En pleno siglo XXI, San Cayetano todavía realiza conciliaciones bancarias de forma manual

El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires aprobó la rendición de cuentas 2024 de la municipalidad de San Cayetano, pero lo hizo dejando un extenso y preocupante listado de observaciones, reparos y reservas que exponen fallas estructurales en la administración municipal, incumplimientos reiterados de la normativa vigente y responsabilidades directas de los principales funcionarios del ejecutivo local, incluido el intendente Miguel Ángel Gargaglione.

La sentencia del Tribunal, dictada en diciembre de 2025, avala formalmente las cuentas del ejercicio 2024, aunque aclara que dicha aprobación no implica una convalidación plena de la gestión. Por el contrario, el fallo deja constancia expresa de incumplimientos legales y reglamentarios, deficiencias contables persistentes y situaciones que quedaron en suspenso por no haber sido debidamente subsanadas.

En términos políticos y administrativos, el mensaje es claro: la municipalidad cumplió con los números formales, pero falló en los procedimientos, los controles internos y la correcta registración de actos de gobierno y movimientos financieros.

Conciliaciones bancarias deficientes

El organismo de control volvió a observar que el municipio continúa realizando conciliaciones bancarias de forma manual, sin utilizar plenamente las herramientas del sistema RAFAM, pese a que esta deficiencia ya había sido señalada en ejercicios anteriores. Esta práctica vulnera normas básicas de control financiero y dificulta la trazabilidad y transparencia de los movimientos de fondos.

La gravedad de esta observación excede largamente lo técnico. Cuando las conciliaciones bancarias están mal realizadas o incompletas, el estado pierde la certeza básica sobre su propio dinero: no puede asegurarse que los fondos existan realmente, ni cuánto efectivo tenía disponible en cada momento. Esa falencia debilita todo el sistema de control interno y vuelve prácticamente imposible detectar a tiempo errores, desvíos o maniobras irregulares.

El Tribunal de Cuentas es explícito en este punto: no se trata de un hecho aislado, sino de una irregularidad reiterada a lo largo de varios ejercicios, pese a advertencias previas. A diferencia de otros incumplimientos -como bienes mal inventariados o créditos deficientemente certificados, que pueden corregirse a posteriori-, una conciliación bancaria defectuosa impacta directamente sobre el efectivo, el recurso más sensible del estado.

Por este incumplimiento, el Tribunal formuló reparos específicos y consideró que las explicaciones brindadas por los funcionarios no resultaron suficientes, confirmando la observación.

Bienes públicos mal registrados y sin revalúo

Otro punto crítico fue la administración de los bienes físicos. El Tribunal detectó diferencias millonarias entre los registros contables y el inventario de bienes, particularmente en obras en proceso tanto de dominio público como privado.

Si bien durante el trámite del expediente se realizaron ajustes contables para compatibilizar los saldos, el municipio no acreditó haber efectuado el revalúo de los bienes preexistentes, una obligación largamente incumplida y reiterada en ejercicios anteriores.

Créditos municipales sin respaldo suficiente

El fallo también confirma observaciones sobre el rubro “deudores no tributarios”, donde los montos expuestos en el balance general no coincidían con las certificaciones de deuda presentadas posteriormente. La falta de documentación respaldatoria adecuada dejó en evidencia debilidades en el sistema de ingresos públicos y en la consistencia de la información contable.

Fondos pendientes de recupero

El Tribunal dejó en suspenso el tratamiento de varios expedientes vinculados al recupero de fondos, entre ellos:

- El reclamo por daños ocasionados a bienes municipales en una rotonda de la ciudad, cuyo cobro efectivo aún no fue acreditado.

- El conflicto judicial con Delta Constructora SA y la aseguradora Aseguradores de Cauciones SA por la rescisión de un contrato de obra pública para la construcción de viviendas, con más de 300 millones reclamados y sin ingresos efectivos acreditados a las arcas municipales.

En ambos casos, el Tribunal consideró que las gestiones realizadas no alcanzan para eximir de responsabilidad a los funcionarios y mantuvo abiertas las observaciones hasta tanto se produzca un recupero concreto o una resolución judicial definitiva.

Municipalidad de San Cayetano.

La responsabilidad del intendente y su gabinete

El fallo no deja lugar a interpretaciones ambiguas respecto de las responsabilidades políticas y administrativas. El Tribunal de Cuentas imputó directamente al intendente Miguel Ángel Gargaglione por incumplimientos vinculados a la administración de bienes públicos, señalando falencias que exceden lo meramente técnico y alcanzan el plano de la conducción política de la comuna.

Junto al jefe comunal, también fueron alcanzados por observaciones y sanciones el contador municipal Sebastián Chiaradia, como responsable de los sistemas de bienes físicos e ingresos públicos; y el tesorero municipal Oscar Iván Ordóñez, por deficiencias en los procesos de conciliación y control de fondos. Además, otros funcionarios del ejecutivo quedaron bajo observación en los expedientes mantenidos en suspenso, sin que ello implique su exoneración de responsabilidad futura.

Un dato clave del fallo es que el Tribunal de Cuentas no aplicó multas económicas, sino sanciones de tipo administrativo. Si bien estas sanciones no tienen impacto patrimonial directo, sí constituyen antecedentes formales en el legajo de los funcionarios y refuerzan el carácter reiterado de las irregularidades señaladas.

Un llamado de atención político

Más allá del tecnicismo contable, el fallo del Tribunal de Cuentas expone un patrón de gestión: problemas que se repiten año tras año, observaciones que se subsanan parcialmente y expedientes que se prolongan sin resolución definitiva.

La aprobación formal de las cuentas no alcanza para disipar el trasfondo político del pronunciamiento: San Cayetano cerró el ejercicio 2024 con números en orden, pero con una administración cuestionada en sus prácticas, controles y capacidad de resguardar el patrimonio público.

El fallo funciona así como una advertencia institucional y un límite explícito a una forma de gestión que, aunque no derivó en sanciones económicas, quedó seriamente objetada por el máximo órgano de control de las finanzas públicas bonaerenses. (www.REALPOLITIK.com.ar)