“Fue un fin de año tremendamente violento con la Policia de la Ciudad de Buenos Aires, no solo por el hostigamiento cotidiano a trabajadores, vendedores ambulantes o personas en situación de calle, sino también por la represión directa a actividades solidarias, como el festival que iba a realizarse en parque Saavedra para juntar ayuda para la Patagonia y que fue impedido por la policía”, comenzó María del Carmen Verdú. “En ese marco se dieron dos casos de gatillo fácil absolutamente explícitos, de esos que quedan filmados y no dejan lugar a dudas”.
El primero ocurrió el 25 de diciembre en Villa Lugano. “Gabriel González, un vecino que volvía a su casa en la Villa 20, fue impedido de ingresar por un operativo policial. Ante su insistencia, empezó a ser golpeado con tonfas. Lo vimos todos en los videos: estaba sin remera, se sacó las ojotas para mostrar que no tenía nada, y aun así otro policía bajó de una camioneta y le disparó con una escopeta directamente al abdomen. Murió en el acto”, relató.
Verdú denunció además el intento inmediato de encubrimiento: “La Policía de la Ciudad informó al juzgado que se trataba de una pelea entre vecinos con una herida de arma blanca, cuando la autopsia mostró un disparo de escopeta con un orificio de 14 centímetros en el epigastrio. En el estómago de González se encontraron el taco de la escopeta y nueve proyectiles de plomo. Aun así, detuvieron a su compañera, a un amigo y a su hijo, que estuvieron privados de la libertad hasta el día siguiente”. Finalmente, gracias a la intervención de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, se logró el sobreseimiento de los familiares, la detención y procesamiento del policía que disparó y la imputación del resto de los efectivos por encubrimiento, falso testimonio y fraguado de pruebas.
El segundo asesinato ocurrió el 28 de diciembre en el barrio de Constitución. La víctima fue Víctor Javier Vargas, de 41 años. “Tenía un conflicto con otro vecino señalado en el barrio como un transa con vínculos con la comisaría. Cuando llegó la policía, Vargas se estaba alejando del lugar, pero el oficial Santiago Emmanuel Barrientos le disparó directamente a la nuca”, explicó Verdú.
Como en el caso anterior, la versión oficial intentó justificar el hecho: “Dijeron que Víctor había amenazado al policía con un cuchillo y que recibió un disparo de frente. Sin embargo, la autopsia es contundente: el tiro de la pistola 9 milímetros ingresó por el hueso occipital y salió por la frente, lo que demuestra que fue ejecutado por la espalda”.
Tras semanas de lucha de la familia y los organismos de derechos humanos, la causa fue recaratulada. “Al principio estaba como atentado y resistencia a la autoridad, o sea que el imputado era el muerto. Ahora logramos que pase a la Justicia nacional y que se investigue como homicidio agravado por la condición de miembro de una fuerza de seguridad”, señaló.
Verdú también puso el foco en el rol del estado en la defensa de los policías acusados. “El defensor de Barrientos es un abogado del cuerpo de defensores del ministerio de Seguridad Nacional. Es decir, el estado mata y el estado defiende. Son abogados penalistas de larga trayectoria, pagos por el ministerio, mientras que las familias de las víctimas tienen que endeudarse o hacer rifas para pagar siquiera los bonos de actuación profesional”, remarcó.
En ese sentido, fue categórica: “Cuando estos cuerpos de abogados aparecen defendiendo a un autor evidente de un fusilamiento, lo que confirman es lo que venimos diciendo hace más de 35 años: el gatillo fácil es una política de estado”.
Finalmente, la referente de CORREPI advirtió sobre la gravedad estructural del problema en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Es la policía más letal del país en proporción a la cantidad de efectivos. Además, tiene la mayor cantidad de policías por habitante, el triple de lo que recomienda Naciones Unidas, y eso no se traduce en más seguridad, sino en más violencia institucional”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)