Régimen Penal Juvenil: El Congreso avanza con una reforma histórica que baja la imputabilidad a los 14 años

Argentina avanza hacia un cambio estructural en su sistema de justicia juvenil. Luego de 45 años de vigencia de una normativa heredada de un gobierno de facto, el Congreso Nacional emitió dictamen para un nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma profunda que establece la edad de imputabilidad desde los 14 años y suma la responsabilidad civil de los padres por los delitos cometidos por sus hijos menores.

El proyecto tomó impulso decisivo gracias al trabajo de la diputada nacional Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), cuyo expediente 0507-D-2025 fue clave para alcanzar consensos en las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto. Sus aportes no fueron cosméticos: introducen cambios de fondo que apuntan a más responsabilidad legal, mayor protección social y una justicia menos abstracta.

 

 

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una publicación compartida por Lourdes Micaela Arrieta (@lulumicart)

Entre los artículos centrales incorporados a partir de las propuestas de Arrieta, se destacan:

Artículo 1°: fija la edad de imputabilidad en los 14 años, alineando a Argentina con estándares regionales.
Artículo 5°, inciso m: crea la figura de la “Tutela Juvenil”, que habilita al juez a dictar medidas de protección inmediata para resguardar al menor durante el proceso.
Artículo 7°: establece la responsabilidad civil de los progenitores, obligando a los padres a responder económicamente por los daños causados por sus hijos.
Artículo 28: impone la capacitación obligatoria y especializada para todo el personal que trabaje en institutos de detención juvenil.

El punto que genera mayor impacto social es el Artículo 7°, una iniciativa directa de Lourdes Arrieta que pone fin a lo que muchos consideran una impunidad económica estructural. A partir de esta norma, los jueces podrán dictar medidas cautelares sobre los bienes de los padres para garantizar la indemnización a las víctimas. El mensaje es claro: el daño se repara y la responsabilidad no se diluye.

En la misma línea, la baja de la edad de imputabilidad busca dar respuesta a una demanda histórica de seguridad ciudadana. Lejos de una lógica meramente punitiva, el nuevo régimen propone una intervención estatal temprana, con reglas claras y un enfoque orientado a interrumpir trayectorias delictivas, combinando sanción y resocialización.

Otro eje central es la profesionalización del sistema, prevista en el Artículo 28. La exigencia de personal capacitado apunta a reducir la reincidencia, transformar los institutos en espacios de educación y formación laboral, y evitar que funcionen como verdaderas “escuelas del delito”. Seguridad barrial hoy, prevención a largo plazo mañana.

La reforma también implica la derogación definitiva de la Ley 22.278, sancionada en 1980 durante la última dictadura militar. En su lugar, se establece un proceso transparente, con plazos procesales estrictos, que garantizan respuestas rápidas para las víctimas y evitan que las causas se diluyan con el paso del tiempo.

El dictamen de mayoría es el resultado de un trabajo parlamentario transversal, que además de los aportes de Lourdes Arrieta, integró propuestas de legisladores como Álvaro Martínez, Martín Yeza, Ana Carla Carrizo, Ramiro Gutiérrez y Marcela Campagnoli, entre otros. Un consenso amplio para una reforma que promete marcar un antes y un después en la justicia juvenil argentina. (www.REALPOLITIK.com.ar)