La llegada de María Celeste Ponce al Congreso de la Nación Argentina condensa, quizás como pocos casos, uno de los rasgos más preocupantes de la política argentina contemporánea: la sustitución de la representación por la exposición, de la gestión por el marketing, y del trabajo legislativo por la performance en redes sociales.
Electa por Córdoba en la boleta de La Libertad Avanza y con mandato hasta 2027, Ponce construyó un perfil público intenso, omnipresente en X e Instagram, donde combina mensajes religiosos, provocaciones culturales, discursos morales y una narrativa centrada casi exclusivamente en su figura personal. Sin embargo, ese despliegue mediático contrasta de manera brutal con su desempeño parlamentario real.
Los datos oficiales de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina son elocuentes: en más de dos años de gestión, Ponce solo figura como firmante en dos proyectos, ambos de declaración, ambos referidos a la política interna de Brasil, y ninguno vinculado a problemáticas argentinas concretas.

Ni educación, ni salud, ni economía, ni producción, ni seguridad, ni federalismo. Ninguna iniciativa sobre inflación, empleo, universidades, jubilaciones, tarifas, ni siquiera sobre Córdoba. Su producción legislativa se limita a expresar repudios sobre la situación judicial de Jair Bolsonaro y críticas al juez Alexandre de Moraes.
En términos estrictamente institucionales, su paso por el Congreso resulta prácticamente inexistente.
Los dos únicos proyectos que llevan su firma refuerzan una lógica que se repite en su construcción política: la importación de conflictos ideológicos externos, sobre todo del universo de la nueva derecha internacional.
Ambas declaraciones apuntan contra el poder judicial brasileño, denuncian supuesta persecución política y, en uno de los casos, incluso celebran sanciones económicas impulsadas por Donald Trump contra Brasil. El tono es más propio de un influencer militante que de una legisladora de la Nación.

Mientras tanto, no hay registros de proyectos sobre la crisis social argentina, la pobreza estructural, el derrumbe del sistema educativo, el vaciamiento científico, los incendios en la Patania, la situación de las provincias o la licuación de los ingresos.
La paradoja es evidente: una diputada nacional que apenas intenta legislar sobre Brasil pero no sobre Argentina.
El resto de su visibilidad pública está dominado por episodios virales: peleas con usuarios por su cuerpo, publicaciones en bikini, discursos contra Halloween, mensajes religiosos, su bautismo en el río Jordán, fotos sugestivas en fechas patrias y constantes referencias a su fe evangélica.
Nada de eso es ilegítimo en términos personales. El problema es político: la exposición reemplazó a la función. La identidad digital ocupa el lugar del rol institucional.
Incluso cuando fue noticia por una denuncia judicial vinculada a presuntas irregularidades con asesores, Ponce respondió en clave de victimización política, sin que ello se tradujera en mayor actividad parlamentaria posterior.
El caso Ponce no es individual. Es síntoma.
Su figura encaja perfectamente en el modelo que consolidó Javier Milei: dirigentes sin trayectoria en gestión pública, con alto perfil en redes, fuerte carga ideológica y bajísima producción institucional. La política como escena, no como estructura. Como relato, no como política pública.
No se trata solo de inexperiencia. Se trata de una concepción distinta del poder: el cargo como plataforma de visibilidad, no como herramienta de transformación.
En ese marco, la diputada cordobesa no es una excepción, sino una expresión coherente de una lógica más amplia: la degradación de la representación democrática en favor del algoritmo.
La pregunta de fondo no es si Ponce publica demasiado en redes, sino si efectivamente ejerce la función para la que fue electa y por la que cobra más de 10 millones de pesos mensuales.
Porque una banca nacional no es un canal de YouTube, ni una cuenta de Instagram, ni un púlpito religioso. Es un espacio institucional para legislar, controlar al ejecutivo, representar intereses sociales y producir normas. Cuando ese rol se vacía de contenido y se llena de selfies, discursos importados y polémicas estéticas, el problema ya no es la diputada: es el sistema político que lo habilita, lo legitima y lo normaliza.
En ese sentido, María Celeste Ponce no encarna solo una diputación sin proyectos. Encara algo más profundo: la conversión definitiva de la política argentina en un espectáculo sin gestión. Y eso, más que un escándalo personal, es una señal de época. (www.REALPOLITIK.com.ar)