El conflicto que atraviesa la empresa Lustramax SRL, proveedora de artículos de limpieza, descartables y papelería, sumó en las últimas semanas un nuevo capítulo que excede el plano laboral. A la toma de la planta ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, y al reclamo por despidos y condiciones de trabajo, se agregaron denuncias comerciales por presuntos incumplimientos en las entregas a empresas clientes.
La compañía que integra Ezequiel Sosa enfrenta una fuerte conflictividad laboral tras el despido de al menos 35 trabajadores, entre ellos delegados gremiales. El ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria, ordenó la reincorporación inmediata del personal despedido y dispuso retrotraer la situación laboral al 9 de enero. No obstante, la empresa rechazó la resolución y anticipó que no acatará la medida, situación que se mantiene hasta el momento mientras los trabajadores continúan con la ocupación de la fábrica.
Desde el sector gremial denuncian que, pese a la vigencia de la conciliación obligatoria, la empresa impide el ingreso de los trabajadores y avanza con los despidos, en abierta contradicción con lo dispuesto por la autoridad laboral. Los empleados, en tanto, sostienen que la actividad productiva continúa con normalidad, con salida de mercadería y distribución habitual.
En paralelo a este escenario, empleados, organizaciones vinculadas al sector y referentes de la industria señalaron haber recibido en las últimas semanas reclamos comerciales que apuntan a presuntas irregularidades en la operatoria de Lustramax como proveedora. Según fuentes del sector consultadas en estricto off, distintas empresas detectaron diferencias relevantes entre lo facturado y lo efectivamente entregado.
Los señalamientos mencionan incumplimientos en cantidad, calidad y especificaciones técnicas de los productos. En varios insumos, las entregas habrían registrado faltantes cercanos al 50 por ciento respecto de lo contratado, mientras que en otros productos las diferencias superarían ese porcentaje. También se reportan cambios en formulaciones, menor concentración, diferencias en rendimiento, sustituciones de marca o variaciones en la presentación, sin que esas modificaciones se reflejan en una reducción del monto facturado.
Asimismo, las fuentes consultadas sostienen que los clientes habrían abonado por un determinado estándar de producto y recibido mercadería sustancialmente inferior a la acordada en volumen, valor o desempeño. De acuerdo con estimaciones sectoriales, las diferencias acumuladas representarían montos millonarios, lo que habría comenzado a tensionar la relación con clientes y proveedores de la cadena de abastecimiento.

Este cuadro se da en un contexto en el que también aparecen indicadores de tensión financiera. Reportes sectoriales y registros públicos mencionan un volumen inusualmente elevado de cheques rechazados, que superaría los 8.000 millones, y pasivos bancarios por encima de los 35.000 millones. De confirmarse estos datos, podrían ayudar a explicar las dificultades crecientes de la empresa para sostener compromisos comerciales y laborales.

Mientras la conciliación obligatoria continúa formalmente vigente pero sin ser acatada por la empresa, el conflicto en la planta de Tortuguitas permanece abierto y la situación de Lustramax genera creciente preocupación entre distintos actores del sector, que siguen de cerca su impacto sobre la cadena de pagos y el abastecimiento. (www.REALPOLITIK.com.ar)