El nuevo refugio subterráneo en la Patagonia vuelve a exponer al gobierno de Alberto Weretilneck por beneficiar a Joe Lewis. Mientras el acceso público a Lago Escondido sigue siendo materia de disputa judicial, en las tierras controladas por el magnate inglés avanza una construcción que cambia la escala del conflicto, ya que se trata de un búnker subterráneo de aproximadamente 4.000 metros cuadrados, levantado en plena cordillera rionegrina.
La obra, ejecutada dentro del predio que administra Hidden Lake SA, incluye estructuras de hormigón armado enterradas en la montaña, con varios niveles bajo tierra y características que fuentes políticas describen como propias de una fortificación estratégica. No se trata de una ampliación residencial menor ni de una obra turística, sino que es infraestructura pesada en una zona ambientalmente sensible y próxima a áreas de frontera.
Hasta el momento, el gobierno de Weretilneck no brindó información detallada sobre estudios de impacto ambiental, autorizaciones específicas ni controles técnicos. El silencio oficial frente a una construcción de semejante magnitud no es un dato menor, transformándose en un patrón constante de connivencia.
La legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, presentó pedidos de informes para que el ejecutivo rionegrino explique bajo qué marco normativo se está desarrollando la obra. La inquietud no es caprichosa. Lago Escondido no es un terreno cualquiera, sino que es el epicentro de uno de los conflictos territoriales y judiciales más prolongados de la Patagonia.
Odarda viene señalando desde hace años que el estado provincial no ejerce con firmeza su poder de control sobre las actividades que se desarrollan dentro del predio de Lewis. El búnker aparece ahora como un nuevo capítulo más de esta historia del megamillonario británico en Río Negro, uno que profundiza la sensación de que existe un territorio donde la fiscalización pública es acorde a sus intereses.
Antes del búnker hubo un caso que pasó desapercibido, que es la central hidroeléctrica privada instalada dentro del complejo de Hidden Lake. Esa represa permitió a Lewis generar energía propia en el corazón de la cordillera, donde el gobierno de Javier Milei le otorgó los permisos.
Si bien contó con habilitaciones administrativas, la discusión nunca fue puramente técnica. Se trata del uso de un recurso natural estratégico -el agua- para abastecer un enclave privado de gran escala. La represa consolidó un modelo de autosuficiencia energética que, sumado al control territorial y a la restricción histórica del acceso público al lago, refuerza la idea de un espacio con dinámica propia dentro en la provincia.
No hubo condena judicial que declarara ilegal la central, aunque el debate político persiste pero no con gran énfasis.
El conflicto por el camino de Tacuifí lleva casi dos décadas. En 2005 se inició la acción judicial para garantizar el acceso público al lago. En instancias inferiores, la Justicia ordenó habilitar el camino más corto y tradicional. Sin embargo, en 2023 el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro revocó esas decisiones y resolvió que el acceso debía realizarse únicamente por un sendero de montaña mucho más extenso y complejo.
En este sentido, citando la causa iniciada allá por el 2005, en el fallo STJ Nº 89/05, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro reconoció que “se asegura el libre acceso… a los espejos de agua de dominio público” y que “el Lago Escondido… son bienes del dominio llamado natural…” (STJ, Expte 20193/05). Esto pone en evidencia que, jurídicamente, el derecho de toda persona a acceder al lago está respaldado por la propia carta constitucional provincial, aunque luego las instancias judiciales superiores reinterpretaron su ejecución práctica.
Lo significativo es que los recursos que permitieron revertir los fallos favorables al acceso fueron presentados tanto por Hidden Lake SA como por la propia fiscalía de Estado provincial. Es decir, la provincia y la empresa coincidieron en la estrategia judicial que terminó dejando sin efecto la apertura del camino más directo.
Durante la gestión de Alberto Weretilneck, el gobierno provincial ya había impulsado alternativas que evitaban confrontar frontalmente con la posición de Lewis respecto al acceso. La línea de acción fue siempre la misma: administrar el conflicto, dilatar, reinterpretar, negociar. Nunca forzar.
En las causas vinculadas al lago actuó como representante de Hidden Lake el abogado Guillermo Ceballos, quien intervino en expedientes clave defendiendo la postura de la empresa frente a las órdenes de apertura del acceso.

Lago Escondido.
La coincidencia entre estrategias judiciales del estado provincial y la empresa privada alimenta las sospechas políticas de connivencia. No existen condenas penales que acrediten una asociación ilícita o corrupción, pero el alineamiento procesal entre la provincia y la firma de Lewis en momentos determinantes del litigio es un dato objetivo que figura en los expedientes.
En cualquier provincia, el estado debería ser el garante del acceso a un bien público. En este caso, terminó compartiendo recursos procesales con quien buscaba limitarlo.
La secuencia es clara. Compra masiva de tierras en zona de frontera. Restricción histórica del acceso público. Instalación de una represa privada. Fallos judiciales revertidos tras recursos compartidos con el estado. Y ahora, un búnker subterráneo de 4.000 metros cuadrados que avanza sin explicaciones públicas detalladas.
El problema no es solo Lewis. El problema es la estructura política que permitió que cada etapa se consolidara sin un conflicto institucional de fondo. La Patagonia no es un territorio extranjero ni una zona franca. Sin embargo, en Lago Escondido se ha configurado algo parecido a un enclave con autonomía material creciente.
El hormigón avanza bajo la montaña. La pregunta que queda flotando no es arquitectónica, sino política: ¿Quién controla realmente lo que sucede en Lago Escondido? (www.REALPOLITIK.com.ar)