Un reciente informe de Argentinos por la Educación plantea un preocupante panorama para el futuro inmediato de la educación argentina. Según el estudio, para 2030 habrá 1,2 millones de alumnos menos en el nivel primario como consecuencia de la drástica caída de la natalidad en nuestro país.
Los alarmantes datos invitan a repensar la escuela ante el desplome de la matrícula, lo que exigirá reorganizar cargos, presupuesto e infraestructura. La disyuntiva, como siempre, es el cómo se encarará el proceso: o pasando la motosierra, liquidando aún más la modesta calidad educativa actual y lo que quedará de los derechos laborales, o aprovechando la oportunidad para incrementar la calidad educativa y posicionar a alumnos y docentes en condiciones más adecuadas para afrontar el futuro.
Según las proyecciones oficiales y los datos disponibles del sistema educativo, para 2030 habrá un 27 por ciento menos de alumnos que en 2023, lo que implicaría una caída de 1,2 millones de estudiantes. La experiencia argentina indica que las expectativas no parecen ser muy promisorias, sobre todo en el marco de un discurso oficial que ve a la educación como un gasto y no como una inversión, y que parece asociar a la educación pública como el sótano de quienes no pueden acceder a la educación privada.
El informe “Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado”, publicado por Argentinos por la Educación, sobre la base de proyecciones de la dirección nacional de Población y del Relevamiento Anual de la secretaría de Educación, indica que, en caso de mantenerse la estructura de cargos docentes actual, el promedio nacional podría descender a 12 alumnos por docente en el nivel primario para 2030.
Claro está que esta reducción de matrícula no es uniforme en todo al país. La provincia de Buenos Aires experimentará la mayor reducción en términos absolutos, ya que la caída será de más de 510 mil alumnos menos (-30,5 por ciento). A continuación se anotan la CABA y Santa Fe. Pero, en términos proporcionales, las mayores caídas tendrán lugar en Tierra del Fuego, Santa Cruz y CABA. Oras provincias tendrán recortes más moderados, como Santiago del Estero, Misiones y Corrientes.
Los expertos advierten que una reducción drástica de los alumnos por aula podría resultar contraproducente, ya que podría afectar los procesos de socialización de los estudiantes. Una opción virtuosa podría ser el establecimiento de la doble jornada obligatoria, que permitiría resguardar cargos e incrementar la calidad de los aprendizajes.

De mantenerse la ratio actual, en 2030 sobrarían más de 50 mil cursos y se eliminarían alrededor de 71 mil cargos docentes, con un “ahorro” de unos 966.000 millones de pesos anuales, es decir, alrededor del 15 por ciento del presupuesto educativo vigente. De persistir un proyecto de brutal ajuste fiscal como el actual, la conflictividad con los gremios docentes resultará inevitable.
También el sector privado se verá en un brete, al depender total o parcialmente de la matrícula efectiva. De allí una pregunta lógica: ¿Se duplicarán las cuotas, para mantener los cargos docentes, o caerá, indefectiblemente, la guadaña del ajuste sobre plantas docentes, salarios y condiciones de trabajo?
El futuro de la educación en este contexto debería ser un debate urgente para una sociedad argentina que, sin embargo, experimenta la misma abulia y resignación con la que observa la degradación del empleo digno, la destrucción del mercado interno y el descenso social inevitable para la mayoría de los sectores medios y medios bajos. Pero esta discusión debería incluirse en otra más amplia, que incluye al conjunto de la sociedad en su conjunto. De prosperar la reforma laboral impulsada por el gobierno, en un contexto de crisis de la natalidad, la población se reducirá y también los puestos de trabajo regularizados, con el consiguiente impacto sobre el mercado interno y el financiamiento del sistema previsional, en el que los trabajadores activos en blanco financian en gran medida a los jubilados y pensionados.
Indefectiblemente la Argentina cambiará a una velocidad relámpago. De no planificarse con celeridad y raciocinio la transición, las consecuencias podrían resultar catastróficas. Pero, por ahora, la dirigencia sigue mirando para otro lado. No sorprende para nada. (www.REALPOLITIK.com.ar)