“La realidad es que esa jornada de debate prácticamente nos tuvo a la oposición como únicos expositores, porque el oficialismo solo se expresó a través del miembro informante que leyó los fundamentos. No dieron debate ni justificaron a una ley que es absolutamente regresiva y que no tiene un solo renglón en favor de quienes trabajan en la Argentina”, señaló Kelly Olmos.
En ese sentido, advirtió que la iniciativa “no moderniza las relaciones laborales, sino que nos retrotrae al siglo XIX en términos de explotación de los trabajadores e incluso de prohibición de derechos esenciales como el derecho de huelga”. Frente a los argumentos del gobierno, que sostiene que la reforma traerá inversiones y crecimiento, la legisladora fue tajante: “No es otra cosa más que un nuevo intento de retroceso de derechos, como ocurrió en otros momentos de la historia argentina. En ninguno de esos casos se generó empleo; por el contrario, se destruyeron puestos de trabajo formales con derechos”.
Para la diputada, en un contexto de “desindustrialización y cierre permanente de empresas”, una norma que apunta a “abaratar los despidos” no puede generar trabajo genuino. “Lamentablemente va a acelerar el proceso de destrucción del trabajo con derecho”, afirmó.
Uno de los puntos más críticos, según explicó, es la creación del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Olmos detalló que el mecanismo prevé que cada empleador constituya un fondo a su nombre, financiado con recursos que se detraerían del aporte jubilatorio destinado al sistema previsional. “Es una especie de ahorro obligatorio que se acumula en una cuenta a nombre del empresario para ser utilizada en caso de despidos sin causa. Están construyendo un mecanismo de privatización del financiamiento de los despidos a costa de los trabajadores”, denunció.
Asimismo, alertó que esta herramienta podría afectar la sustentabilidad del sistema jubilatorio. “Después nos van a plantear que el sistema es insustentable y que hay que hacer un nuevo ajuste reduciendo beneficios o avanzar directamente en la privatización”, sostuvo. Y agregó: “Toda la ley es inconstitucional porque la Constitución establece que los derechos sociales y laborales deben ser progresivos, no regresivos como en este caso”.
Si bien reconoció que durante el debate el oficialismo retrocedió en algunos puntos, como el referido a las licencias médicas, consideró que las modificaciones no alteran el espíritu de la norma. “Que el árbol no nos oculte el bosque. Todo el bosque es regresivo. No hay un renglón a favor de los trabajadores”, enfatizó.
Olmos también cuestionó la derogación de estatutos especiales, entre ellos el del periodista. “Están derogando el Estatuto del Periodista junto a otros regímenes de protección. Es una profesión que ha sido muy precarizada y esta es una manera también de asfixiar la libertad de expresión”, advirtió.
En relación a los pasos a seguir, anticipó que distintos gremios y abogados laboralistas evalúan presentaciones judiciales. “Dicen que buscan reducir la conflictividad judicial, pero la van a aumentar porque es una ley muy conflictiva”, opinó. Además, denunció que el oficialismo habría impulsado mecanismos para evitar la intervención de la justicia nacional del trabajo y trasladar los litigios al fuero contencioso administrativo.
Finalmente, al referirse al escenario político, cuestionó a sectores del peronismo que acompañaron la iniciativa. “Es una mirada muy mezquina, asentada en la tesorería de algunas gobernaciones, sin advertir el impacto de empobrecimiento y crisis que esto va a generar en sus territorios”, afirmó. Y concluyó: “Es una ley que salió por extorsión. El gobierno no obtuvo en las urnas el número para imponerla y utilizó la discrecionalidad en la asignación de recursos para lograr estas decisiones legislativas”. (www.REALPOLITIK.com.ar)