“Lo primero que es importante aclarar es que esta reforma educativa no es aislada. Forma parte de un paquete de reformas estructurales con el que el gobierno de Javier Milei intenta avanzar a nivel nacional”, explicó Soledad Mosquera. En ese sentido, remarcó que la iniciativa está íntimamente ligada a la reforma laboral: “Si pasa una, inmediatamente van a intentar imponer la otra. Van de la mano”.
La dirigente de Ademys sostuvo que el proyecto ataca el núcleo de lo que históricamente defendió la docencia: la educación pública, gratuita y de calidad. “Uno de los puntos centrales es la eliminación de la ley de Financiamiento Educativo, que establecía un piso del 6 por ciento del PBI para educación. Aunque nunca se cumplió plenamente, su desaparición habilita directamente la desfinanciación total”, alertó.
Además, Mosquera cuestionó el principio de subsidiariedad que introduce la iniciativa: “El estado deja de ser garante del derecho a la educación y habilita mecanismos como vouchers o bonos que deberían pagar las familias. Eso rompe con la igualdad, porque la educación pública garantiza la misma calidad educativa para todos los chicos”.
Otro de los aspectos más preocupantes, según explicó, es la habilitación de la educación confesional en las escuelas. “Permite el dictado de clases religiosas por fuera del horario escolar, pero sabemos que eso después condiciona los contenidos. Esto implica un retroceso enorme y pone en riesgo conquistas fundamentales como la Educación Sexual Integral, que fue ganada en las calles y es clave para que niños puedan reconocer y desnaturalizar violencias”, afirmó.
En relación a la organización docente, Mosquera señaló que el proyecto instala la “esencialidad” de la educación, pero no desde la inversión sino desde la restricción de derechos. “La esencialidad no garantiza más recursos, sino que limita el derecho a huelga, fija porcentajes de docentes que deben trabajar aun en paro e incluso intenta prohibir asambleas en las escuelas. Es un ataque directo a la organización gremial”, subrayó.
La secretaria gremial también denunció contradicciones entre el discurso oficial y la realidad cotidiana. “Escuchamos discursos que dicen valorar la educación, pero en la práctica cierran escuelas y cursos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por Jorge Macri, este año se cerró una escuela pública y se eliminaron numerosos cursos. Esto se repite en todo el país”, indicó.
En el plano salarial, Mosquera calificó de “miseria” la propuesta del gobierno porteño: “Una docente que recién se inicia cobra menos de 900 mil pesos por cargo. Con dos cargos no alcanza para cubrir la canasta básica y muchas se ven obligadas a tomar un tercer cargo o a realizar changas por fuera del sistema educativo”. Esta sobreexplotación, explicó, impacta directamente en la salud docente y se agrava por el vaciamiento de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, que obliga a pagar atención médica de manera privada.
Finalmente, Mosquera convocó a las medidas de fuerza anunciadas por el sector. “Hay un paro nacional docente porque esta reforma educativa es uno de los principales reclamos. Si avanza, vamos camino a la destrucción de la educación pública”, aseguró. En ese marco, reclamó mayor continuidad en el plan de lucha y exigió a la Confederación de Trabajadores de la Educación profundizar las medidas: “Con un paro aislado no alcanza. El ataque es brutal y necesitamos organizarnos a la altura de lo que estamos enfrentando”. (www.REALPOLITIK.com.ar)