Denuncia por inacción judicial revive el vínculo entre "Fred" Machado y José Luis Espert

Mientras Federico “Fred” Machado ya enfrenta a la Justicia Federal de los Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y estafas vinculadas al tráfico aéreo de drogas, una presentación de alto voltaje institucional ingresó en las últimas horas a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y volvió a colocar bajo la lupa la actuación —y la inacción— del sistema judicial argentino.

La denuncia, formulada por Daniel Sarwer en carácter de pretenso querellante, reclama la apertura inmediata de una investigación judicial formal por hechos que califica como de “extrema gravedad institucional”, vinculados a obstrucción de la justicia, omisión deliberada de deberes funcionales y encubrimiento por inacción, con un elemento adicional que inquieta en Tribunales: el riesgo cierto de responsabilidad internacional del estado argentino.

Machado ya está en manos de la Justicia de EE.UU.

El planteo judicial no se produce en el vacío. Llega cuando el nombre de "Fred" Machado dejó de ser una referencia abstracta para convertirse en un expediente penal en pleno desarrollo en los Estados Unidos.

Machado fue extraditado desde la Argentina y trasladado bajo custodia del Servicio de Marshals a Texas, donde deberá responder por cargos de narcotráfico, lavado de activos y estafa. Actualmente permanece detenido en una cárcel de seguridad media en Oklahoma y enfrenta un cronograma judicial definido: en pocas semanas deberá decidir si colabora con la fiscalía norteamericana o si va a juicio oral ante un jurado federal.

En ese marco, la causa que se instruye en EE.UU. ya dio por probada la existencia de un entramado financiero y aeronáutico utilizado para maniobras ilícitas, con ramificaciones internacionales. Su socia, Debra Lynn Mercer Erwin, fue condenada a 16 años de prisión por registrar aeronaves destinadas al narcotráfico como si fueran aviones civiles estadounidenses.

El vínculo local que nunca se cerró

En la Argentina, Machado quedó asociado de manera directa al diputado liberal José Luis Espert. El propio Espert reconoció públicamente haber mantenido relación con él desde 2019, incluyendo viajes en aeronaves de su propiedad y una transferencia de 200 mil dólares que derivó en una investigación por presunto financiamiento irregular de campañas políticas.

La aparición de esos datos tuvo consecuencias políticas inmediatas: Espert renunció a su candidatura a diputado nacional y dejó la presidencia de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Sin embargo, el frente judicial local nunca terminó de cerrarse.

La denuncia: un allanamiento, prueba y terceros no incorporados

Ese es el núcleo del planteo que ahora llegó a la Cámara Federal platense. Según la presentación, en el marco de un allanamiento judicialmente ordenado a una contadora vinculada a un actor central del caso —identificado públicamente como “Fer”— se incorporó material probatorio objetivo, múltiple y concordante: documentación contable, soportes digitales, registros financieros y comunicaciones.

Federico "Fred" Machado, el día que comenzó el trámite para concretar su extradición a los Estados Unidos   .

El denunciante sostiene que esa evidencia excede ampliamente el objeto original de la investigación y compromete a terceros que, pese a la contundencia del material recolectado, no habrían sido incorporados formalmente a la causa. Esa situación, advierte, los mantiene en una condición fáctica de “causa libre”, incompatible con los estándares mínimos de legalidad y control judicial efectivo.

Uno de los puntos más sensibles del escrito es la referencia explícita a investigaciones extranjeras en curso y en estado avanzado, vinculadas a corrupción, lavado de activos, estructuras financieras opacas y obstrucción institucional. Según la denuncia, lejos de activar mecanismos de cooperación internacional, certificar el estado de esas causas o adoptar medidas procesales inmediatas, el sistema judicial local habría incurrido en omisiones reiteradas y sistemáticas.

Ese cuadro —sostiene el presentante— no solo afecta la investigación concreta, sino que proyecta un riesgo sistémico: daño reputacional, contaminación del sistema financiero y eventual responsabilidad internacional del estado argentino.

El pedido que incomoda: Espert, declaración, indagatoria y detención

En ese contexto, la denuncia solicita de manera expresa la inmediata declaración testimonial de José Luis Espert, para que brinde explicaciones completas y circunstanciadas sobre los hechos investigados, sus vínculos y su grado de conocimiento.

El escrito va más allá: pide que, a la luz de esa declaración y del material probatorio existente, se evalúe su citación a indagatoria y, de corresponder, la adopción de medidas cautelares, incluida la detención preventiva, fundada en la gravedad institucional, el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la proyección internacional del caso.

Todo ello, aclara el denunciante, sin formular imputación penal directa, pero exigiendo el ejercicio pleno del control judicial.

Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

Recusaciones y un mensaje interno al poder judicial

El planteo incluye además la recusación expresa y preventiva de los jueces Ariel Lijo, Sebastián Casanello y Marcelo Martínez de Giorgi, y solicita que la causa no sea derivada a ninguno de ellos, bajo advertencia de comprometer responsabilidad funcional por violación al deber de imparcialidad.

En paralelo, se acompañó un “dossier espejo” con destino institucional e internacional, que no solicita acciones judiciales externas, pero deja constancia documentada del caso ante organismos de control, embajadas e instituciones financieras sujetas a estándares antilavado y de compliance.

Un expediente que ya no puede ignorarse

Con Fred Machado preso en los Estados Unidos, negociando eventualmente convertirse en colaborador de la Justicia norteamericana, el escenario cambió. Lo que antes podía tratarse como un problema político o un escándalo pasajero, hoy adquiere dimensión judicial concreta.

La denuncia presentada en La Plata coloca al poder judicial argentino frente a una disyuntiva incómoda: actuar y asumir el costo institucional, o persistir en la inacción con el riesgo de que el caso se siga resolviendo —y explicando— fuera del país. (www.REALPOLITIK.com.ar)