El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, formalizó la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia Federal, acompañado por la CONADUP (Comisión Nacional de Usuarios Viales). El objetivo: detener el procedimiento de privatización y el llamado a licitación pública nacional e internacional impulsado por el Gobierno nacional para los corredores viales.
Gray fue contundente al advertir que “el acto administrativo impugnado por el Gobierno nacional implica una fragrante violación de derechos y garantías constitucionales, con efectos permanentes e irreparables que permitirán el cobro indebido de tarifas”, lo que —según remarcó— provocaría “un grave daño que no podrá tener reparación ulterior”.
El jefe comunal sostuvo además que el amparo busca frenar un impacto económico directo sobre miles de bonaerenses: “Presentamos este amparo para evitar que las y los bonaerenses se vean obligados a afrontar un costo excesivo en la provisión de peajes”, explicó. Afirmó que ese aumento tendrá consecuencias inmediatas sobre quienes utilizan diariamente el corredor para “trabajar, estudiar, producir y transitar libremente”.
La medida del Gobierno nacional se materializó a través de la Resolución 1843/2025, que habilita el inicio del proceso de privatización bajo un sistema de Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple. La Casa Rosada sostiene que el esquema se apoya en la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (N° 27.742), una norma que ordena la reorganización administrativa del Estado.
Sin embargo, desde Esteban Echeverría advierten que la ley no habilita privatizaciones no autorizadas, y que una decisión de esa naturaleza generaría mayores costos para usuarios y consumidores, especialmente en un servicio clave como el peaje, considerado un servicio público esencial. Incluso en esquemas concesionados, su prestación debe ser continua, regulada y sostenida.
El planteo judicial también remarca un riesgo central: avanzar en privatizaciones sin un ente regulatorio independiente, lo que podría derivar en servicios deficientes, prácticas monopólicas, tarifazos injustificados e incumplimiento de inversiones, priorizando la rentabilidad por encima del interés público. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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