El juez federal Sebastián Casanello dispuso el fin de la intervención de OSPRERA y restituyó en su cargo a José Voytenco, secretario general de UATRE, en un fallo que modifica el tablero judicial pero no despeja las dudas que rodean su gestión.
Aunque la resolución levanta el congelamiento de sus cuentas y devuelve el control político de la obra social al sindicalista, el expediente deja un dato incómodo: la causa por presunto lavado de activos no fue cerrada. El propio magistrado señaló que el avance de la investigación fue “prácticamente nulo”, una definición que expone debilidades procesales, pero que no equivale a una absolución de fondo.
La decisión de Casanello revierte la intervención dispuesta en 2024 por el juez Federico Villena, tras una serie de denuncias por presuntas irregularidades en la conducción de la obra social de los trabajadores rurales.
El fallo ordena además la designación de un veedor judicial por 90 días, que deberá controlar el flujo de fondos y reportar mensualmente cualquier movimiento irregular. No es un detalle menor: la Justicia devuelve el mando, pero no la confianza plena.
Si la administración estuviera fuera de toda sospecha, no haría falta un monitoreo específico sobre entradas y salidas de dinero.
Más allá del fin de la intervención, persisten investigaciones vinculadas a la gestión anterior de OSPRERA. En el expediente original se analizaban movimientos financieros y posibles inconsistencias contables. Hasta el momento no hubo una imputación formal firme contra Voytenco, pero el proceso no fue archivado.
El trasfondo no es menor. OSPRERA administra una de las cajas más relevantes del sistema sindical argentino, con miles de afiliados y un presupuesto multimillonario. En ese contexto, cada decisión administrativa tiene impacto político y económico.
Mientras celebra su restitución, UATRE enfrenta cuestionamientos internos y externos. Durante la intervención se denunciaron desajustes financieros, déficit acumulado y dificultades en la cobertura médica. Desde el gremio se responsabilizó al interventor Marcelo Petroni por el deterioro de las prestaciones, pero los problemas estructurales de la obra social no comenzaron en 2024.
La discusión de fondo es más incómoda: ¿cómo llegó OSPRERA a una situación que habilitó una intervención judicial en primer lugar?
La resolución representa un revés para el ministro de Salud Mario Lugones y para Eduardo “Lule” Menem, señalados como impulsores de la intervención. Sin embargo, también deja a Voytenco en una posición frágil: recupera el sillón, pero con la lupa encima y en medio de una disputa política que no terminó.
En paralelo, el dirigente viene endureciendo su discurso contra el Gobierno por la reforma laboral, lo que añade tensión a una relación ya deteriorada.
En Argentina, el control de una obra social sindical nunca es solo una cuestión sanitaria. Es poder territorial, estructura política y recursos. La Justicia cerró una etapa, pero el interrogante sobre la transparencia y la eficiencia en la gestión de OSPRERA sigue abierto.
Y en ese terreno, la restitución judicial no equivale a una absolución política. (www.REALPOLITIK.com.ar)