La crisis institucional del Hipódromo de La Plata sumó en las últimas semanas un nuevo y delicado capítulo que combina denuncias penales, presuntas maniobras administrativas irregulares, controles antidoping cuestionados y el testimonio directo de un cuidador que asegura ser víctima de una persecución sistemática por parte de funcionarios ligados a la administración de Axel Kicillof.
El protagonista es Alberto Ramón Correa, cuidador con décadas de trayectoria en el turf platense, hoy convertido en denunciante en múltiples causas judiciales que involucran a integrantes de la comisión de Carreras, autoridades del área hípica y personal vinculado a los controles antidoping. El conflicto escaló luego de una entrevista publicada por un matutino platense, en la que los miembros de la Comisión de Carreras del Hipódromo de La Plata negaron cualquier tipo de irregularidad y se despegaron por completo de los procedimientos cuestionados.
Sin embargo, la documentación oficial, las actas firmadas, las causas judiciales en trámite y el propio testimonio de Correa exponen una trama mucho más compleja: "Esta gente le dijo al cuidador que me representaba que si yo tomaba una bayaspirina le iba a salir el doping a los caballos, por eso digo que me amenazan con el doping. Asustó tanto a la gente que hoy en día me tiene que representar un hombre que es de San Miguel, pasando San Isidro. Se tiene que venir allá, porque acá en La Plata nadie me quiere representar porque estos le meten miedo y lo asustan", explicó el denunciante.
El pasado 19 de enero, El Clásico del diario Hoy publicó una nota titulada: “Nos limitamos a que se cumpla lo que está en el Reglamento de Carreras”, dijo Antonio Fabián Rivero -presidente de la comisión de Carreras- junto a Alejandro Marozzi (gerente hípico) y Lucas Vera (representante gremial), quienes rechazaron las acusaciones formuladas por Correa.
“Dentro de la ley todo, fuera de la misma, nada”, afirmaron, asegurando que la comisión no tiene ninguna injerencia en los controles antidoping y que su rol se limita a aplicar sanciones una vez recibidas las resoluciones del laboratorio.
En una entrevista con Somos Deporte, los propios entrevistados insistieron en esa línea: “Nosotros no tenemos contacto con ningún frasco testigo, no los tocamos ni cerca, ni los vemos”, afirmó uno de los funcionarios. “Es muy difícil cambiar una muestra”, agregó otro, atribuyendo las denuncias al “folklore” del turf.
La versión oficial contrasta con el testimonio documentado de Correa. Según relató a este medio, en el lapso de un solo mes le imputaron cuatro casos de doping: tres por procaína y uno por cobalto. “Yo me hago cargo de mis responsabilidades”, sostuvo Correa, “pero ellos tienen responsabilidad directa en la cadena de custodia, máxime cuando son quienes designan las claves de las muestras”.
En los dos primeros casos por procaína, el cuidador solicitó en tiempo y forma la apertura de los frascos testigo y la preservación de una muestra para realizar un cotejo de ADN, con el objetivo de verificar que la orina analizada perteneciera efectivamente a sus caballos. Ese pedido fue expresamente rechazado.
En el acta oficial labrada el 16 de julio de 2025, durante la apertura de frascos testigo en el laboratorio del Hipódromo de San Isidro, se deja constancia textual de un dato clave: “Se deja constancia que no hay autorización de la comisión de Carreras para guardar las muestras para ADN, solicitado por escrito con anterioridad”.

El documento, firmado por los presentes, describe el procedimiento técnico, pero confirma que la comisión de Carreras negó la preservación de la muestra genética, anulando cualquier posibilidad de defensa posterior.
Aquí emerge una contradicción central: mientras Marozzi sostiene públicamente que la comisión “no tiene nada que ver” con el antidoping, la doctora Patricia Porto —responsable del laboratorio— se excusó en que no contaba con autorización de la comisión de Carreras para resguardar la muestra.
“El ADN no se hizo”, resumió Correa. “Y con una cadena de custodia irregular, jamás sabremos si la orina analizada era de mis Sangre Pura de Carrera”.
El tercer positivo fue por cobalto. Correa explicó que decidió no accionar porque “el cobalto está en el agua, en el pasto y hasta en los equipos de análisis”.
Pero el cuarto caso volvió a encender las alarmas: el mismo caballo, la misma droga y la misma clave identificatoria. Ante esa situación, manifestó su intención de realizar una contraprueba y consultó si podía hacerse en otro laboratorio. La respuesta fue negativa: debía realizarse obligatoriamente en San Isidro.
“Decidí no hacerlo porque en ese lugar ya había sido defraudado”, explicó. Esa decisión derivó en su descalificación y en la profundización del conflicto, que ya fue judicializado.
Paralelamente, Correa denunció penalmente a Fabián Rivero por el presunto robo y retención ilegítima de un caballo de su propiedad, actualmente localizado —según consta en la denuncia— en la Escuela de Aprendices del Hipódromo de La Plata.
La presentación judicial, radicada en la UFI Nro. 6 y acumulada a otras causas en trámite, describe un delito flagrante, con paradero cierto del animal y negativa policial a intervenir dentro del predio: “Me siguen hostigando, me amenazan con ponerme otro doping”, denunció Correa, quien aportó fotografías del caballo retenido y solicitó allanamiento y restitución inmediata.

Las denuncias actuales no son hechos aislados. REALPOLITIK ya había revelado que Correa cuenta con medidas de protección judicial, perimetrales vigentes y causas abiertas por estafa, amenazas, manipulación de controles antidoping y desplazamiento laboral.
En ese contexto, las declaraciones públicas de los funcionarios contrastan con un cúmulo de expedientes, actas y denuncias que describen un patrón de represalias contra un denunciante, en el marco de una gestión cuestionada del Hipódromo de La Plata bajo la órbita de su presidente, Mariano Cowen.
Mientras la comisión de Carreras insiste en que “dentro del reglamento todo”, el caso Correa deja una pregunta central aún sin respuesta: ¿Por qué se negó un cotejo de ADN solicitado legalmente, cuando era la única herramienta objetiva para despejar cualquier duda sobre la identidad de las muestras?
La respuesta, por ahora, no está en los micrófonos, sino en los tribunales. Y el conflicto, lejos de cerrarse, sigue escalando. (www.REALPOLITIK.com.ar)