La provincia de Neuquén pondrá en marcha este año un esquema inédito de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos, con controles sorpresivos, sanciones y costos a cargo de los propios evaluados.
La medida surge del decreto 234 y la ley 3531, impulsados por el gobernador Rolando Figueroa, y establece que los análisis serán un requisito para continuar en el cargo.
El organismo encargado de ejecutar el procedimiento será el Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN), que recibirá el listado oficial de los funcionarios alcanzados por la normativa.
Los controles serán por sorteo y trimestrales, en enero, abril, julio y octubre. En cada instancia se seleccionará al 12,5% del total de funcionarios incluidos en el padrón. Quienes resulten sorteados quedarán excluidos del siguiente turno. Tras dos años, el proceso vuelve a empezar desde cero.
El IJAN tendrá 24 horas para informar al Ministerio de Salud, autoridad de aplicación, la nómina de personas testeadas.
La muestra será de orina y se tomará en laboratorios y centros médicos autorizados. En el interior provincial, la tarea recaerá en hospitales cabecera.
Los denominados “narcotest” sorpresivos buscarán rastros de:
Metabolitos de opioides
Cannabinoides
Cocaína
Anfetaminas y metanfetaminas
MDMA y MDA
Benzodiacepinas
Barbitúricos
El listado podrá ser actualizado por el Ministerio de Salud. Un dato clave: el examen no incluye medición de consumo de alcohol.
Si el análisis arroja resultado positivo y el funcionario estuviera bajo tratamiento médico con prescripción profesional, contará con 48 horas para presentar la documentación respaldatoria.
Además, podrá solicitar un segundo test dentro de las 24 horas en otro laboratorio, aunque deberá asumir los costos del nuevo examen.
Negarse a realizar la prueba tiene consecuencias claras: equivale a un resultado positivo y habilita una sanción.
La obligación alcanza a:
El gobernador y su gabinete
Directivos de organismos autárquicos
El fiscal de Estado
La asesora General de Gobierno
En el Poder Judicial, deberán someterse al control integrantes del Tribunal Superior de Justicia, jueces, fiscales y defensores de todas las jerarquías. El presidente del cuerpo, Gustavo Mazieres, ya instruyó al Departamento de Salud Ocupacional para que diseñe el protocolo correspondiente.
En el ámbito legislativo, la aplicación dependerá de la decisión que tome la presidenta de la Cámara, Zulma Reina, quien deberá definir si adhiere a la reglamentación vigente o establece un mecanismo propio. También deberán pronunciarse el Consejo de la Magistratura y los intendentes que aprobaron ordenanzas similares.
Uno de los aspectos que ya genera controversia es que el costo del análisis será descontado del sueldo del funcionario sorteado. El dinero se transferirá a la cuenta de recupero financiero de los servicios de salud.
La discusión podría ampliarse. Esta semana, un concejal de Centenario reclamó que también se incorpore el análisis de alcohol, luego de denunciar que en 2023 algunos ediles asistían a reuniones con “aliento etílico”.
La provincia avanza así con un esquema que busca instalar controles permanentes sobre la conducta de quienes ejercen cargos públicos. El debate recién empieza: entre la transparencia institucional y las críticas por costos y alcances, el narcotest ya es tema central en la agenda política neuquina. (www.REALPOLITIK.com.ar)