Punta Indio: Catarata de multas por romper la cadena de control del estado

El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires aprobó la rendición de cuentas 2024 de la municipalidad de Punta Indio, pero lo hizo dejando asentado un conjunto significativo de observaciones, reparos y cargos que exponen falencias estructurales en la administración municipal, incumplimientos a la normativa vigente y responsabilidades políticas y administrativas que alcanzan tanto a los intendentes que se sucedieron durante el ejercicio como a funcionarios clave del área económica.

El ejercicio 2024 estuvo marcado por una inusual rotación en la conducción del ejecutivo local. La administración municipal estuvo a cargo de David Angueira durante gran parte del año, con una interrupción en la que asumió Gustavo Omar Barbe, quien luego volvió a ocupar el cargo en el tramo final del ejercicio.

Este dato no es menor: el Tribunal analizó la rendición considerando la responsabilidad de ambos jefes comunales, dejando en claro que la fragmentación política de la gestión no exime a ninguno de ellos de responder por las irregularidades detectadas.

El núcleo de las observaciones no se agota en errores administrativos aislados. Durante el ejercicio analizado, el ejecutivo municipal incurrió en un manejo irregular de fondos con afectación específica, registró deficiencias graves en la contabilidad y el patrimonio, y no respaldó adecuadamente gastos ni créditos, configurando un esquema de administración defectuoso. A ello se suma un dato central: esas irregularidades no fueron corregidas internamente ni frenadas a tiempo, se repitieron pese a normas claras y advertencias previas, y tampoco fueron observadas con firmeza por los órganos políticos de control. En ese contexto, el Tribunal consideró especialmente grave que el Concejo Deliberante de San Cayetano haya aprobado la rendición de cuentas sin advertir ni dejar constancia de esas falencias, convalidando un manejo objetado de los fondos públicos y quebrando así la cadena básica de control institucional que justifica la aplicación de sanciones.

Irregularidades administrativas y contables

Del análisis de la rendición surgen múltiples observaciones vinculadas al manejo de recursos, la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los procedimientos formales. Entre los puntos más relevantes señalados por el Tribunal de Cuentas se destacan:

- Deficiencias en la administración financiera: El organismo de control observó inconsistencias en la registración y ejecución de partidas presupuestarias, así como desajustes entre los créditos autorizados y los gastos efectivamente devengados. Estas falencias afectan la transparencia del uso de los fondos públicos y dificultan el control real de la ejecución presupuestaria.

- Manejo irregular de recursos afectados: El fallo advierte incumplimientos en la correcta aplicación de fondos con afectación específica, una obligación central en la administración pública. La utilización de estos recursos sin la debida correspondencia o sin acreditación documental suficiente constituye una infracción a las normas que regulan el destino de fondos provinciales y municipales.

- Observaciones en la rendición de gastos: El Tribunal formuló reparos por gastos que no contaban con la totalidad de la documentación respaldatoria exigida por el reglamento de contabilidad, dejando en evidencia debilidades persistentes en los circuitos administrativos y de control interno del municipio.

Bienes municipales y registración patrimonial

Otro eje crítico del fallo refiere a la administración de los bienes físicos del municipio. El Tribunal detectó deficiencias en los registros patrimoniales, inconsistencias en los inventarios y falta de actualización en la valuación de bienes, una observación que se repite en numerosos municipios y que, en Punta Indio, volvió a quedar sin una solución integral.

Estas falencias impactan directamente en la correcta determinación del patrimonio municipal y en la responsabilidad de los funcionarios encargados de su resguardo.

Responsabilidad de los intendentes y funcionarios

El Tribunal de Cuentas fue explícito al distribuir responsabilidades. Tanto Leonardo David Angueira como Gustavo Omar Barbe fueron alcanzados por observaciones en su carácter de intendentes durante el ejercicio 2024, en función de su rol como máximas autoridades administrativas y responsables políticos de la gestión.

Asimismo, el fallo alcanza a funcionarios del área económica y financiera, en particular a quienes tenían a su cargo la contabilidad, la tesorería y la administración de los recursos, por incumplimientos vinculados a la registración, control y rendición de los fondos públicos. 

Los funcionarios con amonestación administrativa son:

- Fernando Hernán De Juan, responsable del Sistema de Presupuesto Público.

- Damián Alberto Quetglas, tesorero municipal y responsable del Sistema de Tesorería.

- Gustavo Omar Barbe, intendente municipal durante parte del ejercicio 2024.

Los funcionarios y concejales con multas económicas son:

- Leonardo David Angueira, intendente municipal: multa de 315 mil pesos.

- Pamela Coccaro, secretaria de Gobierno y Finanzas y responsable de los sistemas de Presupuesto e Ingresos Públicos: multa de 315 mil.

- María Alejandra Bordenave, contadora municipal y responsable del Sistema de Contabilidad: multa de 325 mil.

- Gerardo Aníbal Landa, concejal: multa de 280 mil.

- Ana María Szpitalnik, concejal: multa de 280 mil.

- Lucas Ezequiel Foti, concejal: multa de $280 mil.

- Melisa Yanina Franzoni, concejal: multa de 280 mil.

- Alberto Luciano Caprile, concejal: multa de 280 mil.

Vale destacar que las amonestaciones constituyen antecedentes administrativos relevantes y dejan asentada la reiteración de prácticas irregulares que, de persistir, podrían derivar en sanciones más severas en futuros ejercicios.

Gustavo Omar Barbe, otro de los sancionados.

Un llamado de atención político e institucional

Más allá del detalle técnico, el fallo del Tribunal de Cuentas funciona como una advertencia política para la conducción municipal de Punta Indio. La aprobación formal de la rendición no logra ocultar un patrón de gestión marcado por desorden administrativo, controles internos débiles y una administración que no logra corregir observaciones que se repiten año tras año.

En definitiva, Punta Indio cerró el ejercicio 2024 con las cuentas aprobadas, pero con una gestión seriamente cuestionada por el máximo órgano de control de las finanzas públicas bonaerenses, que dejó en claro que cumplir con los números no alcanza cuando fallan los procedimientos y la responsabilidad política. (www.REALPOLITIK.com.ar)