Volver a España: De qué se trata el movimiento reunificacionista que gana fuerza en Puerto Rico

El descontento de los puertorriqueños sobre el estatus de su país y la relación con Estados Unidos se ha visto alimentado estos últimos años por la denominada ley Promesa de 2016 que, durante la presidencia de Barack Obama, impuso una junta de Supervisión y Administración Financiera para hacer frente a la crisis de deuda de Puerto Rico. Esta impuso un severo ajuste fiscal, destacándose que en dicho proceso los puertorriqueños no fueron parte, agregándose que la norma fue dictada por el Congreso de Estados Unidos, donde estos no tienen representación con derecho a voto.

La situación motivó una crisis política en 2019, que derivó en manifestaciones multitudinarias con participación de célebres artistas de la isla. El gobernador Pedro Roselló tuvo que renunciar. Ello no impidió que la junta siguiera en funciones con un importante costo social, dado los recortes en salud y educación. Pero los agravios no terminaron ahí.

La tragedia del huracán “María” causó 4 mil muertos y dejó sin electricidad a 1 millón de personas (de una población de 3.2 millones). El presidente Donald Trump en 2017 rechazó la idea de dar ayudas a Puerto Rico. 

En 2018, en relación a incorpórar al citado país como estado número 51, Trump se opuso abiertamente bajo el argumento de problemas de gestión del liderazgo político local. A la vez, existe en un sector de la opinión pública estadounidense, reflejado en sus dirigentes políticos, el rechazo de aceptar a Puerto Rico como nuevo estado por razones culturales, por ser un territorio donde se habla español mayoritariamente, además de factores económicos (los mismos argumentos se observan con Guam, Islas Marianas del Norte e Islas Vírgenes).

Otras de las objeciones de los políticos en Washington es la falta de consenso entre los puertorriqueños por las elevadas tasas de ausentismo electoral. A pesar de las sucesivas votaciones (1967, 1993, 1998, 2012, 2017, 2020 y 2024), donde la mayor parte de los votantes que se presentaron se mostraron a favor de la integración, es el Congreso que tiene la última palabra. 

Un poco de historia

En 1898, como consecuencia de la guerra hispano norteamericana, Estados Unidos anexó Puerto Rico. En ese momento era una provincia española con un régimen de autonomía. Esto quedó truncado y se impuso un gobierno militar.

Recién en 1917, los puertorriqueños fueron considerados ciudadanos estadounidenses, pero bajo un gobierno colonial. A pesar de no tener derecho a voto, tanto en las elecciones legislativas como en las ejecutivas, los habitantes de Puerto Rico, por ser considerados ciudadanos, fueron obligados a prestar servicio militar. 

En 1952 fue aprobada una nueva constitución debatida por una asamblea constituyente local, pero para su entrada en vigor fue promulgada como ley por el Congreso de Estados Unidos. Así nació el “estado libre y asociado” de Puerto Rico, obteniendo autonomía bajo el concepto de “territorio no incorporado”. Ello significa que los habitantes de la isla, a pesar de ser ciudadanos de Estados Unidos, no tienen derecho a voto en las elecciones nacionales, salvo que residan en territorio continental. Por otro lado, el Congreso, por una interpretación de la constitución estadounidense, tiene plena potestad para decidir sobre las instituciones de Puerto Rico.

Más allá de la postura de Washington, desde el punto de vista del derecho internacional, estamos ante una potencia colonial o “potencia administradora” utilizando el lenguaje jurídico correctamente, lo que implica una serie de obligaciones: promover el desarrollo y adoptar las medidas concernientes a garantizar la libre autodeterminación del pueblo sujeto a dominación colonial, además de dar los informes correspondientes al Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (algo que Washington se ha negado a hacer desde hace décadas). 

Las Naciones Unidas tuvieron un papel contradictorio. En 1953 por medio de la resolución 748, el citado organismo internacional retiró a Puerto Rico del listado de territorios sujetos a descolonización, cuando fue implementado el régimen de autonomía de 1952. Se aprobó con el voto favorable de aproximadamente el 40 por ciento de la Asamblea General, y más del 60 por ciento se abstuvo o votó en contra (20 votos a favor, 16 en contra y 18 abstenciones), en el marco de una fuerte presión diplomática de Washington. 

Estados Unidos se ha opuesto a la injerencia de Naciones Unidas en el proceso de autodeterminación. En 1993, el Tribunal de Apelaciones para el Undécimo Circuito declaró que el Congreso podía derogar unilateralmente la constitución de Puerto Rico o la ley de Relaciones Federales de Puerto Rico de 1950 y reemplazarlas con cualquier norma o reglamento de su elección. Una verdadera negación a los legítimos derechos del pueblo puertorriqueño a elegir su destino y el rechazo de Washington de cumplir con el derecho internacional, sobre el derecho a la autodeterminación, consagrado por la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, aprobada por la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La doctrina y jurisprudencia internacionales reconocen el derecho de autodeterminación de los pueblos como una norma ius cogens. Así lo define el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: “Una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”. 

En otras palabras, tomando lo indicado por la Convención mencionada, no puede existir tratados que sean contrarios a las normas ius cogens. En base a que los tratados, la costumbre y los principios generales tienen la misma jerarquía, tampoco serán válidos las costumbres o los principios que sean contrarios a las normas imperativas del derecho internacional. Entonces, al no poder ser cambiadas por normas que no tengan el mismo carácter, las normas de ius cogens son jerárquicamente superiores a otras normas del derecho internacional. Por lo tanto, Estados Unidos, tiene la obligación de respetar la libre determinación de Puerto Rico. 

Capitolio de los Estados Unidos.

Los reunificacionistas, el movimiento que busca que Puerto Rico se incorpore al Reino de España

El debate más difundido sobre la autodeterminación de Puerto Rico pareciera centrarse exclusivamente en la “estatidad”, o sea, ser el 51º estado federado de los Estados Unidos de América, libre asociación o independencia. Ello margina una corriente denominada “Reunificacionistas”, que proponen que Puerto Rico sea parte del Reino de España.

Desde REALPOLITIK hablamos mano a mano con el presidente y portavoz de la Asociación Adelante Reunificacionistas: José Alfredo Lara Fontánez. para que explique con mayor precisión dicha postura. 

RP.- ¿Cómo surge este proyecto?

JSLF.- Adelante Reunificacionistas se funda y registra con el Departamento de Estado de Puerto Rico el 3 de febrero de 2017. Pero no es la primera asociación del movimiento Reunificacionista. Ya había otros grupos reunificacionistas organizados y haciendo presencia en Puerto Rico. En realidad, el sentir reunificacionista siempre ha estado en lo más profundo del corazón de nuestro pueblo.

Debe recordarse que Puerto Rico nunca quiso independizarse de España, de quien era parte como provincia de ultramar y con un gobierno autonómico desde 1897. La invasión estadounidense de 1898 y su presencia como propietarios de Puerto Rico ha mantenido vivo el deseo de regresar a la nación de la que fuimos secuestrados de manera violenta y por la fuerza de las armas. Es por eso que los puertorriqueños nunca hemos dejado de ser españoles, hablamos español y nuestras costumbres son un mestizaje indígena y negro con la españolidad, que es el porcentaje mayor en todos los renglones.

RP.- ¿Tuvieron alguna respuesta formal o informal del gobierno español?

JSLF.- Informalmente, sí. Partidos políticos como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP) se han reunido con nosotros en Madrid. Ha habido acercamientos y respaldo de individuos -diputados, concejales municipales, estaciones de televisión- se nos han hecho entrevistas, etcétera. Nuestra propuesta está ante la consideración del Congreso de Diputados. 

RP.- ¿Intentaron llegar a las autoridades españolas?

JSLF.- Ciertamente, pero no es tan fácil. Puerto Rico es propiedad de Estados Unidos y el gobierno español no puede intervenir abiertamente en los asuntos internos de otra nación soberana, Estados Unidos, en este caso.

RP.- ¿Qué pasa con América Latina y Puerto Rico? ¿Cuáles serían las razones de la falta de interés por el derecho de autodeterminación del Pueblo de Puerto Rico? 

JSLF.- Los países de Hispanoamérica tienen la misma situación que el gobierno español: no pueden interferir en los asuntos internos de Estados Unidos, aparte de que tienen compromisos económicos con esa nación. También ha habido una fuerte campaña de mentira y desinformación sobre Puerto Rico en otros países, haciendo creer a la gente que nosotros hablamos más inglés que otra cosa, que en Puerto Rico vivimos muy regaladamente por ser propiedad de Estados Unidos, etcétera. Todo eso es completamente falso.

Algunos países de Hispanoamérica tienen algún tipo de relación comercial -controlada por Estados Unidos, claro está- con Puerto Rico. Opinan ellos que el colonialismo americano de Puerto Rico es un asunto nuestro solamente. 

RP.- ¿Qué respuesta tuvieron de la sociedad puertorriqueña sobre la propuesta de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España?

JSLF.- 126 años de colonialismo americano, de mentir al país sobre su historia con España primero y con Estados Unidos después, de mentirle al pueblo de que "sin los americanos nos morimos de hambre", etcétera. junto a la leyenda negra antiespañola, mantiene engañado y temeroso a la sociedad puertorriqueña.

Son mentiras con multiusos para promover la situación colonial actual (el estado libre asociado), o bien la independencia o hasta la estadidad federada. Todo esto mantiene al pueblo puertorriqueño dividido y debilitado a beneficio de los intereses de unos pocos y poderosos.

RP.- Brevemente, los aspectos más negativos del régimen del denominado "estado libre asociado". ¿Es correcto hablar de régimen colonial?

JSLF.- El estado libre asociado es un engaño que se le hizo al pueblo puertorriqueño para que Estados Unidos convenciera a las Naciones Unidas que nosotros no éramos una colonia. Incluso lo llamaron "pacto entre iguales". Está muy lejos de eso. Negativamente, y aunque tenemos una constitución local, un "gobierno propio" y unas leyes locales, el Congreso de Estados Unidos sigue dominando todo en Puerto Rico.

Al no ser un estado de la Unión, no tenemos representación en un Congreso que toma decisiones que nos afectan sin hacer ningún tipo de consulta a los puertorriqueños. Tenemos un comisionado residente en Washington, pero con voz y sin voto, muy distinto a los diputados y senadores que tuvimos como provincia de España. Sufrimos la injusticia de las leyes de Cabotaje y la presión de un nivel de vida tal, que el país se está vaciando por la migración a Estados Unidos. La nueva modalidad son estadounidenses moviéndose a Puerto Rico, donde residen sin pagar impuesto alguno, no quieren aprender español y quieren obligarnos a hablar en el idioma de ellos.

Nuestra gente está despertando y reconociendo sus auténticas raíces españolas. Es por eso que la propuesta de la nacionalidad española reparativa para los puertorriqueños ha tenido una acogida tan grande. El puertorriqueño se está dando más y más cuenta de que le robaron su identidad, le hicieron creer que era algo que no es y está descubriendo que es español.

La propuesta de Adelante Reunificacionistas para regresar a España es futuro y progreso, tanto para Puerto Rico y Estados Unidos como para España y para todo el continente americano: educación, desarrollo económico e infraestructura, agricultura, comercio, puente de intercambio entre las Américas y la Unión Europea, entre muchas otras. 

Puerto Rico, una realidad colonial olvidada por América Latina 

El país tiene una pobreza que ronda el 27.5 por ciento (más del doble que Estados Unidos que ronda el 10.6 por ciento). El desempleo afecta al 5.7 por ciento, ello no impide que millares de puertorriqueños busquen nuevos horizontes en Estados Unidos. En 1980, Puerto Rico tenía unos 3.2 millones de habitantes y, en 2025, las estimaciones sobre la población arrojaban 3,1 millones. Evidencia de las altas tasas de emigración, por razones económicas. 

A pesar de las narrativas, los puertorriqueños no son dueños de su destino. Su país vive en un régimen colonial, que condena a millares a la pobreza y emigración. Sin ninguna duda esta situación cambiará el día que los ciudadanos de Puerto Rico puedan decidir libremente sobre su destino y su voluntad sea respetada por la potencia colonial, los Estados Unidos. (www.REALPOLITIK.com.ar)