Revictimización: La denunciante de Fernando Espinoza pidió ayuda y terminó esposada por la Policía de la Ciudad

La madrugada del 31 de diciembre no trajo festejos para Melody Rakauskas. Trajo esposas, golpes, amenazas y una escena que, de confirmarse en sede judicial, expone un cuadro de violencia institucional extrema: una mujer denunciante en una causa de abuso sexual contra un poderoso intendente del conurbano terminó reducida por la fuerza, lastimada, esposada y trasladada contra su voluntad por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, luego de haber pedido asistencia médica.

REALPOLITIK accedió de manera exclusiva a un video grabado por la propia Rakauskas minutos después de los hechos. En las imágenes se la observa con las muñecas vendadas, visiblemente baja de energías, denunciando que efectivos de la comisaría 9C la agredieron físicamente, la arrojaron al piso, la esposaron con tal violencia que le provocaron cortes profundos y la acusaron falsamente de haber golpeado a una policía femenina.

“Me prohibieron mi libertad, me tiraron al piso, me esposaron, me cortaron las muñecas al apretarme tanto las esposas”, relata en el video, mientras muestra lesiones en brazos, rodillas y su ropa rota. Según su testimonio, uno de los efectivos masculinos incluso habría incurrido en un abuso: “Me tocó los senos, me apretó. Eso es abuso de poder y abuso de autoridad”, denuncia con nombre y referencia directa a la dependencia policial interviniente.

Pero el episodio no comenzó allí.

De acuerdo al relato posterior que Rakauskas envió a este medio, todo se desencadenó cuando pidió ayuda al SAME tras sufrir un cuadro de taquicardia y angustia extrema, producto —según afirma— de un hostigamiento policial y judicial sostenido en el tiempo. No tiene obra social. Llamó al sistema de emergencias buscando contención médica. Lo que recibió fue otra cosa.

“El SAME vino rápido, pero llegó acompañado por la comisaría 9C, la misma que yo había pedido explícitamente que no enviaran porque me estaba hostigando”, sostuvo. Pese a su pedido, los efectivos se presentaron igual. Según su versión, la retuvieron dentro de la ambulancia durante una hora y cuarenta minutos “para cansarme”, y luego la trasladaron al hospital, donde la situación escaló.

“Allí me privaron de mi libertad, me esposaron, me tiraron al piso, me pisaron la cabeza, intentaron romper mi celular y me dijeron ‘vos estás detenida’”, aseguró. Todo, remarca, después de haber llamado al SAME para pedir ayuda. No por un delito. No por una agresión. Por miedo y desamparo.

La denunciante afirma además que intentaron aplicarle una inyección sin su consentimiento, aun cuando se negó de manera expresa, y que la presión apuntaba a internarla y presentarla como una persona violenta o desequilibrada. “Querían a toda costa dejarme internada y tratarme como una violenta”, escribió.

Una situación extremadamente frágil

El contexto no es menor. Apenas un día antes, REALPOLITIK había publicado una nota dando cuenta de un posteo de extrema gravedad realizado por Rakauskas, en el que aparecía con el brazo ensangrentado tras haberse cortado las venas. En ese mensaje, pedía que cesaran las presiones judiciales y políticas y apuntaba directamente contra el intendente de la municipalidad de La Matanza, Fernando Espinoza, a quien denunció por abuso sexual y a quien responsabiliza por el aparato de poder que, según ella, la viene cercando desde hace casi cinco años.

Fernando Espinoza.

Las escenas del 31 de diciembre parecen inscribirse en esa misma secuencia: hostigamiento en fechas sensibles, intervenciones policiales desproporcionadas, y una denunciante que, lejos de recibir protección, termina siendo tratada como una amenaza.

Rakauskas sostiene que la comisaría 9C actúa como una herramienta de presión, con notificaciones “no procesales”, despliegues policiales innecesarios y una lógica de amedrentamiento barrial que busca desgastarla y aislarla. También apunta contra la inacción —o complicidad— de distintos estamentos del estado: “Bullrich y su equipo ni nadie responde”, afirmó.

El cuadro es delicado y exige respuestas urgentes. No solo por la gravedad de las denuncias —golpizas, abuso sexual, privación ilegítima de la libertad, intento de medicalización forzada— sino por el lugar que ocupa la víctima en el sistema judicial: es la principal denunciante en una causa que involucra a uno de los intendentes más poderosos del país.

Si una mujer que denuncia a un funcionario de ese calibre termina esposada en una ambulancia, golpeada en un hospital y filmando sus heridas para dejar constancia, la pregunta deja de ser retórica: ¿Quién protege a las víctimas cuando el estado aparece del otro lado?

Mientras tanto, las imágenes existen. Los audios existen. Las lesiones existen. Y el silencio oficial, por ahora, también. (www.REALPOLITIK. com.ar)