Ministerio de Seguridad: Con Alejandra Monteoliva, persisten las denuncias de abusos en la PSA

Una denuncia anónima que llegó a la redacción REALPOLITIK describe un cuadro interno de fuerte deterioro institucional dentro de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOSP) de Salta de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), marcado por prácticas de hostigamiento, persecución laboral, uso discrecional de herramientas de control y decisiones operativas que, lejos de mejorar el funcionamiento del servicio, habrían profundizado el miedo, el desgaste psicológico y el desorden interno.

El denunciante -que solicita expresamente resguardar su identidad por temor a represalias- advierte que el clima actual se volvió "insostenible" y que las conductas señaladas no responden a episodios aislados ni a conflictos personales, sino a prácticas reiteradas, conocidas por el personal con mayor antigüedad y presenciadas por distintas guardias. El temor a sanciones, traslados o represalias internas aparece como un factor central que inhibe cualquier reclamo formal.

La presentación cobra especial relevancia en el contexto actual del ministerio de Seguridad nacional, hoy a cargo de Alejandra Monteoliva, quien asumió en diciembre de 2025 tras la desvinculación de Patricia Bullrich y ratificó una línea de "mano dura" y reestructuración de las fuerzas federales. Sin embargo, lejos de fortalecer el profesionalismo, este nuevo capítulo vuelve a encender alertas sobre viejas prácticas de disciplinamiento interno y abuso de poder que persisten dentro de la PSA.

Señalamientos contra oficial jefe

Uno de los principales apuntados en la denuncia es el oficial jefe Miguel Paz, jefe de Logística y actualmente designado como interino a cargo de la UOSP Salta. Según testimonios, desde su asunción habría comenzado a desplegar conductas reiteradas de persecución, acoso y hostigamiento hacia el personal policial.

Entre los hechos más graves se detalla que Paz se presenta de manera personal antes del horario oficial de ingreso y, sin orden escrita ni aval de autoridad superior, controla las llegadas del personal utilizando un cuaderno o libro personal no autorizado. En ese registro informal anota a quienes, según su criterio individual, habrían llegado tarde.

Este mecanismo de control carecería de todo respaldo institucional: no cuenta con aval del jefe de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria (URSA), ni de ninguna estructura formal del Centro de Análisis, Comando y Control de la Seguridad Aeroportuaria (CEAC) o de la PSA. Incluso el reloj utilizado para constatar los horarios no se encontraría certificado ni homologado, dejando todo el procedimiento librado a la voluntad personal del funcionario.

La denuncia agrega que el oficial jefe habría amenazado con aplicar sanciones disciplinarias sin consultar a los jefes de turno, incluso en situaciones donde los movimientos del personal estaban debidamente autorizados. Se mencionan casos en los que se imputaron supuestos abandonos de puesto pese a existir órdenes claras que habilitaban esos desplazamientos.

Desde que asumió la jefatura interina, también se habrían impuesto directivas que afectan de manera directa a los jefes de turno. Entre ellas, la revocación de la facultad de autorizar ingresos tardíos o retiros anticipados por razones de salud o situaciones personales. Actualmente, el personal debe comunicarse directamente con el área de Operaciones o presentar notas a través del sistema GDE para justificar cualquier demora o retiro, aún cuando ya hayan cumplido su jornada reglamentaria de seis horas.

Según el denunciante, esta medida genera serias complicaciones logísticas y familiares, especialmente en aquellos casos en los que ambos integrantes de una pareja pertenecen a la PSA y deben coordinar el cuidado de hijos menores. Como agravante, se estableció que la tercera llegada tarde sería causal automática de sanción disciplinaria.

El trato cotidiano del oficial jefe Paz es descripto como prepotente, con gritos, malos modos y actitudes intimidantes, tanto hacia subalternos como hacia personal civil. Cualquier cuestionamiento u pedido de explicación suele derivar en reacciones desmedidas, consolidando un esquema autoritario en el que no existe margen para el diálogo.

La denuncia remarca que estas conductas no serían nuevas y que existirían antecedentes similares en otras unidades donde Paz prestó servicio. A ello se suman cuestionamientos sobre su desempeño como jefe de Logística, particularmente en el control de móviles policiales y presuntas irregularidades en facturación, lo que genera alarma respecto al manejo de recursos públicos.

El temor a represalias aparece como un eje central del relato: en apenas tres días de haber asumido como jefe interino, comenzaron las prácticas denunciadas, generando un clima de miedo generalizado ante la posibilidad de sanciones o persecución interna.

Cámaras, hostigamiento y trato desigual

La denuncia también apunta contra la oficial jefe Carolina Alcoba, designada como jefa interina de Operaciones durante 2025. Según el escrito, desde su asunción mantiene conductas reiteradas de hostigamiento, persecución y trato desigual hacia el personal.

En su función dentro del área Aviation Security (AvSec), Alcoba tiene acceso total a las cámaras de seguridad del aeropuerto. De acuerdo al testimonio, ese acceso sería utilizado de manera permanente para vigilar al personal, buscando minuciosamente errores o faltas. Posteriormente, sin exponerse de forma directa, presionaría a los jefes de turno para que sancionen o señalen a los oficiales observados, trasladando la responsabilidad disciplinaria a terceros.

El personal interpreta este uso constante de las cámaras como una herramienta de control y hostigamiento, que excede cualquier finalidad preventiva o de seguridad.

La denuncia agrega un elemento especialmente delicado: en su rol de referente de género, Alcoba habría utilizado esa función como mecanismo de intimidación. Según relatan, habría manifestado en reiteradas oportunidades que denunciaría a jefes o subalternos varones "por cuestiones de género" y que "van a ver quién es ella", generando temor y desaliento ante cualquier intento de reclamo.

De manera contradictoria, el escrito entiende que no brinda acompañamiento real a oficiales mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género en el ámbito personal. En esos casos, se negaría a recibirlas, minimizaría los hechos o se limitaría a remitir actuaciones administrativas sin ofrecer contención ni seguimiento.

Javier Milei y Alejandra Monteoliva.

Tampoco recibiría planteos laborales o personales de los trabajadores a su cargo, evitando el contacto directo y permaneciendo en puestos alejados de su oficina, lo que dificulta cualquier canal de diálogo institucional.

El trato desigual aparece como otro eje de la denuncia. Alcoba buscaría faltas únicamente en oficiales con los que no mantiene afinidad, mientras que a otros les concedería beneficios. Se mencionan situaciones en las que habría autorizado a personal allegado a ingresar con hijos a zonas restringidas, mientras que a otros se les prohíbe de manera estricta.

Resulta particularmente grave que, según el testimonio, la propia oficial jefe concurra durante supervisiones en días feriados acompañada por sus hijos, recorriendo puestos y áreas restringidas sin respetar normas básicas de seguridad.

Paradójicamente, se impartió una orden de prohibir de manera absoluta el ingreso de menores a las instalaciones, incluso en situaciones donde ambos padres integran la PSA y necesitan coordinar el relevo de guardia. Esta medida, lejos de ordenar el servicio, habría generado mayores dificultades en la organización familiar del personal.

La denuncia también señala la autorización de licencias fuera de término, cuando ya se encontraban cerradas, permitiendo que algunos oficiales se retiren y además obtengan francos adicionales. Asimismo, se habrían habilitado cambios de turno sin planillas ni respeto de horarios, provocando confusión operativa al punto de que los jefes de turno desconocen con certeza quién se encuentra efectivamente de guardia.

Otro aspecto de extrema gravedad es la desestimación de reclamos verbales y escritos vinculados al trato degradante de una auxiliar de turno, señalada por utilizar lenguaje ofensivo y humillante contra subalternos. Según el denunciante, la inacción de la jefatura sugeriría una protección deliberada hacia personal afín y la coordinación de represalias contra quienes formalizan reclamos.

Finalmente, se menciona el uso indebido de cámaras de seguridad para perseguir a una oficial femenina en particular, sin orden judicial ni justificación funcional, y la ausencia total de conducción durante fines de semana, cuando la jefa interina no respondería llamadas ni mensajes ante situaciones operativas.

Un patrón que se repite en la PSA

El contenido de esta denuncia anónima no aparece aislado. Por el contrario, se inscribe en una seguidilla de cuestionamientos públicos y judiciales que REALPOLITIK viene revelando desde hace meses sobre el funcionamiento interno de la PSA: abuso de autoridad, encubrimientos, privilegios, nepotismo, persecución interna y castigo a quienes se animan a denunciar.

Desde la protección de jefes denunciados por violencia institucional, pasando por el uso discrecional de recursos públicos y el acomodo de familiares en cargos estratégicos, hasta la desarticulación de áreas clave de formación y control, los testimonios coinciden en describir una institución donde el disciplinamiento interno prima por sobre el profesionalismo.

En ese marco, la nueva denuncia refuerza la idea de un modelo de conducción que se apoya en el miedo, la arbitrariedad y la falta de controles efectivos, con impacto directo no solo en los derechos laborales del personal, sino también en la seguridad operativa del servicio aeroportuario.

Silencio oficial y pedido de intervención

El denunciante advierte que las situaciones descriptas generan un clima de miedo constante, desgaste psicológico y desorden operativo, afectando tanto al personal como al servicio que se presta a la ciudadanía. El temor a represalias es el motivo central por el cual la presentación se realiza de manera anónima.

Hasta el momento, no se conoce ninguna actuación formal del ministerio de Seguridad ni de la conducción nacional de la PSA respecto de estos hechos. La falta de respuesta institucional vuelve a poner en discusión si la reestructuración anunciada por el gobierno libertario implica un verdadero cambio de prácticas o, por el contrario, la profundización de viejos vicios bajo nuevos discursos.

A la espera de una intervención concreta del ministerio de Seguridad y de la conducción nacional de la PSA, la denuncia anónima se suma a una larga lista de advertencias ignoradas. Advertencias que, como ya ocurrió en otros casos, solo parecen adquirir relevancia cuando el daño institucional, humano y operativo ya resulta imposible de disimular. (www.REALPOLITIK.com.ar)