OPNyA: Denuncia federal pide investigar presuntas maniobras irregulares con fondos públicos

Una presentación judicial ingresó en las últimas horas al fuero federal y puso bajo la lupa al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) que depende de la órbita política del ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, que conduce Andrés Larroque.

La denuncia fue formulada por Daniel Sarwer, quien se presenta como “pretenso querellante”, con el patrocinio de la abogada Emma Corazza, y tiene una particularidad que no es menor en términos judiciales: no imputa delitos de manera directa, pero solicita la apertura de una investigación federal urgente ante la presunción de “graves irregularidades administrativas, financieras, patrimoniales y funcionales”.

El escrito, dirigido a la Cámara Federal, es explícito en su alcance institucional. Allí se reclama que se investigue el funcionamiento del OPNYA y los instituto de menores “exclusivamente en razón de los cargos y responsabilidades funcionales” de sus autoridades, incluyendo a la funcionaria Andrea Cáceres, sin prejuzgar responsabilidades penales concretas.

Fondos públicos y competencia federal

Uno de los ejes centrales de la presentación es la competencia federal, que el denunciante fundamenta en la posible utilización o desvío de fondos públicos de origen nacional y provincial, y en la eventual existencia de maniobras financieras complejas que excederían el ámbito local.

El escrito solicita expresamente la intervención de organismos federales de control y prevención como la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), invocando doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando “se encuentran comprometidos intereses federales o fondos de dicha naturaleza”.

Qué se pide investigar

Sin formular imputaciones penales concretas, la denuncia enumera una serie de situaciones que, de confirmarse, podrían configurar un escenario de extrema gravedad institucional. Entre ellas, se solicita investigar:

- “La administración y destino de los fondos públicos asignados al OPNyA”.

- El funcionamiento de los institutos de menores, donde “se habrían detectado irregularidades reiteradas en materia administrativa, de mantenimiento, infraestructura, contrataciones y provisión de insumos”.

- “La posible duplicación de facturaciones, sobreprecios, contrataciones cruzadas, falta de trazabilidad contable y eventual simulación documental”.

El escrito subraya que el objetivo es “determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran corresponder, sin prejuzgamiento alguno”, una fórmula jurídica clásica, pero que no suele utilizarse cuando no hay, al menos, indicios serios.

Un catálogo penal que enciende alarmas

Aunque se aclara que se trata de una “calificación legal orientativa, a los solos efectos investigativos”, el listado de figuras penales mencionadas no pasa desapercibido. El denunciante cita, entre otros, los delitos de asociación ilícita (artículo 210 CP), incumplimiento de deberes de funcionario público (artículo 248), cohecho y negociaciones incompatibles (artículos 256, 258 y 258 bis), malversación de caudales públicos (artículo 260), enriquecimiento ilícito (artículo 261), defraudación contra la administración pública, falsedad ideológica y material de documentos públicos, lavado de activos de origen delictivo, en su modalidad financiera, y posibles infracciones al régimen penal tributario.

En tribunales federales, este tipo de enumeraciones no suelen aparecer si no hay, al menos, un volumen significativo de documentación o indicios previos.

Allanamientos, secuestros y pericias

La denuncia solicita medidas cautelares urgentes, con un nivel de detalle poco habitual para una presentación sin imputación directa. En concreto se pide: “Allanamiento de las dependencias administrativas del OPNuA y de los instituto de menores” y el “secuestro y preservación inmediata” de teléfonos celulares, computadoras, servidores, dispositivos electrónicos, correos institucionales y documentación contable y contractual. Además, se reclama una pericia informática integral y la preservación de registros fílmicos y cámaras de seguridad, con el argumento explícito de “evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de prueba”.

Sede del OPNyA.

Otro dato que da cuenta de la gravedad que el denunciante le asigna al caso es el pedido de habilitación de feria judicial y pronto despacho, fundado en una supuesta “gravedad institucional”. En la práctica judicial, este tipo de solicitudes suele reservarse para causas donde existe riesgo concreto de pérdida de prueba o continuidad de conductas presuntamente irregulares.

Recusación y un frente incómodo para Larroque

Uno de los puntos más sensibles del escrito es la recusación expresa del juez federal Ariel Lijo, formulada en los términos del artículo 150 del Código Procesal Penal de la Nación. La presentación sostiene que la recusación se funda en “la existencia de reiteradas denuncias y actuaciones de público conocimiento ante el Consejo de la Magistratura de la Nación”, que —sin prejuzgar sobre su contenido— “afectan objetivamente la apariencia de imparcialidad exigida por la Constitución Nacional”.

Se trata de una decisión poco frecuente en una denuncia inicial y que, inevitablemente, introduce un condimento político-judicial adicional.

Más allá de los nombres propios mencionados en el expediente, la denuncia coloca en el centro de la escena al OPNyA, organismo que depende directamente del Ministerio que conduce Andrés Larroque. No se trata de un área menor: la política de niñez y adolescencia es uno de los núcleos sensibles del estado provincial, tanto por el volumen de recursos que administra como por la población vulnerable a la que está destinada.

Por ahora, todo está en el terreno de la denuncia y la solicitud de investigación. Pero en los pasillos de Comodoro Py nadie ignora que, cuando se habla de fondos públicos, niñez, organismos federales y pedidos de allanamiento urgente, el margen para mirar hacia otro lado suele ser escaso.

La causa, si avanza, promete abrir un capítulo incómodo para una cartera que hasta ahora había logrado mantenerse relativamente al margen de los grandes escándalos judiciales. (www.REALPOLITIK.com.ar)