“La reforma laboral del gobierno busca reinstalar un sistema de esclavitud moderna”

“Hace bastante tiempo que venimos trabajando en un proyecto de reforma laboral progresiva, que es diametralmente opuesto a lo que impulsa el gobierno nacional”, afirmó Carlos Cafure al inicio de la entrevista. En ese sentido, sostuvo que la propuesta oficial es “una reforma laboral regresiva que apunta a quitar derechos, a restringir marcos normativos que benefician al trabajador y a reemplazar normas de avanzada que incluso son tomadas como referencia en otros países”.

El abogado explicó que su iniciativa no solo amplía derechos existentes, sino que también crea nuevos institutos. Entre ellos, mencionó modificaciones a la ley de Contrato de Trabajo, la ampliación de licencias especiales, cambios en el cálculo del salario mínimo vital y móvil, reformas a la ley de Riesgos del Trabajo y la creación de una ley Nacional contra la Violencia Laboral. Además, propuso una ley Nacional de Paritarias complementaria de la normativa vigente y un fondo para la construcción de viviendas destinadas a trabajadores del sector público y privado.

“En la Argentina, los trabajadores somos la fábrica de inquilinos que tiene este país”, señaló, y remarcó la necesidad de que el artículo 14 bis de la Constitución deje de ser una declaración abstracta y se vuelva operativo mediante políticas de estado que garanticen derechos como el acceso a la vivienda.

Consultado sobre la reforma laboral oficial, Cafure fue contundente: “No solo se violan derechos, sino que se repiten recetas fracasadas del pasado, como las de los años 90 o las que intentó impulsar Mauricio Macri”. En esa línea, aseguró que el actual gobierno intenta retroceder más de cien años en materia laboral, vulnerando la Constitución, tratados internacionales y el principio de progresividad que rige el derecho del trabajo. “Toda modificación normativa debe ir hacia adelante, no hacia atrás”, enfatizó.

Entre los ejes centrales de su proyecto, destacó la reducción de la jornada laboral de ocho a seis horas, la reconversión de los planes sociales en empleo registrado y la ampliación de licencias, como la de paternidad. Asimismo, puso el foco en el salario mínimo vital y móvil, al considerar que su valor actual “es una burla” frente al costo de vida real. “No puede haber una canasta básica de dos millones de pesos para una familia tipo y un salario mínimo de 300 o 400 mil pesos”, cuestionó, y propuso que el piso salarial no esté nunca por debajo de la canasta básica total, con una cláusula de actualización automática.

En ese contexto, fue muy crítico con la Confederación General del Trabajo de la República Argentina: “La CGT ha tenido un rol lamentable, permitiendo que se pierdan derechos y que el 70 por ciento de los trabajadores registrados tengan salarios por debajo de la canasta básica”. Si bien reconoció la importancia de la reciente movilización, sostuvo que no tiene expectativas en el actual triunvirato y reclamó una central obrera con mayor renovación, autonomía política y un proyecto propio de reforma laboral progresiva.

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la situación de los trabajadores de plataformas digitales. Cafure, quien se desempeña como asesor legal del Sindicato Conductores de Taxis de Córdoba, calificó como “vergonzosa” la postura del gobierno y denunció que se busca legalizar la precarización laboral bajo figuras como “socios” o “colaboradores”. “Eso implica que no tengan aguinaldo, vacaciones, obra social ni aportes jubilatorios”, advirtió. En contraposición, recordó que existen fallos judiciales en Argentina y en otros países que reconocen a estos trabajadores como empleados en relación de dependencia.

Su proyecto, explicó, prohíbe expresamente el monotributo para este sector y obliga a las empresas, nacionales y extranjeras, a cumplir con la legislación laboral vigente. Como ejemplo, mencionó el caso de Córdoba, donde se reclama la regularización de unos 45 mil choferes de aplicaciones y el pago retroactivo de aportes previsionales. “Lo que está ocurriendo es un enorme fraude previsional”, denunció.

Finalmente, Cafure sostuvo que la discusión de fondo debe ir más allá de las coyunturas y planteó la necesidad de avanzar, en el futuro, hacia una reforma constitucional que incorpore derechos laborales hoy garantizados solo por leyes. “Para que ningún presidente de turno pueda borrarlos de un plumazo”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)