En el Mercado Central de Buenos Aires, el principal polo de abastecimiento de frutas y verduras del país, se encuentra en marcha desde hace más de un año y medio un mecanismo de pagos extraordinarios que, lejos de estimular la productividad general, habría sido capturado por un pequeño grupo de funcionarios jerárquicos.
Se trata de las llamadas “Unidades Retributivas”, un suplemento remunerativo creado en 2019 mediante el instructivo CMC Nro. 22/2019, destinado —según la normativa— a premiar la productividad, la eficacia y los méritos relevantes de cualquier trabajador, permanente o no permanente, del organismo. El instructivo establece además que la asignación debe evaluarse mensualmente, con un listado remitido a la Unidad de Recursos Humanos.
Sin embargo, documentación interna del propio Mercado Central muestra que este suplemento terminó convertido en un sobresueldo fijo, discrecional y concentrado en apenas tres funcionarios.
El valor de cada Unidad Retributiva fue modificado en forma abrupta durante la actual gestión.
- En 2019, cada módulo valía 2 mil pesos.
- En abril de 2024, mediante el instructivo CMC Nro. 29/2024, el monto se elevó a 52 mil, un aumento de 2.500 por ciento de una sola vez.
- En febrero de 2025, a través del instructivo CMC Nro. 8/25, volvió a incrementarse hasta 65 mil, un 25 por ciento adicional.
Estos incrementos no formaron parte de ninguna negociación paritaria ni fueron homologados por la secretaría de Trabajo de la Nación, lo que —según denuncian trabajadores y delegados gremiales— los colocaría por fuera del marco legal vigente.
Mientras tanto, los aumentos salariales generales del personal quedaron sistemáticamente por debajo de la inflación, profundizando la pérdida del poder adquisitivo.
A modo de ejemplo, un memorándum interno fechado el 3 de mayo de 2024 identifica a los tres beneficiarios del suplemento, con asignaciones mensuales fijas y “hasta nueva instrucción”: Silvana Paula Fontana, que recibe doce Unidades Retributivas por un valor de 780 mil pesos, María Gabriela Durán, que embolsa unas catorce Unidades Retributivas por 910 mil pesos mensuales, y Jorge Gabriel Josame Novoa, que estaría sumando unos 650 mil pesos extras a su salario.
Según cálculos realizados a partir de los valores oficiales de cada módulo, en sólo diecinueve meses estos funcionarios habrían percibido entre 13 y 15 millones de pesos cada uno. Todo ello sin evaluaciones de desempeño públicas, sin rotación de beneficiarios y sin concursos previos, contradiciendo el espíritu original del suplemento.
A este esquema salarial se suma otro beneficio excepcional. Un memorándum fechado el 21 de marzo de 2024 dispuso la eximición de fichada diaria para Fontana y Durán, liberándolas del control horario que rige para el resto de los trabajadores del Mercado Central.
Mientras empleados de base denuncian sanciones, descuentos y controles estrictos, estos funcionarios jerárquicos quedarían al margen de los mecanismos de supervisión interna.
Las denuncias actuales no son un hecho aislado. El presidente del Mercado Central, Fabián Miguelez, ya había ocupado el cargo entre 2016 y 2018, gestión que terminó envuelta en causas penales por abuso de autoridad, negociaciones incompatibles y defraudación contra la administración pública.
En 2018, la Oficina Anticorrupción elaboró un informe de más de noventa páginas que detectó irregularidades millonarias en contrataciones y desvíos de fondos. Parte de esas causas continúan bajo investigación en el juzgado Federal de Morón.
En los últimos meses, además, Miguelez fue denunciado por el pago de 180 millones de pesos en horas extras sin autorización del directorio, con aval administrativo de dos de los mismos funcionarios que hoy perciben los sobresueldos.
Todo esto ocurre mientras el Mercado Central atraviesa una crisis estructural: auditorías con decenas de observaciones incumplidas, denuncias gremiales por persecución sindical, infraestructura deteriorada, plagas, falta de higiene y una creciente inseguridad dentro del predio.
El contraste resulta brutal: abandono para el conjunto, privilegios para unos pocos.
El propio convenio colectivo de trabajo del Mercado Central consagra el principio de igualdad de trato y oportunidades, prohibiendo prácticas discriminatorias y beneficios selectivos. Las denuncias sostienen que este principio fue vulnerado de manera sistemática.
Trabajadores y gremios anticipan que los hechos serán ampliados ante la Justicia y organismos de control. La pregunta que queda flotando es si un organismo estratégico para el abastecimiento nacional puede seguir funcionando bajo un esquema de opacidad, discrecionalidad y privilegios, mientras la mayoría de sus trabajadores ve licuarse su salario. (www.REALPOLITIK.com.ar)