El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires resolvió aprobar la rendición de cuentas 2024 de la municipalidad de Brandsen, a cargo del intendente Fernando Raitelli, aunque lo hizo dejando constancia de graves incumplimientos legales, administrativos y contables, varios de los cuales derivaron en sanciones formales
El fallo, identificado como 773/2025, expone una larga serie de observaciones que, si bien no alcanzaron para desaprobar la rendición, evidencian deficiencias estructurales en el manejo del estado municipal.
Entre las observaciones que el Tribunal decidió mantener firmes, se destacan:
- Falta de instrumentación de sistemas administrativos, incumpliendo normas básicas de control interno.
- Ausencia de anexos obligatorios del sistema RAFAM en la ordenanza presupuestaria, lo que impide una adecuada lectura y control del presupuesto.
- Existencia de cuentas del activo con saldo acreedor, una anomalía contable que contradice principios elementales de la administración financiera pública.
- Errores en el tratamiento presupuestario de la deuda flotante y de los fondos al cierre del ejercicio anterior, con diferencias entre lo presupuestado y los saldos reales, incumpliendo el artículo 16 del decreto 2980/2000 y normas complementarias
En este último punto, el Tribunal fue explícito: las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio resultaron defectuosas, generando inconsistencias que no pudieron ser justificadas de manera satisfactoria por el ejecutivo.
Uno de los capítulos más sensibles del fallo tiene que ver con el pago de numerosos conceptos salariales no remunerativos, abonados sin el respaldo normativo correspondiente.
El Tribunal detalló una extensa lista de bonificaciones y adicionales pagados al personal municipal sin que se acreditara el acto administrativo que los autorice, pese a que la legislación vigente establece que toda escala salarial debe fijarse por convenio colectivo u ordenanza.
Ante esta situación, el HTC resolvió dar intervención al Instituto de Previsión Social (IPS) y al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), dejando asentado que podría existir responsabilidad futura de las autoridades municipales ante eventuales reclamos previsionales o sanitarios
Otro eje central del fallo apunta al Honorable Concejo Deliberante de Brandsen, que no trató la rendición de cuentas dentro del plazo legal de 60 días, tal como exige el artículo 23 de la ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.

Si bien varios concejales presentaron descargos y el Tribunal resolvió eximir de responsabilidad al conjunto del cuerpo, la sanción recayó sobre el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Antonio Caraballo, a quien se le imputó la responsabilidad institucional por la falta de convocatoria en tiempo y forma.
El fallo no impone sanciones directas al intendente Fernando Raitelli, pero sí deja claro que la administración municipal bajo su conducción incurrió en incumplimientos reiterados de la normativa financiera y contable.
Además, el Tribunal dejó expresamente asentado que las autoridades deberán asumir la responsabilidad que pudiera corresponder ante eventuales actuaciones de otros organismos de control, especialmente en materia previsional y de aportes, lo que deja abierta la puerta a futuras consecuencias administrativas o patrimoniales
Como resultado del análisis del expediente, el Tribunal de Cuentas resolvió aplicar las varias sanciones.
Por un lado, amonestación al secretario de Economía, Hacienda y Administración, Federico Mariano Cagnani; a la contadora municipal, Karina Fabiana Peñalvel; y a la directora de Presupuesto, María Laura Giovannone.
Por otro, multó por un monto de 280 mil pesos al presidente del Concejo, Daniel Antonio Caraballo, quien deberá depositar el importe en la cuenta fiscal del Tribunal dentro del plazo establecido
Aunque la rendición de cuentas fue aprobada, el fallo deja un mensaje claro: la municipalidad de Brandsen administra con debilidades estructurales, incumplimientos normativos y fallas de control que, de persistir, podrían derivar en sanciones más severas en el futuro.
La sentencia funciona así menos como un aval político y más como una advertencia institucional sobre la forma en que se gestionan los recursos públicos en el distrito. (www.REALPOLITIK.com.ar)