Campana: Irregularidades en la adquisición de insumos hospitalarios complican a Sebastián Abella

El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires aprobó la rendición de cuentas 2024 de la municipalidad de Campana, pero lo hizo dejando un fallo de extrema gravedad institucional. Lejos de una convalidación plena, el organismo de control formuló observaciones severas, aplicó sanciones administrativas, mantuvo reservas abiertas y dejó expresamente asentado que los funcionarios alcanzados no deben considerarse exentos de responsabilidad futura, en un expediente atravesado además por una causa penal en trámite por presunta malversación de caudales públicos.

La resolución del Tribunal es clara: la aprobación formal de la rendición no implica aval a la gestión. Por el contrario, el fallo describe un esquema de administración con fallas estructurales de control, deficiencias contables reiteradas y prácticas irregulares que no fueron corregidas a tiempo por la conducción política ni por los responsables técnicos del municipio.

En ese marco, el Tribunal dejó constancia de que persisten situaciones bajo análisis judicial, vinculadas a contrataciones, vínculos con proveedores y decisiones políticas adoptadas en ejercicios anteriores, lo que explica la decisión de mantener reservas expresas en el pronunciamiento.

Entre las irregularidades más relevantes, el Tribunal detectó conciliaciones bancarias con diferencias significativas, deficiencias en la registración contable, tratamiento incorrecto de la deuda flotante, falta de respaldo bancario suficiente y ausencia de un recuento físico confiable de los bienes municipales al cierre del ejercicio.

Estas observaciones afectan el núcleo mismo del control financiero del estado, ya que comprometen la verificación de la existencia real de fondos y del patrimonio municipal, un requisito básico de cualquier administración pública transparente.

El hospital municipal como caso testigo

Uno de los aspectos más graves del fallo se concentra en las contrataciones realizadas en el ámbito del hospital municipal San José, que el Tribunal de Cuentas utiliza como un caso testigo de las deficiencias en los procedimientos de compra y control del gasto. En particular, el organismo observó una adquisición de alimentos por un monto de 16.923.000 pesos, efectuada mediante mecanismos que se apartaron de manera sistemática de las exigencias legales y reglamentarias.

Según detalla el fallo, las órdenes de compra emitidas presentaban descripciones genéricas, limitadas a la mención de “alimentos”, sin especificación de productos, cantidades, calidades ni precios unitarios, lo que impidió verificar la razonabilidad del gasto y la correspondencia entre lo contratado y lo efectivamente recibido. A ello se suma que varias de esas órdenes fueron emitidas con posterioridad a la recepción de los bienes, invirtiendo el procedimiento legal y vaciando de contenido los controles previos que exige la normativa.

El Tribunal también señaló que las facturas y remitos carecían de la discriminación necesaria, sin permitir individualizar los bienes adquiridos ni contrastarlos adecuadamente con las órdenes de compra, configurando una cadena documental incompleta e inconsistente. Además, se recurrió de manera reiterada a compras directas, cuando por los montos involucrados correspondía la realización de concursos de precios, restringiendo la competencia y la transparencia en la contratación.

En este punto, el organismo de control fue especialmente enfático al rechazar la invocación genérica de una situación de emergencia como justificación automática para eludir los procedimientos legales. El fallo subraya que la urgencia no exime del cumplimiento de los controles mínimos, y que incluso en contextos excepcionales el estado debe garantizar trazabilidad, razonabilidad del gasto y respeto por los principios básicos de la contratación pública.

Responsabilidad del intendente

El fallo asigna responsabilidad directa al intendente Sebastián Abella, quien fue amonestado en su carácter de máxima autoridad administrativa y política del municipio. El Tribunal le imputó deficiencias en el control de los bienes municipales, falencias en los procesos de contratación y una responsabilidad general por la falta de corrección de irregularidades reiteradas.

Asimismo, Abella quedó alcanzado por las reservas vinculadas a la causa penal en trámite por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, una circunstancia que el Tribunal consideró relevante a la hora de no cerrar definitivamente el análisis de responsabilidades.

Funcionarios alcanzados por sanciones

Además del jefe comunal, el Tribunal de Cuentas aplicó sanciones administrativas y formuló llamados de atención a funcionarios clave del ejecutivo municipal. Entre ellos se encuentran:

- Julio César Olivastri, secretario de Economía y Hacienda, amonestado por fallas en el circuito económico-financiero y en los procedimientos de contratación.

- Carlos Santiago Castro, contador municipal, observado por deficiencias en la registración contable.

- Cecilia Acciardi, responsable del área de Salud como unidad ejecutora, por irregularidades en las contrataciones del hospital municipal.

- Guillermo Miguel Francia, responsable del área de Compras, por incumplimientos en los procedimientos de adquisición.

- Hugo Alberto Cáseres, a cargo del área de Patrimonio, por deficiencias en el control y registración de los bienes municipales.

El Tribunal remarcó que estas falencias no pueden considerarse hechos aislados ni meros errores formales, sino incumplimientos funcionales que afectan el normal funcionamiento del estado municipal.

Sebastián Abella y Cristian Ritondo.

Sin multas económicas, pero con advertencia severa

Si bien el fallo no impuso multas económicas, el Tribunal dejó en claro que las sanciones administrativas aplicadas constituyen antecedentes formales y que la ausencia de sanciones patrimoniales no implica liviandad en la valoración de los hechos.

Por el contrario, la decisión de mantener reservas abiertas y de no eximir de responsabilidad a los funcionarios involucrados deja abierta la posibilidad de sanciones más graves en el futuro, en función del avance de las investigaciones judiciales y de eventuales nuevos incumplimientos.

Más allá del tecnicismo contable, el fallo del Tribunal de Cuentas funciona como una advertencia institucional de alto voltaje político. Campana cerró el ejercicio 2024 con las cuentas aprobadas, pero con una gestión fuertemente objetada en sus prácticas, en sus controles y en su capacidad de garantizar transparencia en áreas sensibles como la salud pública.

El mensaje es inequívoco: cumplir con los números no alcanza cuando el control está roto, las contrataciones son irregulares y la responsabilidad política queda bajo la lupa del máximo órgano de control de las finanzas públicas bonaerenses. (www.REALPOLITIK.com.ar)