Denuncia contra Flybondi: Piden investigar eventuales vínculos con Javier Milei y Santiago Caputo

Una denuncia fue recientemente presentada ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico y ya quedó radicada en el juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico Nro. 7, bajo el expediente CPE 50/2026, en la que se solicita la apertura de una investigación penal integral contra la empresa aérea Flybondi, su presunto adquirente y eventuales funcionarios públicos, por posibles delitos económicos de extrema gravedad.

La presentación fue realizada por Daniel Sarwer, en carácter de ciudadano y pretenso querellante, quien pidió ser tenido como denunciante y amicus curiae, invocando la “gravedad institucional y económica” de los hechos denunciados y reclamando la intervención urgente de la Justicia federal.

Una denuncia basada en información pública

Según consta en el escrito, la denuncia se apoya en información pública, informes abiertos y hechos verificables, sin formular imputaciones directas, pero solicitando que sea la Justicia la que determine si las conductas descriptas configuran delitos penales.

“Vengo a aportar información pública relevante y a requerir la apertura de una investigación penal económica integral”, sostiene Sarwer en el inicio de la presentación, en la que cita expresamente artículos del Código Penal vinculados a administración fraudulenta, abuso de autoridad, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de activos.

Uno de los ejes centrales de la denuncia apunta al funcionamiento comercial de Flybondi. Según el escrito, la empresa estaría realizando operaciones que podrían implicar perjuicios económicos sistemáticos a los usuarios.

Entre los hechos denunciados se enumeran:

- Cobros indebidos en la venta de pasajes de bajo costo.

- Retrasos arbitrarios en los embarques y cancelaciones automáticas.

- Exigencias de presentación obligatoria entre 35 y 45 minutos antes del embarque, bajo apercibimiento de pérdida del pasaje.

- Devoluciones de dinero con demoras de hasta 30 días, aún cuando las cancelaciones no fueran imputables al pasajero.

La denuncia califica este esquema como una posible forma de “extorsión indirecta a los pasajeros”, al combinar precios bajos con condiciones operativas que, en los hechos, terminarían generando cargos adicionales o pérdida del servicio contratado.

Seguridad aeroportuaria y rol de organismos de control

El escrito también advierte sobre presuntas violaciones a normas de seguridad aeroportuaria y regulaciones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), lo que, según el denunciante, podría afectar directamente la protección de los pasajeros y el cumplimiento de estándares básicos de la aviación comercial.

En ese marco, se solicita que se requieran informes urgentes a la ANAC, la Unidad de Información Financiera (UIF) y otros organismos nacionales e internacionales, a fin de determinar si existieron omisiones de control o autorizaciones irregulares.

Posibles vínculos con funcionarios públicos

Sin formular imputaciones directas, la denuncia menciona la eventual participación o cobertura de funcionarios públicos de alto rango en la operatoria denunciada, señalando que ello deberá ser esclarecido mediante la investigación judicial. En ese sentido, apunta directamente contra el presidente Javier Milei y su asesor Santiago Caputo.

“El control judicial resulta irrenunciable cuando se encuentran comprometidos fondos públicos, derechos económicos de los consumidores y la responsabilidad institucional de funcionarios”, sostiene el escrito, citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Medidas solicitadas

Entre las medidas requeridas al Juzgado Federal, el denunciante solicitó:

- La apertura de una investigación penal económica preliminar.

- El secuestro y resguardo inmediato de la documentación contable y financiera de Flybondi y su presunto adquirente.

- Un embargo preventivo por 50 millones de dólares, para garantizar el eventual recupero de activos.

- La trazabilidad completa de las operaciones financieras, incluidas transacciones internacionales.

- La suspensión cautelar de la venta de pasajes mientras dure la investigación.

Asimismo, pidió la citación testimonial de directivos, funcionarios y toda persona que pudiera aportar información relevante para el esclarecimiento de los hechos.

Radicación de la causa y advertencia institucional

La Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó oficialmente que la denuncia fue ingresada y registrada bajo el número CPE 50/2026, quedando radicada en el Juzgado Federal de Garantías Nro. 7.

En el escrito también se solicitó habilitación de feria judicial y pronto despacho, al advertir que la inacción podría “comprometer responsabilidad funcional del juzgado instructor”.

Finalmente, el denunciante dejó planteada una reserva del caso federal y la posibilidad de recurrir a organismos internacionales, en caso de que no se avance en el esclarecimiento de los hechos.

La causa recién comienza, pero el contenido de la denuncia, las medidas solicitadas y la magnitud económica involucrada anticipan un expediente que podría generar fuerte impacto político, judicial y empresarial en el sector aerocomercial. (www.REALPOLITIK.com.ar)