“El corretaje inmobiliario, como también los abogados, los arquitectos o los ingenieros, necesita ciertas normas éticas y que alguien controle ese ejercicio profesional”, sostuvo Jorge Martín Irigoyen, al tiempo que remarcó que los corredores inmobiliarios “son profesionales que estudian dos años y medio, están colegiados y es el colegio el que controla que no haya ilegales ejerciendo la actividad”.
En ese sentido, subrayó que el rol del colegio apunta a proteger a quienes realizan operaciones inmobiliarias: “Realmente trabaja para la seguridad de quienes realizan operaciones inmobiliarias, donde la gente deposita muchísimas expectativas y pone en juego una cantidad enorme de su patrimonio”. Y ejemplificó: “Una compraventa de un inmueble puede ser el esfuerzo de toda una vida y el sueño de una familia que va a ir a vivir a un hogar”.
El abogado advirtió que la desregulación traería consecuencias graves: “Al intentar desregular la colegiación, lo que se va a terminar fomentando es el descontrol de los ilegales, ilegales que el estado no persigue jamás”. En ese marco, cuestionó la falta de controles en otras áreas: “Fijate el gran problema que tenemos con los alquileres de verano. ¿Quién regula los que están alquilando en la costa? Nadie”.
Irigoyen también defendió el esquema actual desde el punto de vista económico: “Los colegios son un beneficio económico para las arcas del estado porque todo el control que delega el estado en los colegios es plata que se ahorra en burócratas que después pagamos todos los argentinos”. Y agregó: “Al estado le sale gratis y a los contribuyentes también; lo pagan los matriculados, que son los beneficiados en el ejercicio de esa profesión”.
Asimismo, cuestionó la creación de registros estatales: “Quieren cambiar un sistema que está funcionando y lo que van a crear va a ser mucho peor, porque todos los argentinos van a tener que pagar la burocracia que van a generar”. En esa línea, alertó: “Van a generar cajas que son justamente las que dicen que quieren combatir”.
Desde una mirada jurídica, Irigoyen señaló que las iniciativas de desregulación también presentan inconsistencias legales: “Todo el tema de los colegios profesionales es una cuestión que las provincias no delegaron a la Nación”. Y precisó: “En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Colegio Profesional Inmobiliario fue creado por la ley 2340, con lo cual lo que quieran hacer en el Congreso no es obligatorio para las provincias”.
Para el abogado, avanzar en este camino implicaría un retroceso: “Sería retroceder veinticinco años atrás y está probado que no hubo perjuicios para la sociedad; todo lo contrario, fue todo beneficio”. Por eso, planteó: “Me parece raro si no hay un interés económico muy fuerte atrás que quieran tocar esto”.
Finalmente, remarcó la importancia de mantener controles profesionales estrictos: “En cada operación inmobiliaria es mucho lo que está en juego de los argentinos, mucho, mucho, mucho”. Y concluyó: “Dejarlo en manos de gente que no es profesional, que no tiene sanción disciplinaria ni rinde cuentas, es apostar al descontrol. Yo creo que se están equivocando”. (www.REALPOLITIK.com.ar)