Había plata: Karina Milei gasta más de 81 millones de pesos en gaseosas y bebidas isotónicas

El discurso del “no hay plata”, convertido en consigna central del gobierno de Javier Milei, vuelve a quedar bajo la lupa a partir de una licitación pública que habilita el uso de fondos estatales para gastos que, lejos de ser esenciales, resultan difíciles de justificar en el actual contexto social y económico.

Se trata de la licitación pública Nro. 23-0017-LPU25, convocada por la secretaría General de la Presidencia de la Nación, que conduce Karina Milei, cuyo objeto es la adquisición de bebidas destinadas a la Casa Rosada y a las residencias presidenciales de Olivos y Chapadmalal. La apertura de ofertas se realizó el pasado 22 de diciembre, a las 12.00, y fueron aprobadas tres propuestas presentadas por Sebastián Ariel Martín, Mauricio Javier Zubeldía Luna y Mariano Bernabo.

De acuerdo a los montos ofertados, el gobierno libertario estaría evaluando desembolsar hasta 81.186.245 pesos para cubrir el consumo de bebidas durante un período de seis meses, o hasta agotar las cantidades máximas estipuladas en el pliego, lo que ocurra primero. En términos prácticos, esto implica un gasto estimado de más de 13,5 millones de pesos mensuales en gaseosas, bebidas isotónicas y productos similares.

La licitación, además, contempla la posibilidad de prórroga si el stock se consume antes de lo previsto, lo que habilita una ampliación del gasto sin necesidad de un nuevo llamado. Se trata, en los hechos, de miles de latas y botellas adquiridas con fondos públicos, en un país atravesado por un ajuste severo que golpea con especial crudeza a los sectores más vulnerables.

Ajuste sin excepciones… salvo en la cima del poder

El contraste resulta inevitable. Mientras el gobierno sostiene una política de recortes, licuación de ingresos y congelamiento salarial para amplios sectores de la sociedad, la cúpula del poder ejecutivo mantiene —y en algunos casos amplía— niveles de gasto y confort que desentonan con el discurso oficial.

Jubilados que no logran cubrir la canasta básica, docentes con salarios por debajo de la línea de pobreza y trabajadores estatales con paritarias sistemáticamente a la baja conviven con una administración que destina millones de pesos a consumos no esenciales dentro de las residencias presidenciales.

La compra de bebidas no es un hecho aislado. En los últimos días, el propio presidente firmó un decreto que reactiva y consolida los aumentos salariales para sus funcionarios jerárquicos, poniendo fin al congelamiento que regía sobre esos haberes. La decisión fue justificada por el gobierno bajo el argumento de que los sueldos habían quedado “desactualizados” y que era necesario competir con el sector privado para “retener talento”.

Actualmente, el presidente percibe un salario superior a los 4 millones de pesos, mientras que los ministros rondan los 3,5 millones, cifras que, si bien desde Balcarce 50 comparan con las dietas legislativas, contrastan de manera directa con la rigidez aplicada al resto del entramado social.

Críticas sindicales y acusaciones de “casta”

Las reacciones no tardaron en llegar. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), su secretario General, Rodolfo Aguiar, calificó de “obsceno” el incremento salarial del 89,8 por ciento otorgado a los funcionarios del poder ejecutivo y denunció que el gobierno “no vino a destruir el estado, sino a servirse de él”.

“Para los funcionarios las paritarias no tienen techo. Estamos frente a un salariazo de la patronal en el sector público”, afirmó Aguiar, al tiempo que sostuvo que el ejecutivo se garantiza ingresos “exorbitantes” mientras los trabajadores no llegan a fin de mes y los jubilados “pasan hambre”.

Javier Milei junto al director de Finanzas de The Coca-Cola Company, John Murphy, y el presidente de la Unidad Operativa de América Latina de la compañía, Bruno Pietracci.

Las críticas sindicales refuerzan una percepción que comienza a extenderse: el discurso anti-casta pierde fuerza cuando se lo contrasta con decisiones administrativas que aseguran privilegios y comodidad para quienes gobiernan, incluso en medio de una crisis que el propio oficialismo define como terminal.

Un gesto político que excede el monto

Más allá del monto puntual, la licitación por bebidas encargada por Karina Milei adquiere relevancia por su carga simbólica. No se trata de una inversión estratégica ni de un gasto impostergable, sino de consumos cotidianos financiados por el estado en un momento en el que millones de argentinos ajustan hasta lo básico.

La pregunta que subyace no es sólo cuánto se gasta, sino qué mensaje transmite el gobierno cuando, mientras exige sacrificios a la sociedad, habilita gastos superfluos y recomposiciones salariales en la cima del poder.

En tiempos de ajuste extremo, cada decisión administrativa se convierte en un gesto político. Y en este caso, el mensaje parece claro: la austeridad tiene límites bien definidos, y no siempre alcanzan a quienes gobiernan. (www.REALPOLITIK.com.ar)