Ituzaingó: Un reciente fallo expone un déficit superior a los 2.900 millones de pesos

El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires aprobó formalmente la rendición de cuentas 2024 del municipio de Ituzaingó. Sin embargo, el fallo dista mucho de representar un aval a la gestión: el organismo de control confirmó irregularidades graves, aplicó sanciones disciplinarias y económicas, y multó directamente al intendente Pablo Catriel Descalzo, además de a funcionarios clave del área económica y contable 

La sentencia deja en claro un punto central: las cuentas pueden aprobarse, pero la gestión puede ser sancionada.

Un ejercicio atravesado por incumplimientos estructurales

Durante el ejercicio 2024, el Tribunal detectó una serie de irregularidades que no fueron subsanadas y quedaron expresamente asentadas en la resolución final. Entre las más relevantes se destacan:

- Falta de instrumentación adecuada de los sistemas de administración de los recursos financieros y reales, exigidos por el decreto 2980/2000.

- Incumplimiento de normas básicas de administración financiera, particularmente en materia de registración, control y respaldo documental.

- Diferencias de saldos contables y bancarios, sin respaldo suficiente.

- Uso de fondos con afectación específica para cubrir gastos ordinarios, incrementando la renta ordinaria indivisible negativa.

- Resultado presupuestario y financiero negativo, con un déficit que superó los 2.900 millones de pesos.

- Excesos presupuestarios sin compensación válida al cierre del ejercicio, por más de 4.270 millones, luego convalidados por el Concejo Deliberante sin norma legal vigente que habilitara ese procedimiento al momento del análisis del Tribunal.

Estas irregularidades, lejos de ser formales, fueron consideradas sustanciales y pasibles de sanción, conforme a la ley Orgánica de las Municipalidades y a la ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.

La responsabilidad política no quedó diluida

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que el Tribunal no circunscribió las responsabilidades a áreas técnicas, sino que avanzó explícitamente sobre la cadena de conducción política y administrativa del municipio.

El HTC analizó descargos del intendente, secretarios, contadores, responsables de recursos humanos y autoridades del Concejo Deliberante, y dejó asentado que la aprobación de las cuentas no exime de responsabilidad a los funcionarios involucrados.

A diferencia de otros fallos donde las observaciones quedan en abstracto, en este caso el Tribunal resolvió aplicar sanciones concretas, tal como lo establece el artículo tercero de la resolución, en base a los considerandos quinto (apartado 1), octavo y décimo.

El HTC dispuso aplicar amonestación a:

- Ximena Alejandra Santarossa, subsecretaria de Recursos Humanos y responsable del Sistema de Administración de Personal, por incumplimientos vinculados a la gestión y control de la planta municipal.

- Sonia Elena Giménez, secretaria de Economía y Hacienda, por su responsabilidad funcional en el desequilibrio financiero del ejercicio.

Estas sanciones disciplinarias quedan asentadas como antecedente administrativo.

El fallo también aplicó multas patrimoniales, individualizadas y firmes:

- Estefanía Edith Olivera, contadora municipal y responsable del Sistema de Contabilidad: 280 mil pesos.

- Marcelo Saúl Martinelli, secretario de Economía y Hacienda (en distintos períodos de 2024): 280 mil.

- Pablo Catriel Descalzo, intendente municipal de Ituzaingó: 300 mil.

La multa al jefe comunal fue aplicada en su carácter de máxima autoridad del departamento ejecutivo, conforme al artículo 16 de la ley 10.869, lo que implica que el Tribunal consideró acreditada su responsabilidad directa en las irregularidades observadas.

Expedientes abiertos y responsabilidades en suspenso

Además de las sanciones ya aplicadas, el Tribunal resolvió mantener en suspenso el análisis de determinadas erogaciones, como becas deportivas y subsidios a entidades, cuya rendición de cuentas no fue presentada o resultó insuficiente.

En esos casos, el fallo es explícito: los funcionarios intervinientes no deben considerarse exentos de responsabilidad hasta tanto se complete la documentación exigida o se acrediten acciones legales para la recuperación de los fondos.

El mensaje político del Tribunal de Cuentas es inequívoco: la rendición fue aprobada desde el punto de vista formal, pero la gestión fue observada, sancionada y multada.

Con un intendente multado, funcionarios económicos sancionados y un municipio bajo seguimiento por desequilibrio financiero, el fallo sobre Ituzaingó deja expuesto que la aprobación de las cuentas no implicó absolución, sino todo lo contrario: confirmó irregularidades y fijó responsabilidades concretas. (www.REALPOLITIK.com.ar)