“Hay una ley general tácita en todas las iniciativas del gobierno: todo es para deteriorar la institucionalidad, la economía y los derechos humanos. De manera que lo único positivo es aquello que no sale aprobado. Lo que sale aprobado es todo de pésima factura”, sentenció Eduardo Barcesat al inicio de la entrevista.
En ese sentido, recordó que el actual proceso de reformas comenzó con el decreto de necesidad y urgencia del ejecutivo: “Empezaría por el DNU 70/23, que es el que trastocó la vida económica de todos los argentinos y respecto del cual la Corte Suprema todavía no se ha pronunciado sobre su constitucionalidad”.
El constitucionalista sostuvo que la reforma laboral viola principios básicos del derecho: “Esta propuesta normativa quebranta el principio de no regresividad en materia de derechos humanos. El trabajo es, por la constitución y por las convenciones internacionales, un derecho humano con estándares de dignidad en las condiciones laborales, en la retribución y en la seguridad social”.
En esa línea, explicó que la iniciativa implica un retroceso histórico: “Todo esto es derrumbado por una normativa más propia de la etapa feudal de disponibilidad absoluta del empleador sobre el trabajador, con reducción de beneficios y pérdida de garantías de seguridad en el trabajo”.
Además, remarcó que la reforma no cumple con el argumento oficial de creación de empleo: “Lo que es más doloroso es que no crea ningún empleo. Por el contrario, va a significar una pérdida de seguridad jurídica para los trabajadores y ningún beneficio ni aporte que pueda ser de utilidad para las pymes”.
Barcesat también cuestionó el sistema de indemnizaciones previsto en el proyecto: “Todo es para favorecer al capital financiero, generando un fondo de pago de indemnizaciones que reposa sobre las reservas de la ANSES y que va a ser administrado no por el estado, sino por un ente empresario, es decir, el gran capital financiero”.
Consultado sobre la constitucionalidad del texto, fue categórico: “Es un vaticinio en el que no puede haber error: se va a multiplicar la litigiosidad, porque el proyecto propone su aplicación a todas las relaciones laborales en curso, quebrantando los derechos adquiridos y el principio de no retroactividad de las leyes”.
Para el abogado, el escenario que se abre es alarmante: “El panorama es penoso, de espanto, para la certeza y la seguridad jurídica que debe rodear al trabajo humano. Es uno de los ejemplos de mayor deterioro de la institucionalidad”.
En ese marco, anticipó un fuerte proceso judicial: “De ser definitivamente aprobado con este texto, va a ser judicializado de una forma gigantesca. Vamos a cuestionarlo y a impugnarlo porque remite a una violación directa de los derechos humanos”.
También apuntó contra el rol de la Justicia: “La Corte Suprema es un organismo que está estancado, que ha perdido credibilidad y calidad jurídica en sus pronunciamientos y que se doblega frente al poder político”.
Al analizar el impacto concreto sobre los trabajadores, advirtió: “Nada se corresponde con los principios de progresividad y no regresividad que presiden todo derecho humano y, en particular, el derecho al trabajo digno”. Y agregó: “Todo esto va a derivar en una catarata de reclamaciones judiciales. Quienes piensan que con esta normativa se acaban los juicios laborales se van a equivocar de pe a pa”.
Sobre el discurso oficial de “modernización”, fue tajante: “Es una reforma regresiva, medieval. Llamar modernización a un retroceso medieval es una usurpación semántica”.
Barcesat también se refirió a la experiencia menemista y marcó diferencias con la gestión actual: “Menem inició este descalabro, pero respetó los derechos y libertades establecidos en la constitución y en los tratados internacionales. Escenas como las que vimos en el Congreso de la Nación Argentina no se habrían visto bajo su gestión”.
En una dura comparación histórica, concluyó: “Menem ha sido malo, el gobierno de Macri muy malo y este gobierno es pésimo. Esa es la graduación que les adjudico”.
Finalmente, proyectó el futuro político del país: “La única alternativa es un gobierno de reconstrucción nacional que recupere el proyecto constitucional y la supremacía de la constitución”. Incluso advirtió: “Es muy probable que el actual presidente no termine su mandato si avanzan las causas judiciales que enfrenta este gobierno”. (www.REALPOLITIK.com.ar)