En la ciudad de Gualeguaychú, una denuncia por abuso sexual fue presentada y documentada, acompañada por testigos y respaldada por pericias profesionales. Sin embargo, la respuesta institucional fue el archivo de la causa. Luego, ante el pedido de revisión, llegó una nueva negativa.
No se trata de opiniones, interpretaciones livianas ni operaciones mediáticas. Se trata de hechos concretos que merecen, al menos, una pregunta honesta: ¿fueron realmente investigados todos los elementos con la profundidad que la gravedad del caso exige, o se decidió cerrar antes de mirar todo?
En el expediente existe un testigo clave, con un relato coherente, sin discursos armados ni frases repetidas. Existen informes psicológicos y psiquiátricos que describen síntomas compatibles con el daño que produce una situación de abuso. Y existe una contradicción imposible de ignorar: mientras testigos de la defensa aseguran —con las mismas palabras— que no existía vínculo alguno entre las partes, el propio denunciado reconoció los hechos ante una comisión, expresó arrepentimiento y validó el relato que hoy se intenta desestimar.
Esa contradicción no es menor. No es una diferencia de criterios ni un matiz técnico. Es un punto central que merecía, como mínimo, una explicación clara y fundada.
A esto se suma un dato que el archivo no puede borrar: la violación de una medida de restricción vigente. Un hecho que constituye, por sí mismo, un delito autónomo y que refuerza el contexto de riesgo y desprotección. No es un detalle accesorio, sino una señal de alarma que, en cualquier otro escenario, habría motivado una investigación activa.
Cuando una causa avanza rápido para cerrarse, pero no con la misma rapidez para investigar, el problema deja de ser individual y pasa a ser institucional. Porque el silencio judicial, lejos de ser neutral, siempre produce efectos. Y esos efectos casi nunca recaen sobre quienes tienen poder, vínculos o protección social.
Gualeguaychú no es una ciudad ajena a estas tensiones. Es una ciudad atravesada por estructuras sociales fuertes y por vínculos estrechos entre lo cultural, lo económico y lo simbólico. Su carnaval, orgullo y motor de la ciudad, también expresa un entramado donde el prestigio, la pertenencia y el reconocimiento social pesan. Cuando esos equilibrios se vuelven demasiado cerrados, la verdad suele quedar incómodamente afuera del sistema.
En contextos como este, donde el archivo se naturaliza y el silencio se vuelve norma, no siempre hace falta una multitud para que algo empiece a moverse. A veces alcanza con una persona que decide no callarse, aun sabiendo que hablar tiene costos. No por épica ni por cálculo, sino porque guardar silencio también duele. Y cuando alguien se anima a sostener su palabra, otras personas —las que miran desde afuera, las que atravesaron situaciones similares, las que nunca fueron escuchadas— empiezan a reconocerse en esa voz que dice lo que muchos piensan y pocos se atreven a expresar.
Esta no es una nota contra una persona. No es una condena anticipada ni un ataque a la Justicia como institución. Es una advertencia social. Una advertencia de que archivar no siempre significa cerrar. De que las preguntas no respondidas no desaparecen: se acumulan. Y de que, cuando las instancias locales se agotan sin dar respuestas convincentes, el problema empieza a ser observado desde otros ámbitos: jurídicos, sociales y públicos.
Por eso, hoy más que nunca, se vuelve necesario que profesionales del derecho, independientes y comprometidos, puedan asumir la defensa de aquello que no fue suficientemente escuchado. Que la justicia privada cumpla su rol cuando la justicia del estado se muestra inaccesible o insuficiente. No para atacar al sistema, sino para obligarlo a mirarse.
Porque hay causas que no se caen por falta de pruebas: se caen por falta de voluntad para mirar. Y cuando eso ocurre, hablar deja de ser una elección y se convierte en una necesidad.
Hoy no se pide revancha ni se reclama privilegio. Se exige algo mucho más simple y mucho más profundo: que alguien vuelva a mirar.