Piden imputaciones y allanamientos tras la prórroga de la cautelar que ratifica al presidente de la Empresa Nueve de Julio SAT

Luego de que el abogado Pablo Grillo Ciocchini lograra que la Justicia prorrogue hasta febrero de 2026 la medida cautelar que ratifica al presidente de la Empresa Nueve de Julio Sociedad Anónima de Transporte, se profundiza el conflicto judicial y empresarial que sacude al sistema de transporte público de La Plata.

En las últimas horas, el abogado penalista Marcelo Peña solicitó formalmente la imputación penal de los ocupantes (Esteban Llanos, Gastón Robotti, Guillermo Stazi, Jorge Stoichevich, Martín Stoichevich, Martín Cassinotti y Santiado de Mendieta, entre otros) de la sede social de la empresa y la realización de allanamientos urgentes en domicilios vinculados a los ocupantes, con el objetivo de recuperar documentación esencial y valores que habrían sido sustraídos durante la toma ilegal del edificio ocurrida entre la noche del 3 y el 4 de noviembre de 2025.

Documentación clave desaparecida en pleno proceso licitatorio

Según surge de las presentaciones judiciales, durante la ocupación forzada de la sede de Nueve de Julio SAT se habrían sustraído o hecho desaparecer documentos fundamentales para la operatoria de la empresa, entre ellos material indispensable para la preparación y presentación del pliego de bases y condiciones de la licitación del transporte público de pasajeros de la ciudad.

Sede de la Empresa Nueve de Julio SAT.

La gravedad del hecho se potencia al tratarse de un proceso licitatorio estratégico, donde la falta de esa documentación coloca a la empresa en una clara situación de desventaja competitiva, afectando no solo a la firma sino al principio de libre concurrencia y transparencia que debe regir un servicio público esencial.

Vínculos con el grupo dominante del transporte platense

Uno de los aspectos más sensibles del expediente es la presencia, durante la toma de la sede, de personas con estrecha vinculación con el Grupo Unión Platense, señalado en distintas presentaciones como grupo dominante del mercado.

Entre los nombres mencionados aparece Martín Cassinotti, condenado en la causa conocida públicamente como “la banda de los jueces”, cuya participación en los hechos es señalada como particularmente grave por el entramado de relaciones políticas con funcionarios municipales, judiciales y empresariales que representa.

La denuncia sostiene que esta irrupción no fue casual y que debe analizarse en el contexto de una maniobra de interferencia empresarial, destinada a debilitar a un competidor directo en el marco del proceso licitatorio, favoreciendo la consolidación de un esquema de concentración económica en el transporte platense.

Un caso que trasciende lo empresarial

Lejos de tratarse de una disputa privada, el caso comienza a perfilarse como un escándalo institucional de alto impacto. Se sospecha de tráfico de influencias con funcionarios municipales, quienes habrían omitido accionar respecto a graves incumplimientos con la suspensión de servicios por más de cuarenta días en la zona Este por conflictos gremiales por parte de Expreso La Plata Buenos Aires SA, causal de “Resolucion de contrato del concesión por culpa del concesionario por abandono”, punto 16.2 inciso H , del pliego de Bases y Condiciones 26/2010 y hoy ostentando ser adjudicataria anticipada de la zona Este.

La advertencia es clara: si no se corrigen estas irregularidades, el proceso podría terminar judicializado, con consecuencias económicas y políticas de alto voltaje para la ciudad.

Mientras la licitación avanza, la pregunta que crece es si la Justicia y el poder político avanzarán a fondo para esclarecer los hechos, o si este episodio quedará como una advertencia más sobre cómo operan los intereses concentrados en uno de los negocios más sensibles de la ciudad. (www.REALPOLITIK.com.ar)