General Lavalle: José Rodríguez Ponte y Nahuel Guardia enfrentados por un alambrado

El exintendente de General Lavalle, José Rodríguez Ponte, presentó un nuevo descargo ante el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de revertir la multa que le fue impuesta por irregularidades en la rendición de cuentas del ejercicio 2022. El escrito fue ingresado quince días después de que el organismo dictara el fallo 760/2025, mediante el cual confirmó un cargo económico por más de 350 mil pesos vinculado al alambrado de un inmueble cuya titularidad y vinculación con el municipio no fueron acreditadas.

Según pudo saber REALPOLITIK, el descargo —al que este medio tuvo acceso exclusivo— intenta rebatir los fundamentos de la sanción apoyándose en un presunto uso histórico del predio por parte del estado y en la existencia de un convenio con la dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el texto no incorpora documentación nueva que respalde esas afirmaciones.

La defensa: uso “desde antiguo” y comodato no probado

En su presentación, Rodríguez Ponte sostiene que el predio en cuestión habría sido utilizado desde fines de la década del 70, en el marco de la construcción de la ruta 11, primero por Vialidad y luego por la municipalidad de General Lavalle. Afirma que el terreno —unas 7 hectáreas originalmente vinculadas a la Estancia El Divisadero— fue empleado como depósito de animales sueltos y, más tarde, como unidad demostrativa apícola y parte de un programa de desarrollo olivícola.

Con ese argumento, el exintendente busca justificar el gasto público destinado al alambrado del inmueble, señalando que la inversión tenía una finalidad productiva y de interés público. Incluso afirma que la municipalidad contaría con un comodato otorgado por Vialidad.

No obstante, el punto central observado por el Tribunal de Cuentas no fue el relato sobre el uso del predio, sino la ausencia total de respaldo administrativo. En el expediente no obra escritura, contrato de comodato, acto administrativo ni constancia oficial alguna que permita verificar que el municipio tenía derecho a realizar erogaciones en ese inmueble.

Un descargo posterior al fallo

El dato no es menor: el descargo fue presentado después de que el Tribunal confirmara el cargo mediante resolución firme en sede administrativa. Hasta el momento, ese nuevo escrito no generó una modificación del fallo ni suspendió sus efectos.

De hecho, el propio fallo 760/2025 fue categórico al señalar que, pese a los reiterados requerimientos formulados durante el proceso, los funcionarios alcanzados nunca aportaron la documentación necesaria para acreditar la finalidad pública del gasto, lo que constituye una falta sustantiva en la administración de fondos municipales.

La “imposibilidad” como argumento

En otro tramo del descargo, Rodríguez Ponte argumenta que, al encontrarse alejado de la función pública, no tiene acceso a los archivos municipales y que habría solicitado al actual intendente, Nahuel Guardia, que buscara la documentación sin éxito. Incluso sostiene que el propio Tribunal de Cuentas estaría en mejores condiciones de requerir esos antecedentes a la dirección de Vialidad.

Sin embargo, desde el punto de vista administrativo, la carga de probar la legalidad del gasto recae sobre quienes lo autorizaron y ejecutaron. La imposibilidad material alegada no reemplaza la obligación de haber contado con respaldo documental al momento de disponer fondos públicos.

La sanción sigue vigente

Mientras el Tribunal no dicte una nueva resolución ni se habilite una instancia judicial que suspenda los efectos del fallo, el cargo económico por 351.453,71 continúa vigente. La sanción alcanza en forma solidaria al exintendente Rodríguez Ponte, a la excontadora municipal Geraldine Nogueira y al exdirector de Producción. Nicolás González Busai.

El caso vuelve a dejar al descubierto una práctica recurrente en gestiones municipales: justificar a posteriori decisiones que debieron estar respaldadas desde el origen. Más allá de los argumentos políticos o históricos, el expediente expone un problema concreto de gestión y control, que el Tribunal de Cuentas consideró suficientemente grave como para sostener la sanción. (www.REALPOLITIK.com.ar)