Fuentes internas de la dirección provincial de Automotores y Embarcaciones Oficiales (DAEO) expresaron su creciente preocupación por una serie de irregularidades administrativas y operativas vinculadas al estado de vehículos oficiales que se encuentran en depósitos del organismo y que, según lo previsto, serían enviados a compactación antes de fin de mes.
De acuerdo a los testimonios recogidos por este medio, en la sede de la DAEO, ubicada en la intersección de las calles 3 y 523, se observan numerosos automotores en desuso con faltantes notorios de piezas, particularmente ruedas, espejos y otros repuestos de alto valor de mercado. Parte de este material fue registrado en videos a los que tuvo acceso REALPOLITIK, donde se evidencian unidades estacionadas sin neumáticos y con elementos desmontados, una situación que resulta llamativa incluso tratándose de vehículos dados de baja.
Según relatan trabajadores del área, existiría una urgencia inusual por avanzar con la compactación de estos vehículos, lo que, lejos de aportar claridad, habría incrementado las dudas internas. En particular, señalan que no todos los automóviles contarían con la documentación completa exigida para ese procedimiento, lo que podría explicar la premura por retirar las unidades del circuito administrativo.
La compactación de vehículos oficiales no solo implica la eliminación física de los rodados, sino también el cierre definitivo de cualquier posibilidad de verificación posterior sobre su estado, algo que, en este contexto, genera inquietud entre los empleados que vienen alertando sobre el faltante sistemático de piezas.
Las fuentes consultadas indicaron que estas situaciones habrían sido planteadas en reiteradas oportunidades en reuniones internas, e incluso elevadas de manera informal a autoridades superiores del organigrama provincial. Sin embargo, aseguran que no se avanzó con medidas concretas, como apartamientos preventivos, sumarios administrativos o auditorías específicas.
Uno de los puntos que más incomodidad genera dentro del organismo es la existencia de roles jerárquicos ejercidos de hecho, sin designaciones administrativas formales, pero con control operativo sobre áreas sensibles, como depósitos y accesos. En ese marco, se menciona que ciertas personas contarían incluso con llaves de portones y permanencia en los galpones fuera del horario habitual, una situación que, de ser así, debería estar debidamente justificada y documentada.
Otro aspecto que emerge con fuerza en los testimonios es el contraste entre el nivel de control aplicado a los choferes oficiales -especialmente en materia de rendición de combustible- y la aparente falta de supervisión efectiva sobre el resguardo físico de los vehículos fuera de servicio.
Cabe recordar que el sistema de carga de combustible se encuentra altamente trazado, con tarjetas nominadas, validación por patente y PIN personal, lo que limita al mínimo cualquier margen de maniobra irregular. Pese a ello, denuncian que el foco de los controles suele recaer sobre esos trabajadores, mientras que el desguace progresivo de vehículos completos ocurriría a la vista de todos.
La situación actual remite inevitablemente a un antecedente reciente. En junio de 2023, REALPOLITIK reveló el caso del funcionario Alejandro Salgueiro, quien fue filmado sustrayendo ruedas de autos oficiales en desuso dentro del área de Bienes y Servicios, por entonces a cargo de Federico Signorini. Aquella denuncia derivó en un expediente administrativo y generó un fuerte revuelo interno, aunque sin consecuencias penales conocidas.
Ese episodio dejó al descubierto fallas estructurales en los mecanismos de control, así como una cultura organizacional donde las alertas internas no siempre derivan en acciones concretas. Para muchos trabajadores de la DAEO, el recuerdo de aquel caso refuerza la sensación de que los problemas se repiten sin correcciones de fondo.
Otro elemento que aparece en los relatos es el circuito económico asociado a la compactación, un proceso que involucra empresas privadas, valuación del material y retornos porcentuales al estado. La falta de herramientas independientes para verificar peso, volumen y composición de lo compactado abre interrogantes sobre la trazabilidad real de esos recursos, especialmente cuando los vehículos llegan al final del proceso ya despojados de piezas clave.
Por el momento, no existen denuncias penales formales ni registros audiovisuales que muestren de manera directa la sustracción de repuestos por parte de personas identificables. Sin embargo, la reiteración de faltantes, la inacción ante advertencias internas y la aceleración de la compactación configuran un cuadro que amerita, cuanto menos, una revisión exhaustiva por parte de los organismos de control y de la propia secretaría General de la provincia de Buenos Aires, que conduce Agustina Vila.
Lejos de apuntar responsabilidades individuales, los trabajadores consultados coinciden en una demanda básica: reglas claras, controles efectivos y decisiones que protejan el patrimonio público. En un contexto de ajuste y escasez de recursos, el estado de los bienes del estado vuelve a colocarse en el centro del debate. (www.REALPOLITIK.com.ar)