El régimen oligárquico en retirada

Las revoluciones radicales de 1893 dejaron su huella en el régimen oligárquico. Luis Sáenz Peña cedió la iniciativa de su represión a Carlos Pellegrini y a Julio Roca, debido a su ineptitud. En su gestión, de poco más de dos años, desfilaron por los cinco ministerios nacionales nada menos que treinta ministros. Debilitado, renunció a principios de 1895, siendo reemplazado por José Félix Uriburu, su vicepresidente, quien cumplimentó sin inconvenientes su mandato. El suicidio de Leandro Alem llamó a momentáneo sosiego a la Unión Cívica Radical, y Roca no encontró dificultades para imponer nuevamente su candidatura presidencial para el período 1898-1904. La situación económica era de gran prosperidad para las clases propietarias, mientras las clases subalternas permanecían en la miseria, tal cual era lo habitual en el régimen oligárquico. Sin embargo, el frente externo se presentaba amenazante, ya que el diferendo territorial con Chile alcanzaba por entonces su máxima expresión.

Los reclamos chilenos por los territorios de la Patagonia, el Estrecho de Magallanes y las islas vecinas se habían reiterado por décadas, sobre todo en virtud de la falta de ocupación efectiva por parte del estado argentino. La “Campaña del Desierto” de Roca, en 1880, pareció cerrar definitivamente la cuestión y al año siguiente, en 1881, se firmó un tratado de límites también llamado Tratado Irigoyen-Echeverría, por el cual Chile renunciaba a sus aspiraciones sobre la Patagonia, mientras que el estrecho de Magallanes era neutralizado a perpetuidad, permitiéndose la libre navegación internacional.

El tratado dio lugar a interpretaciones divergentes que forzaron nuevos encuentros diplomáticos registrados en los protocolos de 1888, 1893 y 1895, sin alcanzar un resultado satisfactorio. En 1897 ambas partes comenzaron a realizar preparativos para un inminente conflicto armado, ya que sus enviados diplomáticos, el perito Francisco Moreno y el chileno Diego Barros Arana, no consiguieron ponerse de acuerdo.

De ambos lados de la frontera, los partidarios de la guerra exigían una resolución armada. Los presidentes Roca y Federico Errázuriz, partidarios de la paz, se entrevistaron en los canales del sur para apaciguar los ánimos sellando la amistad entre ambos países en el denominado “Abrazo del Estrecho” (15/2/1899). El 28 de julio de 1902 firmaron los Pactos de Mayo, que dispusieron el sometimiento de la cuestión al arbitraje británico, y en 1893 quedó consagrado el principio: Chile en el Pacífico y Argentina en el Atlántico. También se sometió a arbitraje de Gran Bretaña un diferendo por la Puna de Atacama, que fue dividida entre las partes.

Si bien el conflicto armado con Chile consiguió evitarse, la grave situación hizo tomar conciencia de la escasa capacidad bélica de un Ejército nacional que había sido creado para fusilar a mansalva a gauchos o indios armados con lanzas y cuchillos, a obreros paupérrimos que reclamaban aumentos para poder llevar un plato de comida a sus hogares o a simples ciudadanos que reclamaban la vigencia efectiva de sus derechos políticos y el fin de la corrupción oligárquica.

La conciencia de que el estado argentino no estaba en condiciones de sostener una guerra internacional contra ningún ejército profesional motivó la designación del general Pablo Ricchieri como ministro de Guerra. Ricchieri tenía un sólido perfil profesional: egresado del Colegio Militar en 1890, había completado su formación en Alemania. Ricchieri profundizó el perfil profesional del Ejército, actualizó los planes de estudio de las instituciones militares, modernizó el armamento y creó bases militares alejadas de las ciudades (Campo de Mayo, Campo General Belgrano, Campo Los Andes, Campo General Paz y Paracao). Si bien Ricchieri planteó la prescindencia política del Ejército, también proclamó como su misión el “mantenimiento del orden y el respeto de la ley”. Este argumento sería utilizado reiteradamente para justificar los golpes de estado que asolaron a nuestro país durante buena parte del siglo XX.

También impulsó la creación del servicio militar obligatorio mediante el Estatuto Militar Orgánico de 1901 (Ley 4.301). La edad de los reclutas era de 21 años y su duración, de 18 a 24 meses. A su juicio, se trataba de un “poderoso instrumento de moralización pública” que permitiría “acelerar la fusión de los diversos y múltiples elementos étnicos que están constituyendo a nuestro país en forma de inmigraciones”. Si de los ciudadanos a una institución jerárquica y autoritaria como lo era  el Ejército, la ley se aprobó sin complicaciones. Resultaba evidente que la democracia no era un objeto de culto para la oligarquía argentina.

En 1902, el PAN sufrió una fractura producto de la decisión de Roca de postular a Manuel Quintana como presidente, deshaciendo su compromiso con Pellegrini. Desde entonces, el antiguo socio de Roca, que había hecho su carrera montado en el fraude, se convirtió en ferviente defensor de la transparencia electoral. Los pellegrinistas sostenían la necesidad de incluir institucionalmente a la UCR y al Partido Socialista, para canalizar el malestar por otros medios que no fueran los de la acción directa a los que apelaba el anarquismo. Algunos avances mínimos en el tema electoral se habían comprobado durante la gestión de Roca. La reforma de 1902 impuso la lista incompleta, la elección de candidatos por circunscripciones, estableció padrones fijos y el uso de la libreta electoral. La ley permitía el ingreso de las minorías al archivar el sistema de lista completa, donde el más votado se llevaba todos los cargos, y posibilitó que el Partido Socialista contara con su primer diputado nacional, Alfredo Palacios, en 1904, gracias a un acuerdo con el PAN.

El oficialismo mantuvo el control de los comicios, y a través del fraude impuso en las presidenciales a la fórmula Manuel Quintana-José Figueroa Alcorta. La autoridad del presidente se robusteció cuando, a inicios de 1905, consiguió desactivar una nueva revolución de la UCR que había alcanzado gran magnitud y había estado organizada por Hipólito Yrigoyen. Quintana dispuso el retorno al sistema electoral de lista completa, con el que se realizó la elección legislativa de marzo de 1906. La elección terminó en escándalo cuando la Concentración Popular, la coalición opositora compuesta por autonomistas, mitristas, conservadores y radicales no yrigoyenistas, y que postulaba a Pellegrini, Emilio Mitre, Roque Sáenz Peña y Ernesto Tornquist, se impuso sobre la fórmula oficial, en medio de protestas y denuncias de compra de votos. Llamativamente, los vencedores sostenían principios éticos y un programa de reforma política.

A medida que el Centenario se aproximaba, el constante crecimiento económico despertaba el optimismo de ganaderos y empresarios. Sin embargo, por debajo de esa apariencia brillante, el descontento social crecía. Los radicales planificaban una nueva revolución para 1907 o 1908, que finalmente fue descartada. El 1 de mayo de 1909, una multitudinaria manifestación obrera fue respondida con una criminal represión policial. El saldo fue de ocho muertos y más de cien heridos.

La Federación Obrera declaró una huelga general por tiempo indeterminado, que paralizó a Buenos Aires por varios días. En noviembre de 1909, el joven anarquista Simón Radowitsky asesinó con una bomba al jefe de Policía, Ramón Falcón, y a su secretario, en venganza por la represión de mayo. El hecho no pasó desapercibido: la persecución de militantes obreros se multiplicó, así como también las deportaciones y el cierre de locales.

El recambio presidencial era inminente. Con el apoyo presidencial, el camino de Roque Sáenz Peña a la primera magistratura no sufrió sobresaltos, ya que obtuvo el 99 por ciento de los votos del Colegio Electoral. Paradójicamente, quien había obtenido este respaldo inédito se disponía a desactivar para siempre las viciadas prácticas electorales del régimen oligárquico. (www.REALPOLITIK.com.ar)