El Cerro Catedral dejó hace tiempo de ser solo el corazón del turismo invernal de Bariloche. Hoy es el epicentro de una disputa mucho más profunda, donde se cruzan negocios millonarios, decisiones políticas, concesiones extendidas, proyectos inmobiliarios de alta gama y una comunidad que empieza a preguntarse si el desarrollo prometido no es, en realidad, una transferencia silenciosa de poder y tierra pública hacia intereses privados consolidados.
Desde 2011, la explotación del centro de esquí más grande del hemisferio sur está en manos de Catedral Alta Patagonia SA (CAPSA), empresa controlada por la familia Trappa, propietaria del poderoso grupo Vía Bariloche. Lo que comenzó como una concesión para administrar medios de elevación y servicios turísticos fue mutando, con el correr de los años, hacia un modelo integral que ya no se limita a la nieve ni a las pistas, sino que avanza sobre el suelo, el uso del territorio y el negocio inmobiliario.
Los Trappa no son recién llegados al poder económico. Construyeron su fortuna desde el transporte de pasajeros, expandiendo Vía Bariloche hasta convertirla en una de las empresas más grandes del país, con decenas de firmas satélite, logística, carga y control de rutas estratégicas. En la última década, ese poder se proyectó con fuerza sobre el turismo patagónico: primero Catedral, luego La Hoya en Esquel y más recientemente Chapelco en Neuquén. Tres centros de esquí clave bajo una misma órbita empresaria. Para algunos, una apuesta estratégica al desarrollo; para otros, una concentración inédita de poder económico sobre un recurso turístico central.
El argumento que sostiene este modelo es conocido: inversión. Millones de dólares en nuevos medios de elevación, fabricación de nieve, infraestructura y tecnología. Las cifras que se repiten rondan entre los 22 y los 40 millones de dólares comprometidos o ejecutados en los últimos años. La provincia y el municipio destacan estos números como prueba de que el esquema funciona. Sin embargo, el interrogante de fondo persiste: ¿Esas inversiones justifican la extensión de concesiones, la falta de licitaciones abiertas y, ahora, la posibilidad de urbanizar sectores del cerro?
A ese entramado político-empresarial se suma un dato que en Bariloche y en el Alto Valle circula desde hace años y que vuelve a cobrar fuerza en el debate actual. Según fuentes allegadas al sector del transporte y a la política rionegrina, el vínculo entre Alberto Weretilneck y la familia Trappa no nació con el Cerro Catedral ni con la gobernación, sino mucho antes, cuando Weretilneck era intendente de la municipalidad de Cipolletti. En aquel período, Vía Bariloche —empresa que con el tiempo consolidaría una posición dominante en los principales centros de esquí de la Patagonia— habría negociado con el entonces jefe comunal el esquema operativo de la histórica ruta 22, que conectaba Buenos Aires con Bariloche y realizaba múltiples paradas estratégicas en localidades de la provincia.

En paralelo, la empresa fue la encargada de avanzar en la modernización de la terminal de ómnibus, consolidando una relación que, según esas mismas fuentes, nunca se interrumpió. Ya como gobernador, Weretilneck mantuvo ese vínculo, que se proyectó en decisiones clave vinculadas al transporte, el turismo y las concesiones.
En ese contexto, surgió en el 2017 un episodio de alto voltaje político, mediante un intercambio mencionado en el peritaje judicial realizado sobre el celular de Darío Nieto, exsecretario privado de Mauricio Macri, donde se hace referencia a gestiones que involucrarían a Weretilneck y al entorno del expresidente. A partir de esa información, sectores de la oposición provincial y la agrupación Vecinos por un Cerro sostienen que existió un acuerdo espurio entre nación, provincia y el municipio para facilitar la prórroga de la concesión del Cerro Catedral a CAPSA – Vía Bariloche, empresa propiedad de los Trappa, históricamente vinculada tanto al macrismo como al actual gobernador. Con esos elementos, anticipan la presentación de nuevos recursos judiciales para intentar la nulidad de la prórroga y reabrir el debate sobre la legalidad y transparencia del contrato.
El actual intendente del municipio de Bariloche, Walter Cortés, impulsa un plan de ordenamiento que habilita cambios en los parámetros urbanísticos del Cerro Catedral. El proyecto contempla la posibilidad de desarrollar complejos residenciales, barrios cerrados y un hotel de alta gama en sectores estratégicos de la montaña, por encima de los 1.200 metros de altura. No se trata de una mejora de servicios existentes, sino de un salto cualitativo, que es convertir suelo concesionado para uso turístico en un enclave inmobiliario premium.
Los defensores del proyecto aseguran que se trata de diversificar la oferta, atraer turismo de alto poder adquisitivo y generar empleo. Sostienen que Bariloche no puede vivir solo del esquí y que el cerro debe transformarse en un polo turístico los doce meses del año. En esa línea se encolumnan sectores del empresariado y funcionarios provinciales, con el gobernador Alberto Weretilneck como uno de los principales avales políticos de las inversiones en Catedral. Su gestión, tanto en el pasado como en el presente, fue clave para sostener el vínculo con CAPSA y garantizar previsibilidad a la empresa.

Del otro lado, las críticas no son menores ni marginales. Concejales opositores, organizaciones sociales, vecinos autoconvocados y técnicos advierten que el proyecto vulnera la carta orgánica municipal, que define al Cerro Catedral como patrimonio público inalienable. Denuncian que se avanza hacia una privatización de hecho, disfrazada de desarrollo turístico, sin un debate profundo ni consulta real a la comunidad. También alertan sobre el impacto ambiental, la falta de infraestructura básica para sostener nuevos barrios en altura y el riesgo de convertir al cerro en un espacio exclusivo, ajeno a los intereses de la mayoría de los barilochenses.
En el centro de la escena aparece una pregunta incómoda: ¿Quién gana realmente con este modelo? Mientras el discurso oficial habla de empleo y crecimiento, los críticos sostienen que el mayor beneficio queda concentrado en quienes ya controlan el negocio, capitalizando tierra pública a valor inmobiliario internacional. El cerro, advierten, deja de ser un bien común para transformarse en un activo financiero.
El Concejo Deliberante de Bariloche enfrenta una de las decisiones más sensibles de los últimos años, ya no vinculada a la prórroga de la concesión del Cerro Catedral, sino al megaproyecto de infraestructura que CAPSA busca desarrollar en unas 70 hectáreas de la base y la montaña. La iniciativa incluye un hotel de lujo con salida directa a pista a 1.200 metros sobre el nivel del mar, barrios residenciales y turísticos en una de las laderas del cerro y servicios complementarios para alojar a más de 10 mil visitantes.
La cesión de esa superficie a un privado es uno de los puntos que mayor resistencia genera entre vecinos y organizaciones, sobre todo porque la carta orgánica municipal establece que el pueblo de Bariloche reivindica el derecho excluyente sobre el Cerro Catedral y sus tierras circundantes como parte inalienable de su patrimonio.
El procedimiento institucional marca que primero debe abrirse el debate en el ámbito del Consejo de Planificación Municipal y luego convocarse a una audiencia pública, pero la decisión final quedará en manos del Concejo Deliberante, que deberá aprobar o rechazar la ordenanza que habilite el desarrollo.
El ejecutivo municipal y CAPSA, que negocian un canje de esas 70 hectáreas por tierras urbanas de la empresa para atender la emergencia habitacional, necesitan reunir ocho votos. El oficialismo de Walter Cortés ya cuenta con apoyos clave y suma seis voluntuntades junto con el apoyo del gobernador Alberto Weretilneck quien respalda el Plan Director y ordena a sus concejales acompañar. En ese escenario, todas las miradas se posan sobre la concejal del Pro, Samanta Echenique, y la del ahora libertario, Facundo Villalba, cuyos votos podrían destrabar o bloquear el proyecto, frente a una oposición que ya se manifestó en contra y advierte que el cerro es “la gallina de los huevos de oro” de Bariloche y no debe entregarse a negociaciones que, sostienen, no representan los intereses de la ciudad.

En ese contexto, también empiezan a circular interrogantes sobre el origen y la proyección del capital que podría financiar estas transformaciones. En la Patagonia no pasan desapercibidas las inversiones extranjeras, como las realizadas por capitales qataríes en la zona de Baguales, donde se impulsan proyectos hidroeléctricos y desarrollos turísticos privados sobre miles de hectáreas. No existe, hasta ahora, ninguna prueba de que esos fondos estén vinculados al Cerro Catedral ni a CAPSA. Pero la pregunta flota: ¿Podrían capitales de ese tipo desembarcar en el negocio inmobiliario del cerro si el marco normativo lo permite?
La historia reciente demuestra que cuando el suelo se habilita y la rentabilidad aparece, el origen del dinero deja de ser una barrera. Patagonia, recursos naturales, paisajes únicos y reglas flexibles conforman una super combinación demasiada atractiva para el capital con intereses espurios.
El debate sobre el Cerro Catedral ya no es técnico ni turístico. Es político. Es una discusión sobre el modelo de ciudad, sobre el rol del estado frente a grandes grupos económicos y sobre el límite —si es que existe— entre inversión privada y apropiación de lo público. Weretilneck, Cortés y la familia Trappa quedan así en el centro de una trama donde las decisiones de hoy pueden definir el perfil de Bariloche por décadas.
La montaña sigue ahí, imponente, cubierta de nieve cada invierno. Pero debajo de esa postal se libra una disputa silenciosa que excede largamente al esquí. (www.REALPOLITIK.com.ar)