Chaco: La Justicia avanza contra la libertad de prensa y convierte el chimento en delito

La Justicia del Chaco volvió a cruzar una línea peligrosa. Con una sentencia que debería alarmar a todo el periodismo argentino, un juzgado civil condenó al periodista Carlos Prette por una publicación de tono claramente frívolo -más cercana al chimento que a una investigación- y lo obligó no solo a borrar el contenido, sino también a pagar los honorarios de tres abogados, incluido el del funcionario que se declaró “damnificado”.

El fallo de la jueza Civil y Comercial Nro. 2 de Resistencia, Ana Mariela Kassor, roza lo absurdo: la nota cuestionada giraba en torno a un conflicto sentimental expuesto previamente en redes sociales por sus propios protagonistas, involucrando de manera lateral a un concejal de Resistencia. No hubo denuncia penal contra el funcionario, no hubo imputación, no hubo acusación de corrupción ni de delito alguno. Sin embargo, la Justicia entendió que el solo uso de una imagen -que había sido publicada en Facebook- sin consentimiento expreso, constituía una violación suficiente como para ordenar la censura posterior y aplicar una sanción económica ejemplificadora.

El mensaje es claro y preocupante: en Chaco, el periodismo puede pagar caro incluso por replicar contenidos ya públicos, aún cuando se trate de figuras políticas y a pesar de que no exista falsedad comprobada ni imputación concreta.

Del derecho al honor a la mordaza judicial

La sentencia se apoya en una interpretación extrema del derecho a la imagen y al honor, llevándolo a un terreno donde cualquier mención incómoda puede transformarse en censurable. Según este criterio, publicar una foto de un funcionario -aunque circule libremente en redes- sin su autorización expresa sería ilegal. Un estándar que, llevado a sus últimas consecuencias, haría inviable el ejercicio cotidiano del periodismo digital.

Pero el punto más grave no es técnico: es político e institucional. Porque este no es un caso aislado.

Carlos Prette.

El antecedente que confirma el patrón

En febrero de 2025, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco confirmó otra sentencia escandalosa: condenó a Diario Norte, un medio histórico de la región, por un comentario injurioso escrito por un lector en las redes sociales. El diario fue obligado a indemnizar a un dirigente sindical por no haber moderado a tiempo la opinión de un tercero.

Traducido: en Chaco, los medios son responsables civiles por lo que dicen otros, incluso en espacios de participación abierta. Un criterio que ignora estándares internacionales, desconoce el funcionamiento real de los medios digitales y coloca a las redacciones bajo una amenaza constante de litigios.

Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco.

Lo que se está consolidando en Chaco no es la protección de derechos personalísimos, sino un esquema de disciplinamiento. Se castiga al periodista, se lo obliga a borrar contenidos, se lo condena a pagar costas y honorarios elevados, y se envía un mensaje intimidatorio al resto del ecosistema mediático.

No es casual: cuando el costo de publicar supera el costo de callar, la autocensura se impone sola.

Equiparar una publicación banal -gustará o no, será más o menos elegante- con un daño jurídico grave es un despropósito que erosiona uno de los pilares básicos de la democracia: la libertad de expresión. Porque hoy es un chimento; mañana puede ser una denuncia.

Y cuando los jueces empiezan a decidir qué se puede publicar y qué no, el problema deja de ser individual y pasa a ser institucional. En Chaco, la Justicia parece estar jugando un juego peligroso. Uno donde el periodismo siempre pierde y, consecuentemente, también los ciudadanos. (www.REALPOLITIK.com.ar)