Los fundamentos del régimen oligárquico en la Argentina

Mitre utilizó las rentas públicas para granjearse el apoyo de las dirigencias provinciales, mecanismo que sería aplicado en adelante por sus sucesores. Esta política de cooptación también incluyó numerosas obras públicas, que se convertían en negocios brillantes para los empresarios porteños o extranjeros. En Buenos Aires se construyó la primera línea férrea durante la gobernación de Mitre en 1857, y bajo su presidencia se avanzó con el trazado nacional, con un sistema de abanico cuya finalidad consistía en comunicar rápidamente los espacios productivos con el puerto, para favorecer las exportaciones.

Sin embargo, las cuentas públicas mostraban un deterioro considerable debido a la tradicional política del liberalismo argentino de “vivir de prestado”, pagando altos intereses por un endeudamiento frecuentemente innecesario, y por la incapacidad recaudatoria de un estado diseñado para favorecer la evasión fiscal de los más poderosos.

Avellaneda, ante la gravedad de la situación producida por la crisis de 1873-1876, lanzó el primer plan de brutal ajuste de la historia argentina: se debía “ahorrar con el hambre y la sed de los argentinos”.

El rojo de las cuentas era tal que la campaña de Roca debió ser financiada con la venta anticipada de las tierras a conquistar, mediante la suscripción de 4.000 bonos de 400 pesos, cada uno de los cuales daba derecho a 2.500 hectáreas. De este modo, un total de 10 millones de hectáreas fueron vendidos por el Estado a comerciantes y estancieros bonaerenses en forma previa a la conquista. Las tierras que no fueron objeto de preventa se remataron en Londres y París en 1882, en lotes de 40 mil hectáreas cada uno, permitiendo así que se filtraran los primeros terratenientes de esos orígenes en los campos argentinos. Toda esa inmensa superficie pasó a manos de solo 344 propietarios, con un promedio de 31.596 hectáreas cada uno.

Con la llegada de Julio Argentino Roca a la presidencia de la Nación, en 1880, se inicia la etapa del régimen oligárquico en nuestro país. El “régimen” adoptó una serie de prácticas, fundamentos ideológicos y normas legales que le permitieron mantenerse por más de treinta años en el poder. Sin embargo, su funcionamiento no fue armónico, a causa de las crisis que se sucedieron en el marco de un proceso de profundo cambio demográfico y social. Este cambio implicó un incremento de la exigencia de participación efectiva en la vida política del país por parte de las crecientes clases medias y también un avance de la protesta obrera, impulsada por la masiva inmigración que se articulaba en organizaciones anarquistas y socialistas.

Fruto del fraude, el régimen fue un instrumento político al servicio de la alianza entre la oligarquía terrateniente y el capital británico. Tres cuestiones resultaron acuciantes al inicio de esta etapa: garantizar la integridad territorial, construir una identidad nacional y organizar un régimen político sólido.

En lo referido a la integridad territorial, resultaba indispensable definir los límites internacionales e interprovinciales, y eliminar los últimos focos de oposición al consenso oligárquico. En ese sentido, se encargaron de la ocupación efectiva de la Patagonia y de los territorios argentinos pretendidos por Chile. En 1881 se concretó la conquista de Río Negro y, para 1882, la Campaña de los Andes garantizó el control sobre Neuquén. A principios de 1885, concluyó la conquista del Chubut, aunque los últimos focos de resistencia nativa recién fueron eliminados en 1888.

La construcción de una identidad nacional, suprimiendo las identidades culturales y étnicas preexistentes, fue considerada por la dirigencia oligárquica como una condición esencial para posibilitar la gobernabilidad de una población heterogénea. La invención de una cultura, de una lengua y de un pasado común comportó una fabulosa herramienta de control social, que apuntaba a instalar como sentido común el derecho de esa oligarquía a conducir por su cuenta a la Nación y definir su futuro, prescindiendo de la opinión y de la participación de las grandes mayorías. Para adoctrinar a los niños en los valores dispuestos por la dirigencia y convertir en argentinos a los hijos de los inmigrantes, la Ley 1.420, de Educación Común, obligatoria y gratuita (1884), jugó un papel fundamental. La creación del Consejo Nacional de Educación (1882) permitió distribuir fondos que permitieron la multiplicación de las escuelas primarias a lo largo del país.

En cuanto a la cuestión del régimen político, la federalización de Buenos Aires, concretada en 1880, se acompañó de la sanción de la Ley de Organización de la Justicia de la Capital Federal (1881) y de la Ley de Organización de la Municipalidad de Buenos Aires (1882). En este marco se desarrolló una política de laicización que apuntó a despojar a la Iglesia de funciones que hasta entonces desempeñaba y que implicaban competencias naturales del Estado nacional, a través de la creación del Registro Civil, la reunión de un Congreso Pedagógico (1882), la Ley Universitaria (1883), la Ley de Matrimonio Civil (1883) y la Ley 1.420, de Educación Común (1884).

De este modo, para la década de 1880 la arquitectura de la Argentina moderna quedaba consolidada con una matriz colonial y dependiente, acorde con las ideas formuladas por la Generación de 1837 y que Juan Manuel de Rosas había conseguido retardar, pero no impedir. (www.REALPOLITIK.com.ar)