La polémica por las tasas municipales en San Carlos de Bariloche escaló a la Justicia. El concejal Leandro Costa Brutten presentó una ampliación de denuncia penal contra el intendente Walter Cortés y funcionarios del área de Hacienda, al sostener que se aplicaron aumentos de hasta el 1000% en las tasas 2026 sin respaldo legal.
La acusación apunta a los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según el escrito presentado ante la Fiscalía, miles de contribuyentes recibieron liquidaciones con incrementos extraordinarios que, de acuerdo con el planteo, no cuentan con ordenanza aprobada por el Concejo Municipal ni justificación técnica que los respalde.
El eje del cuestionamiento es el principio de legalidad tributaria: cualquier modificación impositiva debe ser aprobada por el cuerpo legislativo local. La denuncia sostiene que los aumentos fueron implementados mediante decisiones administrativas internas del Departamento Ejecutivo.
En términos simples: se habría subido la tasa sin pasar por el Concejo.
Uno de los puntos centrales del planteo es que, pese a que el propio intendente anunció en enero la derogación de una resolución que buscaba habilitar los incrementos, las subas igualmente fueron aplicadas en las boletas emitidas y cobradas.
Para Costa Brutten, esto implicaría el cobro de montos “sin causa legal válida”, trasladando el impacto económico directamente a vecinos y comerciantes.
Como elemento nuevo, la ampliación de la denuncia incorpora una publicación periodística en la que la Secretaría de Hacienda reconoce que hubo liquidaciones con aumentos incorrectos y que los contribuyentes deben reclamar individualmente para revisar sus casos.
El concejal interpretó esa admisión como prueba de irregularidades generalizadas. “El Estado cobra primero y obliga al vecino a defenderse después”, cuestionó.
La presentación también pone la lupa sobre el incremento del presupuesto del área de Legales del municipio, que —según el edil— habría aumentado un 638%.
Para el denunciante, este crecimiento refuerza la capacidad del Ejecutivo de avanzar judicialmente contra contribuyentes que no puedan afrontar los montos reclamados, en un contexto que calificó como de “endeudamiento injustificado”.
La denuncia solicita que la Fiscalía cite a declarar a los funcionarios involucrados y determine si el sistema tributario municipal fue utilizado para aplicar sobrecostos sin sustento normativo.
El caso ya genera fuerte tensión política en Bariloche y abre interrogantes sobre la legalidad de las liquidaciones emitidas y el impacto económico en la comunidad.
Si se confirma que hubo aumentos sin ordenanza, el debate no será solo contable. Será institucional. (www.REALPOLITIK.com.ar)