A través de un empresario larretista, Victoria Villarruel renueva mobiliario del Senado de la Nación

Mientras millones de argentinos ajustan gastos básicos y postergan consumos esenciales, el Senado de la Nación Argentina decidió cerrar 2025 con una señal difícil de explicar hacia afuera. El pasado 29 de diciembre, en pleno clima de tensión social por los aumentos salariales que los propios legisladores se asignaron, se llevó adelante la apertura de ofertas de la contratación directa 55/2025, destinada a la compra de sillas nuevas para funcionarios, por un monto total de 20.561.722 de pesos.

La escena resulta, como mínimo, discordante. En un país con jubilaciones que pierden sistemáticamente contra la inflación, salarios privados en retroceso real y consumo en caída, la cámara que preside Victoria Villarruel avanzó sin sobresaltos en una compra que parece más propia de tiempos de bonanza que de emergencia económica.

Una licitación con un solo oferente

La contratación directa incluyó la invitación a nueve empresas, pero finalmente solo una presentó oferta: Prodmobi SA, que quedó así como única candidata para proveer el mobiliario. La falta de competencia real no pasó inadvertida, sobre todo teniendo en cuenta el monto involucrado y la naturaleza del gasto.

El acta de apertura de ofertas fue firmada, entre otros funcionarios, por Sergio Laulhé. El dato suma sensibilidad política a una operación que ya de por sí genera ruido puertas afuera.

Antecedentes que incomodan

Prodmobi SA es una empresa que históricamente ha sido vinculada a negocios con el estado y a relaciones políticas que despiertan interrogantes. La compañía, presidida por Daniel Cwirenbaum —con Mauro Cwirenbaum y Cecilia Bonelli como directores—, ya había quedado en el centro de la polémica en 2021, cuando su titular se mostró públicamente apoyando la campaña de Horacio Rodríguez Larreta junto a figuras clave de Juntos por el Cambio como Emiliano Yacobitti, Diego Santilli, Martín Lousteau y Miguel Ángel Pichetto.

Visitamos en Avellaneda la empresa @Grupoa2arg. Producen mobiliario de oficinas que se vende en nuestro país y en el resto de Latinoamérica, empleando a más de 200 personas.
Una empresa innovadora que genera empleo de calidad. pic.twitter.com/hhNy3DLJd6

— Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) October 22, 2021

Apenas un mes después de las recorridas y fotos de campaña, la firma del Grupo(a)² resultó adjudicataria de una parte sustancial de la licitación pública 623-0979-LPU21 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la resolución 5175/MHFGC/21, por un monto de 14.278.677 pesos. El contrato contemplaba la provisión de escritorios y sillas para las sedes de Atención al Ciudadano porteñas.

El antecedente reforzó, en su momento, las sospechas sobre la estrecha relación entre apoyo político y acceso a contratos estatales, una dinámica que hoy vuelve a quedar bajo la lupa tras la adjudicación directa del Senado, esta vez sin competencia real y por un monto aún mayor.

Dietas multimillonarias

La compra de sillas se da en paralelo a un proceso que puso al Senado en el centro de la tormenta: el nuevo aumento de las dietas legislativas, que desde noviembre superan los 10,2 millones de pesos brutos mensuales.

El rulo perfecto: proveedores del estado apoyando candidatos.

El mecanismo, aprobado en silencio en abril de 2024, ató los haberes de los senadores a los módulos salariales de los empleados del Congreso, sumando adicionales por gastos de representación, desarraigo y una dieta extra anual. Aunque algunos legisladores renunciaron formalmente a los incrementos, la cámara quedó partida en mitades, con gran parte del kirchnerismo sosteniendo los aumentos.

El contraste es evidente: mientras se discute públicamente si los senadores deben o no cobrar cifras millonarias, el Senado avanza en gastos internos que refuerzan la percepción de desconexión con la realidad cotidiana de la mayoría de los argentinos. (www.REALPOLITIK.com.ar)