La Agencia Córdoba Joven, un organismo descentralizado del gobierno de la provincia de Córdoba cuya misión central es promover la inclusión laboral, el emprendedurismo y el desarrollo integral de las juventudes, quedó envuelta en una fuerte polémica a partir de una serie de contrataciones que involucran de manera directa al presidente del ente, José Ignacio Scotto y a su entorno familiar.
Según la información relevada por REALPOLITIK, durante la actual gestión de Scotto al frente de la Agencia Córdoba Joven ingresaron al organismo su pareja, Florencia Gastaudo, y su cuñado, Santiago Gastaudo. A estos casos se suman antecedentes laborales de otros integrantes del núcleo familiar del funcionario dentro de distintas dependencias del estado provincial, lo que vuelve a instalar el debate sobre el uso de los organismos públicos, el nepotismo y la coherencia entre los objetivos institucionales y las prácticas concretas de gestión.

José Ignacio Scotto no solo preside la Agencia Córdoba Joven, sino que además es el intendente de la municipalidad de Corralito, cargo del cual se encuentra actualmente en uso de licencia. Esta doble condición —jefe comunal con licencia y titular de un organismo provincial clave— le otorga una posición de poder relevante dentro del entramado político-administrativo cordobés.
Su historial laboral dentro del sector público muestra un recorrido sostenido por distintos organismos del estado, habiendo percibido ingresos también por la Legislatura de la provincia de Córdoba y el Correo Oficial de la República Argentina.
Este recorrido refleja una carrera desarrollada casi exclusivamente en el ámbito estatal, con fuerte anclaje en estructuras políticas y administrativas provinciales y municipales.
Florencia Gastaudo, pareja de José Ignacio Scotto, también registra una extensa trayectoria dentro del estado. De formación periodista, su perfil público incluye una activa presencia en redes sociales, particularmente en la plataforma X (ex Twitter), donde se destacan publicaciones con elogios reiterados al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.
Su historial laboral detalla pasos por múltiples organismos públicos, muy similares a los de su pareja: Legislatura de la provincia de Córdoba, municipalidad de Córdoba, Agencia Córdoba Joveny Correo Oficial de la República Argentina.
Cuando Córdoba se une, el país avanza.
— Florencia Gastaudo (@florgastaudo) October 26, 2025
Es con @jschiaretti. Es con Córdoba. Es ahora. 🇦🇷#JuanEsCordoba pic.twitter.com/kXf9GfqQCb
El ingreso de Gastaudo a la Agencia Córdoba Joven, el mismo organismo que conduce su pareja, constituye uno de los puntos más sensibles del caso, no solo por el vínculo afectivo directo, sino también por el contraste entre la misión del ente —orientada a generar oportunidades para jóvenes cordobeses— y la incorporación de personas del círculo íntimo de su máxima autoridad.

El segundo caso que alimenta la controversia es el de Santiago Gastaudo, cuñado de Scotto, quien también registra un vínculo laboral con la Agencia Córdoba Joven.
A diferencia de otros integrantes del entorno familiar, Gastaudo presenta una experiencia previa más diversificada entre el sector privado y el público: Gestión Laboral SA, Fleet SA, M Tagle (H) y Cía. SACIF y Barnetche Carolina y Ayerza Magdalena SH.
No obstante, su desembarco en el organismo que preside su cuñado vuelve a poner en discusión los criterios de selección y contratación utilizados por el organismo.
La red de vínculos familiares con contratos estatales no se agota en la pareja y el cuñado. Carlos Dante Scotto estuvo al frente de la intendencia del mismo municipio durante 24 años. Lo sucedió, por dos períodos, su hijo Juan Carlos, quien luego le pasó el mandato a su hermano José Ignacio.
El hermano de José Ignacio Scotto, Juan Carlos, también mantiene actualmente un contrato con el ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba. Su trayectoria laboral dentro del estado provincial incluye además la secretaría General de la Gobernación y el ministerio de Ambiente y Economía Circular. Este recorrido evidencia una permanencia prolongada en distintas áreas estratégicas del ejecutivo provincial, siempre dentro del circuito estatal.

Incluso el padre del actual presidente de la Agencia Córdoba Joven, Carlos Dante Scotto, registra otros antecedentes laborales en el sector público. Según los datos disponibles, se desempeñó en el ministerio de Obras Públicas y Financiamiento cordobés.
La acumulación de estos casos dibuja un entramado familiar con fuerte inserción en distintas dependencias estatales, a lo largo de más de una generación.
La polémica adquiere una dimensión mayor cuando se la contrasta con los elocuentes objetivos y la misión institucional de la Agencia Córdoba Joven, tal como figuran en su sitio web oficial.
El organismo se define como: “El espacio de referencia sobre juventudes del gobierno de la provincia de Córdoba; dinámico, flexible e innovador, en cuyo seno las juventudes cordobesas puedan participar y sentirse contenidas por políticas públicas que favorezcan su desarrollo personal, el acceso al conocimiento, el fortalecimiento de sus capacidades, el cuidado personal y del ambiente, el emprendedurismo y su inclusión en la vida social, laboral, deportiva, cultural y ciudadana en toda la provincia”.
Entre sus objetivos institucionales, la Agencia establece: "Promover la creación de empleo y autoempleo a través de programas de emprendedurismo, innovación y capacitación permanente".
Su misión, en tanto, es: “Planificar, articular y gestionar políticas públicas integrales que promuevan y hagan efectivos los derechos de las juventudes cordobesas en términos de participación, capacitación, empleo y emprendimientos, cultura, deportes y cuidado del ambiente”.
El caso de la Agencia Córdoba Joven vuelve a instalar una discusión recurrente en la política argentina: hasta qué punto las designaciones y contrataciones dentro del estado responden a criterios de idoneidad, transparencia e igualdad de oportunidades, y cuándo pasan a convertirse en redes cerradas de favores y vínculos personales.
Más allá de la legalidad formal de cada contratación, la acumulación de familiares directos y vínculos afectivos dentro de organismos estatales —especialmente en uno cuyo objetivo central es abrir oportunidades laborales a jóvenes sin contactos ni padrinazgos— plantea un interrogante de fondo sobre la coherencia entre el discurso institucional y las prácticas concretas de gestión.
En un contexto de crisis económica, desempleo juvenil y demandas crecientes de transparencia, la situación de la Agencia Córdoba Joven bajo la presidencia de José Ignacio Scotto promete seguir generando preguntas incómodas y pedidos de explicaciones que, hasta el momento, no han tenido una respuesta pública detallada. (www.REALPOLITIK.com.ar)