“Con el anuncio de la ministra Alejandra Monteoliva y la designación de Diego Valenzuela como titular de esta nueva agencia de seguridad de Migraciones se confirma un cambio de paradigma que ya se venía insinuando desde noviembre de 2025, cuando el ministerio de Seguridad Nacional absorbió Migraciones”, explicó Andrea Acevedo. Según señaló, se abandona la mirada administrativa y de regularización migratoria para pasar a un enfoque de seguridad nacional: “Se deja de poner el foco en el otorgamiento de documentos y en la regularidad para priorizar la seguridad fronteriza, desde una discusión que es equivocada”.
En ese sentido, la especialista remarcó que “no existe evidencia que demuestre que endurecer las políticas migratorias sirva para combatir el narcotráfico o el delito transnacional”. Por el contrario, sostuvo que este tipo de medidas “ya fracasaron” y recordó el antecedente del decreto 70/2017 impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich: “Se criminalizó a la migración con estadísticas sesgadas y no se mejoraron los resultados en materia de criminalidad. Lo único que se generó fue más irregularidad migratoria”.
Acevedo detalló que aquel decreto, luego declarado inconstitucional, restringía el acceso a la justicia, aceleraba expulsiones y trataba la irregularidad administrativa como un problema penal. “Se hablaba incluso de cárceles de migrantes y de procedimientos sumarísimos que impedían apelar decisiones. Todo eso generó miedo, exclusión y mayor vulnerabilidad”, afirmó. Además, subrayó que la proporción de migrantes en el país “nunca superó el 5 por ciento”, pese a que el discurso oficial exageraba su incidencia en la criminalidad.
“La irregularidad es el principal problema de seguridad para los migrantes”, enfatizó. “Cuando una persona no puede regularizar su situación, queda expuesta a redes de trata, de explotación laboral y de crimen organizado”. En ese marco, puso como ejemplo la trata de personas con fines de explotación laboral: “Las principales víctimas son migrantes. Si el estado realmente quisiera combatir estos delitos, debería investigar las redes denunciadas, como las de trabajo forzoso en la industria textil, donde las víctimas son claras”.
La abogada también alertó sobre el uso de la migración como chivo expiatorio: “Los migrantes se convierten en una gran distracción para la opinión pública. Se instala un ‘nosotros contra ellos’ que tapa los problemas reales que atraviesan tanto los migrantes como la población local”. Y agregó: “Hablar de migración permite ocultar la inseguridad que viven las personas no migrantes”.
En apoyo a su postura, Acevedo citó experiencias internacionales: “En España, Italia y Estados Unidos hay décadas de evidencia que muestran que endurecer las políticas migratorias no reduce el narcotráfico ni la criminalidad. En Estados Unidos llevan casi 40 años intentando ese camino y no funcionó”. Según explicó, el problema del narcotráfico “no está en los migrantes, sino en los puertos, en los cielos abiertos y en las rutas comerciales”.
Finalmente, cuestionó las contradicciones del discurso oficial: “Se endurecen las políticas migratorias mientras se abren los cielos y no se invierte en radares ni en controles efectivos. Se crean nuevas agencias que requieren más presupuesto y formación, en un contexto de ajuste y reducción del Estado”. Y concluyó: “Volver a criminalizar la migración es repetir un error que ya fue declarado inconstitucional. No aprendieron que mezclar política migratoria con política criminal solo agrava los problemas en lugar de resolverlos”. (www.REALPOLITIK.com.ar)