Defensa: Cuando el potencial nacional está condicionado por la sumisión externa

En una reciente visita a la planta de Mercedes Benz en Alemania, el titular del ministerio de Defensa, Carlos Presti, oficializó la compra de 48 camiones UNIMOG 4000, con la posibilidad que este número alcanzara los 60. El objetivo es reemplazar la veterana flota de camiones todo terreno UNIMOG 416, construidos por millares en la planta que tenía la citada firma germana en Virrey del Pino.

Por supuesto, existe la necesidad de reemplazar a miles de vehículos de todo tipo en las Fuerzas Armadas, donde la industria nacional puede ofrecer interesantes soluciones. Al parecer la gestión libertaria tiene otros planes y seguir generando empleo fuera de Argentina. 

En el año 2001 el Estado Mayor Conjunto, sobre la base de las previsiones presupuestas previstas en la ley 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, elaboró el Plan Director Estratégico Conjunto (PDEC) valuado en 2.340 millones de dólares en diez años y el plan de Obtención, Modernización y Recuperación de Vehículos (POMRV), con un costo de 1.300 millones de dólares en el plazo de quince años.

Ministerio de Defensa.

En el caso del primer plan, el Estado Mayor Conjunto confeccionó un documento contemplando las propuestas de cada una de las fuerzas, teniendo como objetivos evitar superposiciones, uso racional de los recursos, cooperación con la industria local, desarrollo de tecnologías de uso dual con apoyo del estado y la creación de una plataforma tecnológica - industrial de defensa nacional. Estaba previsto que el PDEC inyectara al sector productivo local 234 millones de dólares.

En cuanto al POMRV, con una duración de 15 años, incluía inversiones por 560 millones de dólares para comprar vehículos blindados. El objetivo era estandarizar tipos de vehículos, generar economías de escala, abaratar costos gracias al aporte del sector metalmecánico nacional. El POMRV tenía previsto dos grandes programas, uno destinado a material automotor de campaña y otro con fines administrativos. En el primer caso podemos hablar de blindados a rueda, obuses autopropulsados, plataformas para sistemas de armas diversos, vehículos anfibios, transportes blindados de personal, etcétera. El segundo grupo, abarcarían ómnibus, tractores, semirremolques, camiones de diverso tipo, vehículos livianos, motocicletas, etcétera. Dentro de este proyecto diseñado por el EMCO, contemplaba la recuperación y modernización de blindados livianos de exploración AML Panhard 90; tanques TAM; tanques livianos SK 105; transportes blindados a orugas, M-113; blindados anfibios LARC 5, tractores de 35 y 40 t, camiones y vehículos administrativos.  

El Estado Mayor Conjunto (EMCO) realizó los estudios concernientes sobre el impacto de los planes citados en la economía nacional. Fuera del ámbito de Fabricaciones Militares, el sector privado –la mayor parte pymes– cuenta con una desarrollada industria automotriz con su red de proveedores, metalúrgica, electromecánica, electrónica, informática, plástico, caucho, construcciones navales, máquinas herramientas, maderas, construcción y sus vinculaciones con proveedores. Otros sectores beneficiarios son textil, neumáticos, química, petroquímica y alimentación. Los programas de modernización y recuperación de material abrirían las puertas para servicios logísticos, consultoría, mantenimiento, ingeniería, software, etcétera. 

Los estudios sobre el mercado potencial para el sector privado por parte el EMCO, no solo abarcaba a los 71.800 efectivos de aquel momento, sino también a los efectivos de Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. La cantidad de efectivos entre las FFAA y FFSS, sumaban más de 120 mil. En materia de vestuario, calzado, sin ninguna duda ofrecían un interesante mercado. Asimismo, existen necesidades en materia de alimentación, sanidad, infraestructura, movilidad, comunicaciones, necesidades que podrían cubrir las empresas locales. Dado que gran parte de las unidades están en el interior, esto beneficiaría a empresas y proveedores regionales. 

La puesta en marcha de dichos planes, según estimaciones de aquel momento, hubiera generado 26 mil puestos de trabajos directos e indirectos. En 2002, la implementación de los planes del EMCO de reequipamiento hubieran significado la inyección de 730 millones de dólares en la economía local. En otras palabras, los impuestos se transformaban en empleo. Por otro lado, los planes PDEC y POMRV, crearían un mercado estable con visión de largo plazo, generando previsibilidad para las pymes. 

En el proceso citado, estaba previsto mecanismos de transferencia de tecnología, ya sea por medio de empresas extranjeras, como también de organismos de investigación del área de Defensa, como de otros actores públicos al sector privado. 

Del proyecto al desguace

Las medidas de ajuste impuestas por el gobierno de la Alianza (ironías del destino hay dos ministros de aquella gestión en el actual gobierno, aplaudiendo las tradicionales recetas de austeridad) dieron por tierra la implementación del programa de inversiones diseñado por el Estado Mayor Conjunto y dejaron sin efecto el mandato de incrementar el presupuesto de defensa, con el claro objetivo de modernización del equipamiento de las Fuerzas Armadas, teniendo presente la activa participación de la industria nacional en dicho proceso. 

La gestión de Javier Milei, que se jacta de reivindicar a las Fuerzas Armadas y “fortalecer” la Defensa Nacional, guarda silencio sobre la aplicación de la ley 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, sobre la que no hay intención de reglamentarla, que contiene pautas para impulsar el desarrollo de capacidades nacionales en materia de industria de defensa. Tampoco existe el más mínimo interés de reglamentar la ley 27.565 Fondo Nacional de Defensa, que tiene previsiones para volcar dinero destinado a la compra de equipamiento militar en la economía nacional. 

CFK junto a Nilda Garré y Jorge Chevalier (Foto: Andres D'Elía).

En 2005, el Estado Mayor Conjunto destacó un oficial superior por diversas provincias, a los fines de generar interés por parte de empresas locales de ser proveedores de las Fuerzas Armadas, además de difundir el entonces 4ª Exposición y 6º Simposio de Investigación y Producción para la Defensa (SINPRODE) que se realizó del 5 al 10 de octubre en Buenos Aires. Los sectores invitados fueron del software, textil, biomedicina, metalmecánica y alimentos, entre otros. Por entonces concurrieron a la cita una empresa metalmecánica, que en su momento fabricó los tanques de combustible para los aviones Mirage III/V que operaba la Fuerza Aérea Argentina. Los militares en ese momento lo mostraban como un importante mercado lucrativo para el sector privado, de 600 millones de pesos (en ese momento unos 200 millones de dólares). Existía una estrategia de generar una red de proveedores nacionales a los fines de bajar costo, agregándose el impacto en la generación de empleos. La falta de apoyo oficial, caracterizado por el voluntarismo, impidió movilizar a numerosas pymes como proveedores de las Fuerzas Armadas, reduciendo la dependencia del exterior y generando empleos calificados. En cuanto a los planes PDEC y POMRV, pasaron al olvido. 

Durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015) hubo una serie de cambios en el sector industrial de defensa, destacándose la estatización de la ex Fábrica Militar de Aviones (FAdeA), en manos de Lockheed Martin Aeronáutica Argentina; de Tandanor SACIyN (taller naval en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los más importantes del Atlántico Sur); y la reapertura del astillero Almirante Storni (ex Domecq García, responsable del fallido programa de construcción de submarinos) en el marco de una narrativa de recuperar capacidades y promover proyectos tecnológicos nacionales en el campo de la defensa.

La improvisación, la falta de visión de largo plazo y presupuestos de defensa cicateros, terminaron convirtiendo a las empresas de producción para la defensa en una pesada carga presupuestaria, con plantilla de personal sobredimensionada. El potencial de las empresas fue desperdiciado. 

En la gestión del ingeniero Mauricio Macri, el objetivo se centró en reducir el déficit de dichas entidades, siguiendo los mismos pasos que sus antecesores: improvisación, falta de interés y ausencia de políticas específicas. Incluso hubo pérdidas de capacidades, al imponerse el cierre de la Fábrica Militar de Azul, a pesar del prometedor mercado de explosivos para el sector minero.  

Oscar Aguad y Mauricio Macri.

La presidencia de Alberto Fernández regresó con el “relato” y no hubo acciones concretas para poner en marcha el enorme potencial de las plantas industriales del área de defensa que están en manos estatales. La vigencia de la ley del Fondo Nacional de Defensa, siendo su objetivo promover el desarrollo de capacidades industriales, fue mal empleada y en más de un caso parte de sus recursos estaban destinadas a la compra de vestuarios, equipamiento administrativo, más que al desarrollo de una base industrial de defensa. Gracias a dicha ley, los fondos disponibles tuvieron un promedio de 300 millones de dólares para inversiones. Una administración inteligente hubiera permitido financiar aviones IA 63 Pampas que restan terminar en FAdeA, el reemplazo de los barcos de transporte “Costa Sur” de la Armada o avanzar en el proyecto de modernización de los tanques TAM. 

La gestión libertaria, por razones ideológicas y completamente distanciados de los intereses nacionales, en el marco de una suerte de “nostalgia por los 90”, han optado por destinar cientos de millones en los sistemas de armas F-16 (de segunda mano) comprometiendo seriamente los gastos de inversión de las Fuerzas Armadas y en el arribo de los blindados Stryker, siendo su incorporación más que cuestionable en un contexto de austeridad fiscal y la ausencia de una política de defensa. 

El “mercado de defensa argentino” y la industria nacional 

El presupuesto de Defensa previsto para el 2026 sería de unos 5.699 mil millones de pesos. Teóricamente hubo respecto de 2025 una suba del 10.6 por ciento, pero según consultoras privadas, la caída del presupuesto del área sería del 12.2 por ciento, dado que dichas entidades no son tan optimistas como el gobierno.

Cabe señalar que el sector previsional militar insume unos 2.100 millones de pesos. El gasto de personal absorbe más del 80 por ciento del presupuesto de defensa, por ende, las inversiones son limitadas. Sin embargo, no deja de ser un mercado atractivo, compuesto por unos 80 mil efectivos. Agregándose que existe un marco normativo, la ley 27.328 de Contratos de Participación Pública - Privada, una herramienta que podría ser una interesante solución. Claro está, si hay voluntad política de movilizar el ahorro nacional, no bajo un modelo de especulación, sino de inversión, creando un pequeño pero muy lucrativo mercado de capitales local.

El Reino Unido ha financiado la construcción de infraestructuras, bases y adquirido equipamiento bajo esta modalidad. La Unión Europea encontró en los “eurobonos” un mecanismo para financiar la autonomía estratégica de los estados parte, movilizando el mercado de capitales europeo para apoyar la expansión del gasto de Defensa, especialmente las enormes inversiones en materia de adquisiciones, como programas de investigación y desarrollo, expansión de capacidades industriales. 

Al parecer, en el ministerio de Defensa, la “creatividad” no es la regla, dado que, como hemos visto, hay caminos para financiar inversiones en dicho ámbito, agregándose el contexto ideológico del gobierno, que tiene un profundo rechazo hacia el sector industrial, como también a áreas tales como la ciencia e innovación tecnológica. 

Los miles de hombres y mujeres que visten el uniforme militar, para el sector textil y de calzado ofrecen una interesante perspectiva. Si existiera un acuerdo con el ministerio de Seguridad y los gobiernos provinciales, el mercado podría sumar más de 100 mil efectivos que precisan de calzado, uniformes. El Ejército precisa reemplazar más de 700 jeeps Mercedes Benz MB230G, con más de cuatro décadas a cuestas. Argentina posee una importante y desarrollada industria automotriz capaz de ofrecer soluciones, como también en la renovación de más de un millar de camiones UNIMOG y de otros tipos. Existe necesidades en materia de remolques y plataformas para el transporte de sistemas de armas, blindados, etcétera.

Javier Milei.

La flota de blindados precisa ser modernizada, donde medio millar de empresas autopartistas sin ninguna duda, están en capacidad de brindar soluciones. En nuestro país existen numerosas empresas de larga trayectoria en materia en la construcción de infraestructura metálica, capaces de proveer soluciones para el ámbito de puentes militares además de reparar y recuperar hangares, talleres y otras instalaciones logísticas militares.

La Armada precisa remolcadores –un proyecto llevado a cabo por Tandanor–, donde los astilleros privados pueden brindar soluciones. La capacidad en materia de ingeniería naval y las instalaciones industriales del sector, abre las puertas para poder construir buques logísticos, buques de patrulla (la Prefectura Naval requiere reemplazar gran parte de su flota y la industria nacional está en capacidad de ofrecer soluciones a costos competitivos y calidad bajo estándares internacionales).  

El sector del software argentino exporta más de 2600 millones de dólares y genera más de 6 mil empleos altamente calificados. Sin ninguna duda puede ofrecer soluciones para requerimientos para las Fuerzas Armadas. El sector electrónico y de telecomunicaciones (con neto perfil exportador, dado que el 54 por ciento de las empresas del sector vende su producción al exterior) también tienen un elevado desarrollo, estando en capacidad de brindar su aporte en materia de desarrollos tecnológicos de punta en el campo de comunicaciones, comando y control, automatización de sistemas. 

La Argentina cuenta con un enorme potencial que pueden generar miles de empleos e innovación. Las Fuerzas Armadas están destinadas a la defensa del interés nacional, ello implica también su compromiso con el sector industrial argentino, con el objetivo de reducir el nivel de dependencia de actores externos, un compromiso ausente en la conducción del ministerio de Defensa como de las Fuerzas Armadas. Sin ninguna duda, esta dura realidad exige un debate profundo sobre la necesidad de impulsar un cambio de mentalidad de los responsables de la Defensa Nacional. (www.REALPOLITIK.com.ar)