Trabajadora con cáncer denunció una persecución de La Cámpora y le depositaron 22 mil pesos de sueldo

La situación de Nilda Matilde Astorga, la trabajadora del hospital Ramón Carrillo que denunció persecución laboral mientras atraviesa un tratamiento por cáncer, sumó un capítulo que agrava aún más el cuadro administrativo y humano. Este jueves, al concurrir al Banco Provincia, constató que el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires le depositó apenas 22 mil pesos en concepto de sueldo.

“¿Cómo compro la medicación? ¿Cómo pago los gastos?”, expresó a REALPOLITIK, visiblemente afectada. “Ya no puedo más”.

Pero el dato que aporta un elemento clave a la denuncia es su cargo jerárquico dentro del hospital: Astorga no es una administrativa más. Es técnica categoría 18, jefa de servicio, y asegura ser la única técnica en ese rango ante el ministerio de Salud dentro del establecimiento.

Es decir: mientras cuenta con licencia médica vigente por tratamiento oncológico, avalada por junta médica y la ley 10.430, el estado bonaerense le acredita un monto que no alcanza siquiera para subsistir.

Sin respuestas oficiales y una visita desesperada al ministerio

Astorga envió carta documento, realizó presentaciones formales por mesa de entradas del ministerio y no obtuvo ninguna respuesta. Este viernes decidió ir personalmente a la sede sanitaria provincial para exigir explicaciones sobre su situación salarial y laboral. “Estoy en la calle”, resumió.

La ausencia de respuesta administrativa ya no aparece como una omisión burocrática sino como parte del mismo mecanismo de hostigamiento que viene denunciando.

En paralelo, REALPOLITIK accedió al pedido de explicaciones que la dirección del hospital emitió contra Astorga el 20 de agosto de 2025, firmado por el director ejecutivo Adrián Tarditti.

En ese documento, la conducción hospitalaria intenta encuadrar su conducta como una falta disciplinaria por “negarse a realizar tareas”, “desestimar la autoridad” y “falta de respeto a su superior”, otorgándole tres días para efectuar un descargo. El escrito sostiene que Astorga se habría negado a colaborar en tareas de la subunidad de Estadística y que se negó a notificarse de esa orden “ante testigos”.

Sin embargo, ese pedido de explicaciones coincide temporalmente con su licencia médica oncológica, lo que plantea una contradicción central: mientras la trabajadora acredita documentación médica y junta médica que la habilitan a no prestar tareas por tratamiento de cáncer, la dirección del hospital la acusa formalmente de no trabajar.

La pregunta que surge es inevitable: ¿Se utilizó un procedimiento administrativo disciplinario para justificar luego la baja de haberes?

De jefa de servicio a 22 mil pesos

El contraste es brutal. Una trabajadora con 43 años de servicio, categoría 18, jefa de área, con licencia médica vigente, pasa a percibir 22 mil pesos sin explicación formal, sin acto administrativo notificado y sin respuesta a sus intimaciones legales.

Lo que en la primera denuncia aparecía como violencia laboral, ahora suma un elemento aún más delicado: la posible utilización de herramientas administrativas para asfixiar económicamente a una trabajadora enferma.

Mientras el gobierno de Axel Kicillof sigue sin dar respuestas, Astorga recorre pasillos oficiales para que alguien le explique cómo puede sobrevivir con ese monto en medio de un tratamiento oncológico.

Y la pregunta que empieza a tomar forma ya no es sólo laboral, sino institucional: ¿Quién decidió que una jefa de servicio con cáncer debía cobrar 22 mil? (www.REALPOLITIK.com.ar)