Denuncia penal contra Martín Llaryora por un proyecto que prevé multas y arrestos a padres de menores no vacunados

Una denuncia penal constitucional de fuerte impacto institucional fue presentada ante la Cámara Federal, con pedido de asunción de competencia por parte del fuero penal federal, en la que se cuestionan normas, actos administrativos y prácticas atribuidas al gobierno de la provincia de Córdoba vinculadas a la vacunación COVID en niños y adolescentes. La presentación fue realizada por Daniel Sarwer, quien se constituyó como pretenso querellante y solicitó una investigación penal “a los exclusivos fines investigativos”, sin formular imputación directa.

En el escrito, Sarwer sostiene que la provincia habría avanzado en la imposición coercitiva de la vacunación COVID en menores de edad, previendo sanciones contravencionales, multas e incluso la privación de la libertad de padres o tutores que se nieguen a cumplir con dichas disposiciones. Según la denuncia, estas medidas habrían tomado estado público a través de informes periodísticos, comunicados oficiales y material de difusión, y se vincularían con modificaciones al Código de Convivencia Ciudadana y con actos administrativos provinciales cuya existencia y alcance solicita que sean certificados judicialmente.

El planteo central gira en torno a la presunta inconstitucionalidad manifiesta de esas medidas. La denuncia afirma que el gobierno de Martín Llaryora carecería de potestad para establecer sanciones de carácter penal o privativas de la libertad por vía contravencional o administrativa, en particular en materia de vacunación COVID, cuya obligatoriedad con sanción penal —según se remarca— no se encuentra prevista en una ley formal del Congreso. En ese sentido, se invocan los artículos 14, 16, 18, 19, 28, 33 y 75 inciso 22 de la constitución nacional, así como la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales de derechos humanos.

El escrito también cuestiona la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas denunciadas, y sostiene que podrían vulnerar el principio de legalidad penal, la reserva de ley, la autonomía personal, el consentimiento informado en materia médica, la libertad personal y los derechos de los padres en el ejercicio de la tutela familiar. En particular, se destaca que la Ley 27.491 —que regula el régimen de vacunación— no prevé sanciones penales ni arrestos por vacunación COVID, mucho menos respecto de menores de edad.

Desde el punto de vista penal, la presentación solicita que se investigue si los hechos podrían encuadrar, de manera provisoria y sin imputación directa, en figuras como abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y coacción, además de eventuales responsabilidades por violaciones a derechos humanos de jerarquía constitucional. Para sustentar la competencia federal, se invoca la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre gravedad institucional y la necesidad de intervención inmediata cuando se encuentran comprometidos derechos fundamentales de alcance general.

Como medida cautelar urgente, Sarwer pidió la suspensión inmediata de toda norma, decreto, resolución o práctica provincial que imponga la vacunación COVID obligatoria a menores bajo amenaza de sanción penal o contravencional, así como la orden al gobierno de la provincia de Córdoba de abstenerse de ejecutar multas, arrestos u otras medidas coercitivas contra padres o tutores. También solicitó la citación a declaración indagatoria del gobernador Llaryora, ministros y demás funcionarios eventualmente intervinientes, siempre —según aclara el escrito— con fines estrictamente investigativos y sin prejuzgamiento.

La presentación concluye con la reserva del caso federal para ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en caso de que se vean afectadas garantías constitucionales. De prosperar el planteo y ser admitida la competencia federal, el caso podría abrir un debate judicial de alcance nacional sobre los límites del poder de policía provincial, la vacunación en menores y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales en contextos sanitarios excepcionales. (www.REALPOLITIK.com.ar)