preocupado por el mensaje que se envía a quienes participan activamente en la vida cívica: “Lo que garantizó que no se destruyeran del todo las instituciones en los últimos años fue la participación de miles de ciudadanos que fueron a la Justicia. Si perdemos eso, sí perdemos la República y la democracia”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

¿Qué te parece esta nota?

COMENTÁ / VER COMENTARIOS