Kelly Olmos: "La reforma laboral es un ataque directo a los trabajadores y a las provincias”

“Estamos trabajando de manera coordinada con el Senado de la Nación Argentina y la verdad es que el proyecto es un despropósito de cabo a rabo”, afirmó Kelly Olmos al inicio de la entrevista, y explicó que la iniciativa no sólo afecta derechos laborales sino que “aprovecha para meter por contrabando otras medidas que no tienen nada que ver con el mundo del trabajo”, como la derogación de impuestos internos sobre bienes suntuarios y la compraventa de aeronaves. Según señaló, estas decisiones “afectan gravemente ingresos que se coparticipan a las provincias”.

La diputada nacional puso el foco en uno de los puntos más cuestionados del proyecto: el límite al derecho a huelga. “El derecho a huelga está consagrado en la constitución nacional y acá lo limitan hasta niveles que prácticamente lo hacen inexistente”, remarcó. En la misma línea, consideró que las modificaciones sobre la vida sindical constituyen “un ataque frontal”, ya que los recursos gremiales “no son para la burocracia, sino para derechos de los trabajadores como capacitación, recreación y vacaciones”.

Olmos también criticó la extensión de la jornada laboral propuesta en la reforma. “Están llevando la jornada a 12 horas, algo que hace un siglo ya se combatió. En la práctica se pretende extenderla solo a arbitrio de la patronal y sin pagar un peso más”, sostuvo, y agregó que el proyecto “retrotrae cien años atrás” y tendrá un impacto directo en los ingresos y las condiciones laborales.

En cuanto al argumento oficial sobre la llamada “industria del juicio”, la legisladora fue contundente: “No es significativa la magnitud de los juicios laborales”. Explicó que la mayoría de las demandas están vinculadas a accidentes de trabajo y a indemnizaciones desactualizadas, y no a un supuesto abuso generalizado contra los empleadores. “Lo otro es un imaginario cargado de prejuicios”, afirmó.

Otro de los puntos centrales de la reforma, según Olmos, es el intento de desfinanciar al estado y beneficiar a grandes empresas concentradas. “Se reducen contribuciones a las obras sociales, se desfinancia a las provincias y, por desgravaciones en el impuesto a las ganancias, se transfieren más de tres millones de millones de pesos desde recursos destinados a jubilaciones, discapacidad y gastos sociales hacia no más de cien empresas muy concentradas”, denunció.

La diputada también alertó sobre el impacto en las paritarias y los convenios colectivos. “Está en riesgo la ultraactividad de los convenios colectivos y se intenta invertir el orden de prioridades de la negociación laboral”, explicó. En ese sentido, señaló que el proyecto busca llevar las relaciones laborales al derecho civil y comercial, “como si empleador y trabajador tuvieran el mismo poder de negociación”, priorizando acuerdos por empresa o región para “fragmentar el poder del trabajador”.

Respecto de los antecedentes judiciales, Olmos recordó que gran parte de estas medidas ya habían sido incluidas en el DNU 70 y en la ley ómnibus, y fueron frenadas por la justicia. “Hay una sentencia de fondo que declaró la inconstitucionalidad y está apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muchas de estas propuestas son claramente inconstitucionales”, subrayó, y acusó al gobierno de “no tomar en cuenta la Constitución”.

Finalmente, se refirió al rol de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina y la convocatoria a la movilización. “El movimiento obrero convoca el 18 a plaza de Mayo. La CGT tiene enormes responsabilidades y no puede mandar a la gente a una lucha desordenada; hay que saber dónde concentrar la reacción”, sostuvo. Y concluyó: “Si estas medidas se debatieran clara y públicamente, serían insoportables para la gente”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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