El Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, uno de los entes logísticos más estratégicos de la provincia de Buenos Aires, quedó expuesto tras detectarse un voluminoso tendal de infracciones de tránsito registradas a través de su CUIT, con deudas impagas tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en territorio bonaerense. Lejos de tratarse de faltas aisladas, el patrón que surge de los registros oficiales revela reiteradas conductas de evasión de peajes, exceso de velocidad y, en un punto aún más sensible, el incumplimiento sistemático del denominado “Deber de Informar”.
Según consta en los sistemas oficiales de consulta de infracciones, bajo el CUIT 30-66634948-9, correspondiente al Consorcio Puerto Quequén, figuran 15 infracciones en la Ciudad de Buenos Aires, con un monto total que asciende a 2.275.753,50 pesos, o 1.856.535,75 en caso de pago voluntario dentro de los plazos vigentes.
Entre las faltas más reiteradas aparece una conducta particularmente grave para un organismo público: “Forzar barrera / evadir pago de peaje en autopista”, con múltiples actas labradas en puntos neurálgicos del tránsito porteño.
Las actas relevadas muestran una secuencia llamativa particularmente en dos vehículos, identificados por los dominios AH097IU y PGD863. Por ejemplo:
Acta Q34954407 (17/10/2025 – 11:00): Forzar barrera en autopista Illia, km 2.900.
Acta Q33110307 (23/06/2025 – 13:42): Forzar barrera en autopista Illia, km 2.900.
Acta Q33631510 (30/07/2025 – 19:55): Forzar barrera en autopista Illia, km 2.900.
Acta Q35058063 (23/10/2025 – 18:58): Forzar barrera en autopista Illia, km 2.900.
Acta N° Q33860797 (17/08/2025 – 01:01): Forzar barrera en la autopista 25 de Mayo, km 6.500.
Acta N° Q34459704 (15/09/2025 – 18:25): Forzar barrera en la autopista 25 de Mayo, km 6.500.
Acta N° Q33922655 (22/08/2025 – 10:43): Forzar barrera en la autopista 25 de Mayo, km 6.500.
A esto se suman infracciones por exceso de velocidad, algunas de ellas agravadas por incumplimiento en la identificación del conductor, como las actas Q34742018 y Q34400156, ambas con montos superiores a los 359 mil pesos, labradas en tramos de la autopista 25 de Mayo y la autopista Illia.



El panorama no mejora al cruzar los datos con el sistema de infracciones de la provincia de Buenos Aires. Allí aparecen casi veinte actas vencidas, con estado de causa “con deuda”, radicadas en tribunales de faltas de Mar del Plata, Dolores, La Plata, Junín (asiento Chivilcoy), entre otros. Las patentes involucradas incluyen AG587TJ, AH097IU y PGD862.


La infracción predominante vuelve a ser el exceso de velocidad, con importes que oscilan entre 128.325 y 271.050 pesos por acta. Pero el dato más relevante es otro: en todas ellas aparece el mismo mensaje oficial del sistema provincial: “¡Sin Deber de Informar! Usted tiene la obligación legal de informar la Persona Física que cometió la infracción, cumpliendo la presentación del Deber de Informar”.
En términos legales, el mensaje no es menor. El “Deber de Informar” obliga al titular registral de un vehículo -especialmente cuando se trata de una persona jurídica, como un consorcio público- a identificar al conductor responsable de una infracción dentro de un plazo determinado.
Cuando esa obligación no se cumple:
- Se genera una nueva infracción autónoma.
- La sanción recae directamente sobre el titular del vehículo.
- La causa puede derivar en juicios de apremio, embargos y ejecuciones fiscales.
En la práctica, el sistema reconoce que el Consorcio Puerto Quequén no informó quiénes conducían los vehículos oficiales al momento de cometer las infracciones, una omisión que agrava la responsabilidad administrativa y patrimonial del organismo.
La revelación de estas deudas y faltas se produce en un momento particularmente sensible para el puerto. En diciembre de 2025, el gobernador Axel Kicillof avaló la designación de Mariano Carrillo como presidente interino del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, con una concentración excepcional de funciones, tras la salida de Jimena López al Congreso.
Carrillo, exreferente de Mauricio Macri, representante de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) —un gremio ajeno a la actividad portuaria— y esposo de la dirigente sindical Natalia Sánchez Jáuregui, arrastra antecedentes polémicos, incluyendo su vinculación a denuncias por entrega de alimentos vencidos en escuelas públicas y cuestionamientos gremiales previos a su desembarco en el directorio portuario.
Ya en 2023, sindicatos del sector habían advertido sobre su designación como director, denunciando una “usurpación de representación” y señalando su lejanía territorial y falta de vínculo con la operatoria del puerto.
El cuadro que emerge es inquietante: vehículos de un ente público estratégico evadiendo peajes, acumulando multas millonarias, circulando a velocidades indebidas y sin que nadie asuma formalmente la responsabilidad como conductor.
Mientras el Consorcio administra cerca del 7 por ciento de las exportaciones agroindustriales del país, el incumplimiento reiterado de normas básicas de tránsito y de obligaciones legales elementales plantea una pregunta inevitable: ¿Quién controla al estado cuando el propio estado incumple?
La documentación oficial está a la vista. Las actas existen, las patentes están identificadas y las deudas siguen acumulándose. Lo que aún no aparece es la explicación institucional. Y en un puerto donde confluyen intereses económicos, sindicales y políticos de alto voltaje, ese silencio también dice mucho. (www.REALPOLITIK.com.ar)